La ley sobre intercambio de antecedentes penales, que permitirá a los presos de ETA descontarse las penas que han cumplido en Francia y adelantar así su salida de prisión, entra en vigor este viernes. Tal y como publicó el Boletín Oficial de Estado (BOE) el pasado 19 de octubre, la norma, que transpone una directiva europea y provocó un fuerte enfrentamiento entre Gobierno y oposición, entra en vigor ahora, de manera que varios miembros de ETA podrán acumular las penas cumplidas en un país europeo y contabilizarlas para salir antes de prisión.

52 presos de ETA

La red de apoyo a los presos de ETA, Sare, ha calculado que 52 presos de ETA podrán beneficiarse de la reforma legal, de los cuales 7 podrían salir de prisión antes de que acabe el año.

Según sus datos, actualmente hay 140 presos de ETA en cárceles vascas y navarras -en distintos regímenes- más otros 4 en Francia.

Serían 52 los presos etarras, 48 en cárceles de Euskal Herria y los 4 en Francia, los que podrán acogerse a la nueva norma, aunque para ello cada preso tendrá, a través de su abogado, que solicitar ante la sala condenatoria -en el Estado español, la Audiencia Nacional- que se les aplique la ley para poder salir antes de prisión.

Txapote, fuera de la lista

No sería el caso del exjefe de ETA Francisco Javier García Gaztelu, Txapote. La Audiencia Nacional ya tuvo en cuenta en 2014 la pena impuesta por un tribunal francés al acumular sus condenas, de modo que previsiblemente este reforma legal no implicaría su salida de prisión antes de tiempo.

Polémica política

La aprobación de esta ley provocó un duro enfrentamiento entre Gobierno y oposición. Fue la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT) la que advirtió de que la norma contenía una enmienda, introducida durante su paso por el Congreso por Sumar, que suprimía un artículo y la disposición adicional que impedía, hasta ahora, que los condenados etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia.

El texto, con dicha enmienda, fue debatido y aprobado por unanimidad en el Congreso y pasó por el Senado sin que ningún grupo introdujera vetos ni enmiendas.

El PP acusó al Ejecutivo de incluir "de tapadillo" dicha enmienda y afirmó que apoyó el texto por error, mientras que desde el Ejecutivo defendieron que el PP conocía lo que votaba y que el texto es el mismo que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014.