Varias asociaciones de jueces han pedido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que haga una "reflexión" sobre el "daño" y el "impacto constitucional" que supondrá su continuidad en el cargo después de que el Tribunal Supremo haya confirmado su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos en la causa que investiga la supuesta filtración de datos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El alto tribunal ha respaldado la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesar a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, por el que las acusaciones piden hasta 6 años de cárcel. La Sala de Apelación, conformada en este caso por los magistrados Andrés Palomo, Eduardo de Porres y Julián Sánchez Melgar, ha desestimado el recurso presentado por la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, pero por mayoría, ya que Palomo ha emitido un voto particular.
Horas después de conocer la decisión, Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ha resaltado la "situación de anomalía absoluta" que supone, a su juicio, la situación procesal de García Ortiz, a quien ha pedido "una profunda reflexión" sobre su continuidad.
A preguntas de Europa Press, Oliva ha destacado la "paradoja" de que Ortiz sea "el superior jerárquico" del fiscal que participará en el proceso. "Es absolutamente imprescindible que el FGE realice una profunda reflexión y pondere cuidadosamente el impacto constitucional que puede suponer seguir en el cargo y el ejercicio de su legítimo derecho a la defensa", ha abundado.
FJI: "EL SISTEMA JUDICIAL FUNCIONA"
En la misma línea, Francisco Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), ha manifestado que la situación de García Ortiz vuelve a hacer "oportuna" la pregunta de si el fiscal general "puede seguir o no ejerciendo el cargo" después de "sentarse en el banquillo de los acusados", una imagen que, bajo su punto de vista, hace "daño" tanto al Ministerio Fiscal y como a los dos fiscales que están actuando en este procedimiento, sobre quienes "siempre va a haber sospecha" de estar recibiendo "instrucciones" por parte de Ortiz "para no acusarle".
Portillo ha señalado que este procedimiento confirma que el sistema judicial "funciona" y que "todos somos iguales ante la ley". "El hecho de que podamos estar sentando en el banquillo a todo un FGE pone de manifiesto que el sistema de justicia español aun con todos sus deficiencias funciona, no hay nadie excluido de la aplicación de la ley", ha añadido en declaraciones a Europa Press.
A pesar de que la decisión del Supremo "confirma la existencia de indicios" contra el fiscal general, el presidente del FJI ha reconocido que "la prueba directa de la comisión del delito parece que no se ha hallado", sino que "habrá que esperar al juicio" para ello.
JJPD VE "DIFÍCIL" APRECIAR UN DELITO DE REVELACIÓN DE SECRETOS
Por otro lado, Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, ve "difícil" que se pueda apreciar un delito de revelación de secretos por los "indicios" de que la noticia "era conocida por varios medios de comunicación" antes de que le llegara al propio García Ortiz, por lo que "no se trataba" de un secreto.
"Tendrá que dilucidarse en el juicio oral si el FGE se limitó a cumplir con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que le encomienda informar a la opinión pública de asuntos de relevancia social, como la investigación por delito fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha subrayado en declaraciones remitidas a Europa Press.
