Euskadi aprueba la Ley de Transparencia que facilita datos y protege al denunciante de corrupción

La comunidad autónoma vasca se ha quitado la espina que tenía clavada y, después de tres intentos fallidos en anteriores legislaturas, ha sacado adelante en el Parlamento la Ley de Transparencia. Lo ha hecho con la mayoría absoluta que tienen PNV y PSE, con sus 39 votos a favor, y el rechazo en bloque de toda la oposición, es decir, con 36 votos en contra de EH Bildu, PP, Sumar y Vox, pero la consejera Maria Ubarretxena pone en valor que este es un proyecto "compartido" al margen de lo que hayan reflejado los marcadores de la votación, porque han aceptado 37 enmiendas de todos los grupos parlamentarios salvo de la extrema derecha. Sumando las de PNV y PSE, son 47 enmiendas. Entre ellas, se ha aceptado la enmienda de Sumar para asegurar que la nueva agencia de transparencia Gardena sea independiente, ya que su presidencia no será nombrada por decreto por el propio Gobierno como contemplaba el proyecto inicial, sino que la designará el Parlamento Vasco por una mayoría reforzada de tres quintos. Gardena será la piedra angular de este sistema, ya que tendrá una doble función: proteger a los denunciantes de casos de corrupción garantizando su anonimato (hasta la fecha se protegía con un canal interno, y ahora se hará con este canal externo para evitar represalias), y asegurar el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública, porque los datos más relevantes y los referidos a la gestión pública tendrán que ofrecerse de oficio y sin que nadie los solicite, en tiempo real, de manera geolocalizada y de una manera comprensible (con un tratamiento específico para las personas con discapacidad o las afectadas por la brecha digital). Tendrá potestad sancionadora y deberá comparecer cada año en el Parlamento para presentar su memoria.

El Gobierno Vasco tuvo que lidiar con el mensaje que recalcó la oposición para deslucir esta jornada: que Euskadi era la única comunidad autónoma sin una Ley de Transparencia. Tanto Ubarretxena como el parlamentario jeltzale Xabier Barandiaran trataron de contrarrestar esa versión poniendo en valor que Euskadi "no parte de cero", que ya tenía mecanismos para actuar y ahora da un salto cualitativo, y se preguntaron cómo es posible entonces que la ONU haya designado a Euskadi como referente para profundizar en la democracia, o que sus políticas se hayan considerado "pioneras" desde otras instituciones. Siguiendo ese hilo argumental, la normativa permitirá alcanzar espacios a los que hasta ahora no llegaba: afectará a todos los niveles de la administración (las diputaciones forales son un caso al margen porque tienen su propia normativa, pero sí afectará al Parlamento Vasco, las Juntas Generales, ayuntamientos, Ararteko y Consejo de Relaciones Laborales), y también a las corporaciones de derecho público y las entidades privadas que reciban cantidades importantes de dinero de las administraciones o gestionen servicios públicos. Las multas máximas por infracciones muy graves alcanzarán los 12.000 euros para los cargos públicos o su cese, y los 400.000 euros para otras corporaciones y agentes privados, con la posibilidad de obligarlos a devolver las subvenciones o conciertos. Se establecen también plazos más tasados para responder a las peticiones ciudadanas de información, de un mes.

Registro de 'lobbies'

En seis meses, el Gobierno tendrá que acometer un desarrollo vía decreto con los estatutos de Gardena, que contará además con un Consejo Asesor conformado por expertos del Parlamento, el Tribunal de Cuentas, la universidad o entidades locales. También tendrá que haber desarrollo posterior para crear el registro de lobbies o grupos de interés (para que la ciudadanía sepa "quién intenta influir en la toma de decisiones, bajo qué reglas, con qué código de conducta y en representación de qué intereses", defendió Ubarretxena), y para regular el registro de la capacidad normativa de la ciudadanía. A preguntas de los medios de comunicación, Ubarretxena aclaró que las materias que quedan excluidas de la capacidad legislativa ciudadana siguen siendo las contrarias al ordenamiento jurídico, las que no sean competencia vasca, las que cuestionen la dignidad de la persona o los derechos fundamentales, y las que afecten a la organización institucional o a los recursos de la hacienda pública. El Gobierno destaca también la Plataforma de Gobierno Abierto. Ubarretxena aseguró que esta ley es bienvenida y que va a traer "incomodidades" y "autoexigencia" a la administración.

Tensión con EH Bildu

La oposición no lo vio de la misma forma, e incluso restó trascendencia a las enmiendas aceptadas al considerar que en su mayoría eran técnicas, o bien cuestionó el compromiso real del PNV a la hora de evitar el clientelismo. La lectura que hace el Gobierno Vasco es que la oposición se ha decantado por preservar su posición política en este debate. EH Bildu, el grupo al que más aportaciones se le aceptaron (18), reconoció por boca de Lamia Arcas que pretendían "un cambio de rumbo político" y, por ejemplo, no le basta lo acordado para la presidencia de Gardena porque EH Bildu quería "un mandato de seis años sin posibilidad de reelección" y no "diez años, más de dos legislaturas". También quería "la prohibición de cualquier afiliación política" presente o futura.

Arcas añadió una propuesta de registro público de algoritmos, que el jeltzale Xabier Barandiaran dijo que estaban dispuestos a estudiar a través de un diálogo continuado en los próximos tiempos, porque esa cuestión ha salido también a relucir en la ponencia para la mejora de la calidad democrática. "Pero hay diferencia entre ustedes y nosotros. Para nosotros, la gobernanza y la transparencia es colaboración, y para ustedes es confrontación. Habéis planteado un montón de enmiendas, básicamente, porque no queríais negociar. Tenéis ganas de ganar elecciones, de hacer una oposición y, sobre todo, establecer en las políticas públicas una visión de control burocrático que se aleja del espíritu de colaboración que es necesario en este país", lanzó el jeltzale.

Al PP se le aceptaron 15 enmiendas, pero Ainhoa Domaica les restó peso: "Tras varios intentos, lo que hemos visto es que ustedes se han limitado a hacer un corta y pega del último proyecto de ley de la anterior legislatura. Por eso, decimos que ha habido falta de ambición. Solo han recogido las enmiendas técnicas que mejoran jurídicamente la Ley de Transparencia. Eso está muy bien pero, en cuanto al fondo, no ha habido capacidad para poder llegar a cuestiones mucho más ambiciosas". Añadió que el régimen sancionador es "absolutamente beneficioso para los altos cargos y muy perjudicial y gravoso para las entidades privadas y corporaciones de derecho público".

A Sumar le aceptaron 4 enmiendas, entre ellas, el procedimiento para nombrar la presidencia de Gardena, pero Jon Hernández dijo que la propuesta inicial era "aberrante", con lo que deslizó que el cambio aceptado por el Gobierno Vasco iba de suyo. Y opinó que esta ley se centra en la publicación de información, cuando la publicación de datos "no equivale automáticamente a rendir cuentas". "Además, se mantiene una debilidad importante de los órganos de control. Tampoco se establecen medidas y mecanismos adecuados para proteger y garantizar los derechos de las personas que presenten denuncias o informen de irregularidades. Y, además, es una ley muy poco ambiciosa en cuanto a las infracciones", zanjó.

Desde el PSE, Pau Blasi recalcó como el PNV que "no se parte de cero", y citó herramientas anteriores a la aprobación de la ley como Irekia, Open Data o el Perfil del Contratante, "pioneras en su momento, y totalmente asentadas hoy".

El proyecto de mayor trascendencia aprobado por el Gobierno

El Gobierno Vasco, por su parte, reivindicó esta ley como el fruto de dos años de trabajo en la legislatura de Pradales. Este es el primer proyecto de ley de enjundia política que se aprueba durante su mandato, exceptuando los proyectos de presupuestos, y también las iniciativas que se han canalizado como proposición de ley a través de los grupos parlamentarios de PNV y PSE y no como proyectos del Consejo de Gobierno, como ocurrió con las medidas urgentes de vivienda. Los proyectos de ley aprobados hasta el momento guardaban relación con cuestiones de menor trascendencia para el gran público como la disolución del colegio de aduanas.

En cuanto a la Ley de Transparencia, además de la protección a los denunciantes por corrupción o el registro de lobbies, el Ejecutivo destaca el cambio de paradigma en el acceso a la información pública, ya que las administraciones tendrán que publicar de oficio la más relevante, serán accesibles los datos sobre fondos públicos y el uso de los recursos, y será "un derecho real" porque cualquier persona podrá solicitar información sin necesidad de explicar el motivo. Las restricciones tendrán que justificarse legalmente.