El juez Juan Carlos Peinado ha recibido una copia de los correos electrónicos de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español, y los ha remitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que los analice.

Así consta en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el juez señala que le han entregado una memoria USB con documentación que incluye una copia de los correos recibidos y enviados, entre el 18 de julio de 2018 y el 23 de septiembre de 2025, desde la cuenta corporativa asignada a Gómez.

"Remítanse los mismos a la UCO (sección de delitos económicos) para que procedan al análisis e informe sobre los que tienen relación con la causa", acuerda el instructor, que precisa que después dará a las partes traslado tanto del informe como de los correos analizados, "para preservar el derecho a la intimidad".

Peinado da cuenta de que la Secretaría General de Presidencia del Gobierno ha presentado un escrito y aportado un dispositivo de almacenamiento "con tres anexos".

Entre la documentación aportada figura, según detalla, un informe con los nombres de las personas que han desempeñado el cargo de secretario general de la Presidencia del Gobierno desde el 11 de julio de 2018 hasta ahora.

También refleja que hay un informe de la Dirección General de Servicios del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes donde se indican "las personas que han venido autorizando, aprobando y/u ordenando el pago de las retribuciones percibidas desde el nombramiento hasta el día de la fecha por Cristina Álvarez", la asesora de Gómez.

La petición del juzgado

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid requirió al Gobierno que le informara de si la esposa de Pedro Sánchez tiene alguna dirección de correo electrónico oficial.

Lo hizo a petición de las acusaciones populares y al considerar "útil y pertinente conocer la posible existencia de un correo electrónico que pudiera ser utilizado por la citada investigada".

"Se considera necesario conocer la existencia de cualquier medio utilizado para comunicarse con distintas empresas que colaboraron con la Cátedra de Trasformación Social Competitiva dirigida, inicialmente por la investigada María Begoña Gómez Fernández, y posteriormente codirigida, junto con otro profesor", indicó en un auto.

El juez atribuye a Gómez presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. También investiga a Álvarez, al empresario Juan Carlos Barrabés y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que fue secretario general de la Presidencia.