A la vuelta del verano, en septiembre, el PP hará valer sus votos para tumbar en el Parlamento europeo las enmiendas que han presentado la socialista Idoia Mendia y también Sandro Gozi, el representante del Partido Demócrata Europeo del que forma parte el PNV. Por tanto, es muy probable que quede aprobado tal cual el informe que realizó tras su misión de reconocimiento del pasado mes de mayo en el Estado español, una misión que tenía la intención de presentar al presidente Pedro Sánchez como un insumiso de la reforma electoral europea de 2018. Esa reforma pide fijar un umbral mínimo de voto entre el 2% y el 5% como requisito para entrar en la Eurocámara, lo que dejaría fuera a partidos como el PNV, de ahí que el PP quiera presentar a Sánchez como un presidente sometido a sus socios y que está dispuesto a pisotear el ordenamiento jurídico con tal de seguir en el poder. Pero esa tesis del PP se deja tres cabos sueltos en su informe de conclusiones, que fue presentado el miércoles en la comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento europeo.
El PP pasa de puntillas por el hecho de que el Estado no tendría que aprobar esta reforma si tuviera circunscripciones autonómicas o territoriales y no una sola; centra el debate en la ausencia de voluntad del Gobierno español aunque su propio informe cita el intenso debate constitucional que se produjo en Alemania por la limitación de derechos que podía acarrear la medida; y además varias enmiendas ponen en duda que la Unión Europea esté capacitada para imponer un cambio de régimen electoral que afecta al núcleo constitucional de un Estado. En cualquier caso, la propuesta del PP va a ver la luz en otoño, aunque no tendrá efectos prácticos porque Sánchez no pretende abrir esta caja de Pandora. La única alternativa pasaría por un cambio de gobierno de la mano del PP y Vox.
Los problemas en Alemania, las circunscripciones y la soberanía
Los documentos que tiene ahora mismo sobre la mesa esta comisión parlamentaria constatan que la decisión de 2018 del Consejo solo entrará en vigor cuando todos los estados miembros la hayan aprobado. Todos salvo el Estado español le han dado el visto bueno... pero no de una manera totalmente plácida, lo que resta fuerza al argumento del PP de que solo Sánchez se resiste por la dependencia de sus socios. “En Alemania, el requisito de introducir un umbral electoral ha sido un obstáculo procedimental significativo”, se reconoce en los informes, donde se recuerda que el Tribunal Constitucional alemán llegó a dictaminar “reiteradamente” que el umbral electoral para las europeas es “inconstitucional” en virtud del “principio de igualdad de oportunidades” para todos los partidos. Esas sentencias son previas a la decisión del Consejo de 2018 y se emitieron en 2011 y 2014. Cuando se produjo esa decisión europea, “dado que el umbral es obligatorio en virtud del Derecho de la Unión, ya no está sujeto a una evaluación basada en el principio de igualdad de oportunidades”, despacha el informe, que recuerda que el legislador alemán acabó aprobando esta decisión. En 2024, el Tribunal Constitucional alemán lo avaló.
Por otro lado, el informe recuerda que el umbral mínimo del 2% está pensado “para circunscripciones con más de 35 escaños, incluidas las circunscripciones únicas a escala nacional”. Primero menciona que solo se aplicaría en cinco estados que son el español (61), el francés (81), Alemania (96), Italia (76) y Polonia (53), pero después matiza que Italia y Polonia no se ven afectados no solo porque ya tienen umbrales, sino porque “utilizan circunscripciones subnacionales, lo que significa que sus escaños están repartidos entre las diferentes regiones”, y cada una de esas circunscripciones tiene menos de 35 escaños. Continúa diciendo que España y Alemania tienen más de 35 diputados europeos, tienen una única circunscripción estatal, y deben por tanto fijar umbrales de voto. No dice que la otra alternativa es trocear su circunscripción como esos países o como ocurre en las elecciones generales. Es lo que el PNV lleva décadas exigiendo.
A partir de ahí, añade que el problema del Estado español no es jurídico. “El proceso es más delicado desde un punto de vista político”, dice, para endosar después toda la responsabilidad al pacto de investidura de PNV y PSOE, que se menciona de manera expresa. “La situación se complica por el hecho de que el PSOE y el EAJ-PNV, el mayor partido nacionalista vasco, firmaron un acuerdo para formar gobierno el 10 de noviembre de 2023, que mencionaba explícitamente que una de las condiciones para que el PNV votara a favor de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno es que el PSOE no promueva ninguna modificación de la Loreg y, si fuera necesario en circunstancias extraordinarias, solo lo hará previo acuerdo con el PNV”, dice. Y lanza que “el PNV obtuvo un escaño con solo el 1,63% de los votos emitidos en España”, lo que a su juicio “distorsiona” el mapa político. No dice que es el partido que gobierna en la comunidad autónoma.
Respetar la diversidad
Sánchez no tiene ninguna intención de mover este asunto. Así se desprende de las enmiendas de la socialista vasca Idoia Mendia, que trata de suavizar la redacción y de retirar el foco del caso del Estado español. Propone sustituir la propuesta inicial que urge al Estado a fijar esos umbrales de voto, y plantear en cambio que con pleno respeto a sus procedimientos constitucionales se abra un diálogo político “constructivo”, además de recordar que la decisión de asumir la reforma europea es de cada estado. Recuerda que también hubo “retrasos y debates” a la hora de ratificar la decisión en Alemania, y avisa de que algunos estados se caracterizan por su “diversidad territorial y lingüística”, con partidos territoriales que tienen un apoyo significativo. Sandro Gozi, por su parte, recuerda también que ratificar esta reforma es una “prerrogativa” del Congreso estatal, y propone una “exención” de los umbrales en circunscripciones con más de 60 escaños.
