Bilbao. Los padres de Mikel Uriarte, el joven que falleció en 2010 al precipitarse con su coche a la ría desde la barquilla del Puente Colgante, se han presentado como acusación particular contra los acusados de la denominada operación Pitiusa, al considerar que investigaron de forma ilegal a su hijo. La familia del fallecido anunció que se persona en la causa que se instruye contra una red de funcionarios, abogados, detectives privados y policías vinculados con el tráfico ilícito y compraventa de datos que afectan a la privacidad de las personas, que según la familia, "pudieron investigar el pasado de Mikel".

Los padres del joven explicaron que en las declaraciones de los 88 detenidos en la operación Pitiusa aseguraron que habían investigado a su hijo, "con el fin de eludir el pago de indemnizaciones por parte de las aseguradoras". Las empresas podrían haber usado en su defensa los datos personales del fallecido por las dos querellas que la familia interpuesto contra ellas. La primera querella, por alteración de pruebas necesarias para aclarar la responsabilidad del accidente, y la segunda, por "falsedad documental y falso testimonio", contra la empresa que gestiona el transbordador, la compañía aseguradora y el perito de la misma que realizó una de las pruebas de reconstrucción del accidente.

En mayo, un juzgado dictaminó finalmente que la familia recibiera una indemnización de 116.244 euros; un dinero que destinaron para la creación de la Fundación Benéfica Mikel Uriarte. La citada operación policial se saldó a principios de mayo con 88 detenciones y casi medio centenar de registros. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que los arrestados trabajaban en una red que hacía "investigaciones personales y empresariales ilícitas", con datos obtenidos de forma "ilegal".