García Ortiz se incorporará a la Fiscalía de lo Social del Supremo tras su condena
El TS le impuso dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general, 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador
Álvaro García Ortiz se incorporará como fiscal a la Sección Social del Tribunal Supremo tras ser condenado a inhabilitación como fiscal general del Estado.
Fuentes fiscales confirman que, aunque se trata de una plaza en la Fiscalía del Supremo, es una de las más tranquilas y con menor exposición mediática, lo que buscaba el propio fiscal.
García Ortiz, que tiene condición de fiscal de Sala, máxima categoría profesional en el Ministerio Público, llega al Supremo sin conocer aún su futuro en la carrera fiscal, ya que la Inspección de la Fiscalía General deberá estudiar cómo afecta la sentencia a su condición, pudiendo expulsarle o suspenderle según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
La Fiscalía solicita al Supremo que anule la sentencia contra García Ortiz
Sentencia y condena
El Supremo impuso a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general, 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La Abogacía del Estado, que ejerció la defensa de García Ortiz, tiene plazo hasta mañana para presentar un incidente de nulidad contra la sentencia, paso necesario para agotar la vía jurisdiccional y poder acudir posteriormente al Tribunal Constitucional.
Recurso de la Fiscalía del Supremo
La Fiscalía del Tribunal Supremo ya ha presentado un incidente solicitando anular la sentencia que condenó a García Ortiz. María de los Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal de la Fiscalía del Supremo, sigue en gran parte los razonamientos de las magistradas que se opusieron a la condena, argumentando que se vulneró el derecho a la presunción de inocencia, al no tener en cuenta el testimonio de los periodistas que acreditaron tener el correo del 2 de febrero de 2024 antes que el fiscal general.
Además, la difusión de la nota de prensa, con la que la Fiscalía trataba de desmentir una versión “sesgada y falaz” de las negociaciones entre González Amador y los fiscales que le investigaban, quedó fuera de los hechos imputables, ya que la propia sala la había considerado no punible.
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