La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, una red presente en decenas de países que trabaja para la prohibición de este tipo de armas, ha revelado este lunes que más de 6.200 personas fallecieron o resultaron heridas en 2024, la cifra más alta de los últimos cinco años.
Según los datos desagregados, 1.945 personas han fallecido y 4.325 han resultado heridas, de las cuales el 90 por ciento eran civiles y el 46 por ciento niños. Las detonaciones han tenido lugar en un total de 52 países, de los cuales 36 son Estados parte de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona, también llamado Tratado de Ottawa.
Minas antipersona
Birmania ha notificado el número más alto de víctimas este año (con más de 2.000), por segundo año consecutivo, y duplicando las informadas en 2023. Siria se encuentra en segundo lugar (alrededor de mil), seguido de Afganistán (624) y Ucrania (293).
El informe recuerda que un total de 166 países forman parte del Tratado de Ottawa (dos se unieron este año), mientras que 31 todavía no se han adherido, pero ha subrayado que Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Polonia están en proceso de retirarse del tratado y que Ucrania "intenta suspender la aplicación" mientras "participa en un conflicto armado internacional".
No obstante, la campaña menciona en el documento --de 176 páginas-- que además de la postura de algunos Estados, los recortes de ayuda humanitaria han impedido la prestación adecuada de servicios a la población afectada y sus necesidades, puesto que la financiación internacional para la acción contra minas ha disminuido un cinco por ciento con respecto a 2023.
Estados Unidos, Alemania y la Unión Europea (UE) se mantuvieron como los tres mayores donantes para la acción contra las minas en 2024, mientras que los cinco mayores donantes aportaron el 62 por ciento de toda la financiación internacional en este sentido. Además, la mayor parte se proporcionó a través de ONG internacionales, mientras que solamente el dos por ciento fue directa a ONG nacionales.
Así, Human Rights Watch (HRW) ha hecho hincapié en que "la prohibición mundial de las minas terrestres antipersonal salva vidas civiles, pero enfrenta serias amenazas por parte de los países que abandonan el tratado y el nuevo uso de minas terrestres", por lo que ha abogado por "una respuesta contundente", que considera "vital no solo para salvar vidas, sino para preservar el respeto al Derecho Internacional".
"Los gobiernos deben condenar con firmeza la retirada de los Estados del Tratado de Prohibición de Minas y rechazar los intentos de suspender las obligaciones fundamentales del tratado durante los conflictos armados", ha declarado el director asociado de crisis, conflictos y armas de HRW y editor del informe, Mark Hiznay.
En este contexto, ha incidido en que "limpiar los territorios contaminados es crucial para salvar vidas y permitir que las comunidades recuperen el acceso a sus tierras y puedan desarrollar sus medios de vida". "Los Estados interesados deben garantizar que todos los países que lo necesiten obtengan apoyo para la autorización", ha concluido.
