La Constitución española fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 pero no gracias a Euskadi, donde menos del 40% del censo electoral apoyó el texto. Así lo recordó ayer el PNV con motivo del aniversario de esa cita en la que optó por abstenerse. Como es habitual, la formación jeltzale no participó en el acto de celebración del Congreso, y convocó en su lugar una comparecencia en Sabin Etxea en la que el portavoz del Grupo Vasco, Aitor Esteban, denunció las trabas de la Carta Magna a que Euskadi pueda “decidir libremente su futuro”.
“El defecto principal de la Constitución es el no reconocimiento de la nación vasca y de su capacidad para poder decidir libremente su futuro”, dijo el diputado jeltzale ante los medios. Muy al contrario, a su juicio solo pone “dificultades” para la consecución de estas reivindicaciones. A estas trabas se une la interpretación restrictiva que se ha realizado en los últimos años de sus postulados, lo que según Esteban ha supuesto una “degradación” del texto constitucional.
“Hoy en día, no hay ámbito competencial que escape de la regulación que podría hacer el Estado”, censuró, lo que no obedece a que “lo diga la Constitución”. Puso de manifiesto que “en muchos estatutos de autonomía se habla de competencias exclusivas, pero a través de la jurisprudencia constitucional, al final, la interpretación que se ha hecho es que el Estado, en cualquier caso, puede llegar a intervenir”.
Y lo hace “a veces de manera legislativa, reglamentaria, y otras veces directamente desde el Ejecutivo”. El papel del Tribunal Constitucional como laminador de las competencias propias de Euskadi ha sido denunciado de forma recurrente por el Gobierno vasco, y en el marco de la negociación para completar el Estatuto de Gernika se incide de forma especial en evitar este intervencionismo a posteriori, también por parte del Gobierno español.
Aitor Esteban incidió en que “uno de los ámbitos en los que más se ha notado” esta injerencia “es el social, en el que las competencias residían de manera exclusiva en las comunidades autónomas”. Insistió en que dicho ámbito “se ha convertido en parte de la agenda diaria, semanal, del Gobierno, y de la intervención radical, no a partir de bases genéricas, sino en algunas legislaciones llegando a lo reglamentario y al detalle y, de esta manera, influyendo en las competencias de las comunidades autónomas”. Todo ello ha redundado en “una degradación de su significado inicial en muchos de sus títulos y de sus capítulos”.
Tras recordar que en la votación de hace 46 años “no se puede decir que Euskadi apoyó” la Carta Magna, añadió que llama la atención que “en una Constitución que se proclama moderna, avanzada, occidental, que se imbrica en el puro derecho constitucional europeo, no se limite la inviolabilidad del rey o que las fuerzas armadas sigan siendo las garantes de la unidad del Estado”. Destacó a su vez que “algunos de los artículos que pudieran tener un potencial para solucionar desencuentros y canalizar importantes acuerdos políticos a futuro no se desarrollen en tal sentido, sino que, al revés, vean constreñido su significado”.
Se refirió así a la disposición adicional primera, afirmando que si se hiciera de ella “una interpretación amplia y generosa podría dar lugar a acuerdos políticos duraderos que facilitaran la imbricación” de la sociedad vasca en el Estado. Lamentó sin embargo que la jurisprudencia constitucional y los partidos hayan “restringido la interpretación de dicha disposición adicional”.
Criticó a su vez que la Constitución limite la posibilidad de Euskadi de tener competencias en ámbitos que le son “absolutamente necesarios y que son reclamados por la sociedad vasca”, como el judicial o el laboral. “Todos sabemos que la dinámica patronal y sindical en Euskadi es diferente a la del resto del Estado, pero sin embargo la Constitución no pone nada fácil que podamos tener competencias en esta materia”.
Aitor Esteban amplió por último el foco de su crítica y denunció que el Estado “se ha aprovechado de la interlocución única que mantiene con la Unión Europea para dejar apartadas a las comunidades autónomas”. Así, a pesar de que Euskadi participa finalmente en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (Ecofin), “quien mantiene la relación en todos los ámbitos es el Estado”, cuando desde Europa “cada vez se influye más en competencias que no son solo estatales, sino también autonómicas”. “Por lo tanto, es una Constitución ampliamente mejorable y no suscita ningún entusiasmo en el PNV”, resumió.
Rechazo a la OTAN
Tampoco participó en los fastos por la Constitución EH Bildu, que aseguró que a Euskadi “se le deben de respetar tanto su condición de nación como las decisiones que adoptan libre y democráticamente sus ciudadanos y ciudadanas”. En un escueto mensaje en las redes sociales, recordó que Euskadi “no respaldó esa Constitución y, además, rechazó pertenecer a la OTAN en referéndum”.
Quien sí celebró este aniversario fue el PP vasco, cuyo presidente, Javier de Andrés, puso en valor la Constitución por “asumir la realidad histórica” y ofrecer “un mínimo común de convivencia”. En un acto en Bilbao organizado por Nuevas Generaciones, dirigentes del partido repartieron ejemplares de la Carta Magna a los viandantes.
