Santos Cerdán se encuentra ya en el Tribunal Supremo para declarar por primera vez como investigado por una supuesta trama de reparto de mordidas a cambio de la presunta adjudicación irregular de obra pública en la época de José Luis Ábalos como ministro de Transportes.
El exdirigente socialista ha llegado al alto tribunal, a las 09:49 horas, con apenas diez minutos de antelación, para su cita ante el juez Leopoldo Puente, que considera que hay indicios contra él de presuntos delitos de organización criminal y cohecho. Un grupo de personas le ha lanzado gritos de "corrupto" y "sinvergüenza".
Su declaración se produce a raíz del informe de la UCO que le sitúa, junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor ministerial Koldo García, en el epicentro de una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de contratos de obra pública.
El juez, de acuerdo con la tesis de la Guardia Civil, aprecia indicios de que Cerdán pudo haber participado, junto a Ábalos, "en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas", pudiendo ser él "quien se encargara de distribuir" las cantidades "recaudadas". Cerdán ha trasladado al juez su intención de aportar este lunes información sobre su situación patrimonial, como ejemplo de su "clara voluntad de transparencia".
Informe Cerdán
El denominado 'informe Cerdán' se conoció el pasado 12 de junio, provocando que el afectado dimitiera ese mismo día como secretario de Organización del PSOE y anunciara que renunciaría también al acta de diputado, algo que acabó formalizando días después, el 16 de junio.
El instructor del 'caso Koldo' en el TS, Leopoldo Puente, le ofreció declarar voluntariamente el 25 de junio, como paso previo a iniciar los trámites para recabar el permiso de la Cámara Baja para poder investigarle. Sin embargo, al renunciar a la condición de diputado perdió el aforamiento, por lo que el magistrado pudo citarle directamente como imputado, aunque accedió a retrasarle la cita para dar más tiempo a su abogado a estudiar la causa, fijándola para este lunes.
El magistrado ya anticipó que, tras tomarle declaración, valorará la adopción de medidas cautelares en su contra, como ya hiciera con los otros investigados: Ábalos, Koldo y el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama. A los tres, y a petición de Fiscalía, el TS les prohibió salir del Estado español, les retiró el pasaporte y les impuso la obligación de comparecer periódicamente ante una sede judicial.
No obstante, tras las últimas revelaciones relativas a las presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública, Puente revisó las medidas cautelares de Ábalos y Koldo. A petición de Fiscalía, las ratificó pero en esa ocasión las acusaciones populares --unificadas bajo la dirección letrada del PP-- solicitaron prisión provisional.
Ábalos negó los audios
También les volvió a citar. Ábalos, ya en su tercera comparecencia por el 'caso Koldo', dijo que no se reconocía en los audios recogidos en el informe de la UCO, sugiriendo que podrían estar manipulados, al tiempo que negó cualquier implicación en adjudicaciones irregulares y el cobro de comisiones. El que fuera su asesor, en su segunda declaración ante el Supremo, optó por guardar silencio.
Cerdán ya ha declaración públicamente que tampoco se reconoce en los citados audios, por lo que todo apunta a que podría hacer el mismo alegato ante el alto tribunal. El estallido de la presunta trama de amaños de obra pública obligó a Ábalos y Koldo a replantearse su estrategia de defensa. Según fuentes jurídicas, estuvieron hasta el último minuto sopesando sus opciones.
Fuentes jurídicas aseguran que al inicio de su comparecencia Ábalos manifestó que su intención era colaborar y que Fiscalía era consciente de ello, si bien adujo que estaba viviendo una situación muy tensa a todos los niveles, también personal, razón por la cual en ese momento no se sentía preparado para ofrecer un relato coherente, indicando que necesitaría unos días.
Una posible colaboración a modo de confesión, como la de De Aldama en su día en la Audiencia Nacional, podría implicar un alivio de la pena al final del procedimiento. Por ahora, la Fiscalía Anticorrupción aprecia "cero colaboración", según las fuentes fiscales consultadas.
Informe
La llegada de Cerdán al 'caso Koldo' tuvo lugar a raíz del informe elaborado por la UCO en base a unos audios grabados por Koldo entre 2029 y 2023 que reflejan conversaciones entre ellos y Ábalos, así como a partir de los mensajes de WhatsApp que se intercambiaron.
Según los agentes, la presunta trama nació en 2015 en Navarra --área de influencia de Cerdán y Koldo-- con éstos como protagonistas y creció a medida que tanto ellos como posteriormente Ábalos fueron ganando relevancia política.
Los investigadores reflejan que el rol de Cerdán en estas supuestas corruptelas fue cambiando. Así, ante el ascenso de Ábalos y Koldo al Ministerio de Transportes, habría menguado quedando como un gestor de "pagos", mientras que tras la caída de éstos habría vuelto a tomar los mandos, según la UCO.
La Guardia Civil sostiene que los contratos de obra pública que se investigan fueron adjudicados a las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Solo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros, aunque se les adeudarían 450.000 euros. "Voy a ir a por todo", aseguró Cerdán.
Servinavar
Se espera que uno de los puntos clave del interrogatorio a Cerdán sea el contrato privado que la UCO halló el pasado 10 de junio en el registro efectuado en casa del empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola. El documento, aportado al Supremo, refleja que en 2016 --un año después de que se iniciara la presunta trama-- el ex dirigente socialista compró por 6.000 euros el 45% de Servinabar.
El informe del UCO refleja que esta empresa, en la que Alonso Egurrola figura como administrador único, recibió más de 75 millones de euros en adjudicaciones de obra pública realizadas por el Gobierno navarro que están bajo la lupa del Supremo.
Fuentes de la defensa de Cerdán cuestionaron la validez de dicho documento, al reducirlo a "un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público" y, por tanto, "no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno".
Sin embargo, el Consejo General del Notariado ha explicado que los contratos privados no elevados a escritura pública, como sería el caso, surten efectos entre los firmantes, aunque no ante terceros, al tiempo que ha advertido de que suelen buscar la ocultación del verdadero propietario. La tanda de declaraciones de imputados que desencadenó el 'informe Cerdán' seguirá el próximo viernes, con las de los empresarios Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de OPR, y José Ruz, vinculado a LIC. El 7 de julio será el turno del Alonso Egurrola y Fernando Merino, ex directivo de Acciona Construcción.
