El fiscal general declara en el Supremo respaldado por los testimonios de los periodistas que lo exculpan

Tras cuatro jornadas escuchando, sentado junto sus abogados, lo que ocurría en el juicio en el que está acusado de revelación de secretos, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, toma la palabra este miércoles para negar una vez más que filtrase el correo sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Ya lo hizo el primer día del juicio en la que ha sido hasta el momento su única intervención. "No", respondió cuando el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le preguntó si se consideraba responsable de los delitos que se le imputan.

"Rotundamente no", llegó decir en varias ocasiones meses antes, en enero, cuando declaró ante el juez instructor y negó tajante haber filtrado o haber ordenado divulgar información reservada de la causa por fraude a Hacienda a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Este miércoles llega el turno de su declaración como acusado, previsiblemente por la tarde, después de que declaren hasta once agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil -uno de ellos por partida doble: como testigo y como perito-.

Una apretada jornada en la que se oirán los pormenores del registro inédito que el 30 de octubre de 2024 realizó la UCO en los despachos de García Ortiz y de la fiscal jefe provincial, a quien el Supremo dejó 'in extremis' fuera del juicio. El tribunal conocerá los detalles sobre el volcado de los dispositivos incautados a ambos fiscales, y también las razones que llevaron a la UCO a concluir que el fiscal general del Estado tuvo una "participación preeminente" en "los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada".

Respaldo de la prensa

García Ortiz, que se enfrenta a 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y a un desembolso de más de 400.000 euros, encara su declaración con el respaldo de la mayoría de los testimonios que se han escuchado hasta ahora en el alto tribunal.

En ello han tenido un papel destacado la docena de periodistas que han testificado, entre los que destaca Miguel Ángel Campos, porque, según el magistrado instructor, fue el informador de la 'Cadena SER' al que García Ortiz filtró la noche del 13 de marzo de 2024 un 'email' clave del caso contra González Amador.

Se trata del correo electrónico que la defensa del empresario envió a Fiscalía el 2 de febrero de 2024 ofreciendo que su cliente reconociera dos delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo con el que evitara entrar en prisión.

Campos aseguró este martes que pudo ver -y tomar notas de ese 'email'- pasadas las 15:34 del 13 de marzo, horas antes de que García Ortiz lo recibiera en su cuenta personal de Gmail, a las 21:59 de ese mismo día.

José Manuel Romero, entonces subdirector de 'El País', también testificó que sabía desde el 12 de marzo que González Amador quería llegar a un acuerdo, revelando incluso que su fuente era de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.

Otros tres periodistas -dos de 'eldiario.es' y uno de La Sexta- también afirmaron la semana pasada que sabían que el empresario buscaba un pacto antes que el propio fiscal general. Ninguno reveló su fuente pero José Precedo, de 'eldiario.es', aseveró que no era García Ortiz.

Agentes de la UCO

Los interrogatorios a los agentes, que se prevén exhaustivos, sobre todo por parte de la defensa, darán paso a la declaración del fiscal general, que afronta en este juicio peticiones de entre cuatro y seis años de cárcel y hasta doce de inhabilitación por parte de las acusaciones populares y la particular que ejerce la pareja de la presidenta madrileña.

Además de negar haber filtrado el correo del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de la pareja de Díaz Ayuso asumía en su nombre un fraude a Hacienda en busca de un pacto, García Ortiz asumió en primera persona la responsabilidad en la nota de prensa de la Fiscalía para aclarar informaciones que atribuían la iniciativa de ese pacto al fiscal y no al letrado.

Con toda probabilidad, será preguntado por el borrado de sus dispositivos y de su cuenta de correo -una acción que el fiscal general justificó en las amenazas que recibía-. Estos aspectos fueron tomados como indicios por el juez instructor, pero García Ortiz dejó claro que borra "absolutamente todo" y "de manera regular" porque su teléfono alberga datos "ultrasensibles" que pueden afectar a la seguridad del Estado, y lo hace por "imposición legal"