Denuncian un bloqueo judicial para "obstaculizar" la investigación de Pegasus

La asociación catalana de derechos humanos Irídia asegura que existe un bloqueo judicial generalizado para "obstaculizar" la investigación sobre el presunto espionaje con el 'software' Pegasus a personas del entorno independentista por la falta de ejecución de las Órdenes Europeas de Investigación (OEI).

En una rueda de prensa celebrada este miércoles en el Col·legi de Periodistes de Cataluña para informar sobre el estado actual de los procedimientos judiciales vinculados al presunto espionaje con Pegasus, desde la entidad han explicado que una de las diligencias "esenciales" a practicar son las OEI.

En el caso de NSO Group, con sede en Luxemburgo, esta es la única manera de notificar la querella a los directivos de la empresa presuntamente responsable de la confección y comercialización del programa Pegasus, de requerirles información y de tomarles declaración.   

Tres casuísticas

La coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella, ha asegurado que en los juzgados de instrucción de Barcelona se han encontrado con tres casuísticas que están provocando el archivo o paralización de las líneas de investigación esenciales.

La primera responde a casos en los que, pese a que los afectados han solicitado la OEI, el juzgado ha decidido archivar la causa sin ni siquiera resolver si era necesaria, lo que entienden como una "negativa a realizar una investigación efectiva" de los hechos.

La segunda, aquellos casos en los que los afectados han solicitado una OEI y los juzgados la han aceptado pero no han realizado ninguna acción al respecto, de forma que el trámite ha quedado paralizado "durante meses o incluso años", como es el que afecta a exdirigentes de la CUP, en la que la tramitación estuvo congelada durante un año y medio.

La última y más grave, con 5 casos contabilizados por Irídia, es aquella en la que se ha aceptado y tramitado la OEI, pero con errores sustanciales como, por ejemplo, sin firmar, y que cuando el juzgado de Luxemburgo le ha requerido más información, el juzgado de Barcelona correspondiente "no responde nunca más".   

"Falta de respuesta reiterada"

Según Irídia, de estos 5 casos hay uno que el juzgado de Luxemburgo ha archivado por falta de respuesta desde Barcelona (el que afecta al abogado Andreu Van den Eynde), otro en el que la justicia de Luxemburgo ha dado un "ultimátum" a su homólogo en Barcelona para que responda y otros 3 en los que se están haciendo requerimientos que no se están respondiendo.

Desde la entidad destacan la "falta de respuesta reiterada" del Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona, al que las autoridades luxemburguesas le requirieron en más de 4 ocasiones una respuesta a las solicitudes de cooperación judicial.   

Olivella también ha lamentado la fragmentación de las diferentes causas en varios juzgados, en contra de lo que pedían las partes afectadas, y sostiene que, si bien han quedado repartidas entre 6 juzgados de instrucción de Barcelona, en todos los casos se están encontrando "con los mismos obstáculos" a la hora de realizar una investigación efectiva sobre estos hechos, lo que genera indefensión.

Bloqueo de la investigación

La especialista en Pegasus de Irídia, Cèlia Carbonell, ha subrayado que aunque los hechos investigados se produjeron entre 2017 y 2020, el uso de Pegasus en el Estado español se remontaría "como mínimo a 2015".

La experta ha subrayado que recientemente Polonia ha imputado a dos exaltos cargos por presuntamente haber usado Pegasus y que Grecia ha dictado "un veredicto histórico" por el que ha condenado a directivos de la empresa que comercializada el 'spyware' Predator, frente a la postura del Estado español, del que ha dicho que está bloqueando la investigación de Pegasus.

Ha añadido que el caso de Grecia es muy interesante porque responde a una de las tesis de Irídia, que sostiene que la investigación a las empresas que comercializan este tipo de productos, y que tiene un rol mucho más activo del que dicen porque se mueven en espacios empapados de "opacidad", pueden permitir extraer evidencias contra un Gobierno y contra las agencias de inteligencia.