La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana rechazó citar a declarar como investigada a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, respondiendo así a la solicitud presentada por una acusación popular y fundamentando su decisión en la normativa que considera aplicable en este caso, según la cual el Govern de Carlos Mazón es “el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunitat Valenciana en el ámbito de sus competencias”, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. “Se pretende obviar de forma total la distribución competencial expuesta, efectuando un salto de la competencia autonómica en protección civil a la estatal, como base de la responsabilidad del Gobierno central”, añade la instructora. En este sentido, la jueza recalca que el Estatut de Autonomía de esta comunidad establece que la protección civil “es competencia autonómica” y que “la patente inactividad, conectada con los fallecimientos y lesiones del día 29 de octubre, se produjo en el ámbito autonómico”. Añade que los recursos y medidas legales que debieron haberse adoptado a posteriori del 29 de octubre “carecerían de conexión alguna con la presente instrucción”.

Por otro lado, la magistrada ve “evidente”, tras ver los listados de llamadas y comunicaciones aportadas por los investigados, que la Administración autonómica “concurrió una evidente pasividad ante una situación gravísima”, ya que en el momento en que se lanzó la alerta a las 20.11 horas, ya se habían producido la práctica totalidad de los fallecimientos. Agrega que los cruces de llamadas, en los momentos en que fueron atendidas, “no llevaron desgraciadamente a que se tomara ninguna decisión en el ámbito autonómico para salvar a la población”. “Quienes habían de tomar las decisiones manifiestan ser ajenos a las llamadas del 112, a las previsiones meteorológicas de la Aemet, a las comunicaciones sobre el estado y el caudal de los barrancos, ya fuera a través de correos o a través del SAIH, a los medios de comunicación,“ y se afirma que no había pantallas en la sala del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado), señala el auto.

El Cecopi, un órgano inútil

Un lugar, añade, “en que parece que nadie poseyera teléfonos, en el que los técnicos no les informaban o lo hacían mal, y en el que eran igualmente ajenos a las decisiones de instituciones de tanta relevancia como la Universitat de Valencia que, con la misma información meteorológica de la que poseía la Administración autonómica, decidió salvaguardar a los alumnos, trabajadores y profesores del grave riesgo al que estaban expuestos”. Según la jueza, en el Cecopi parecía que los presentes “permanecían en una burbuja, aislados del mundo exterior, sin posibilidad de abandonar la sala y en el que el tiempo transcurría lentamente, demorándose la toma de decisiones, mientras el agua y el barro se desbordaba de los barrancos y de los cauces de los ríos, y en la que las llamadas de auxilio no traspasaban el umbral de la sala”. “Un lugar en el que ninguna información les llegaba, ningún consejo acertado se les proporcionó y en el que, quienes entraban, perderían la conciencia o la memoria de la gravedad de la situación: los barrancos están a punto de colapsa, escribió en un mensaje el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso antes de entrar en el Cecopi a las 14.44 horas, mientras la alarma a la población se lanzaba a las 20.11 horas”.

Concluye que el desplazamiento de responsabilidad al Gobierno de Pedro Sánchez “no es sino un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la Administración autonómica” que fue “absolutamente incapaz de avisar, en tiempo y adecuadamente, a la población”.