Ana Redondo inicia su segundo ejercicio al frente del Ministerio de Igualdad con varios retos por delante. Garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública, renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, corregir la Ley de Paridad o impulsar los centros de crisis ante la violencia sexual son algunas de las asignaturas pendientes más relevantes en materia de igualdad que tendrán que culminarse en el nuevo curso político.
Precisamente, este curso se conmemorarán los 20 años de la ley contra la violencia de género. Junto a ella, otros departamentos –Sanidad, Justicia y Trabajo– y también las comunidades autónomas serán cruciales en el desempeño de políticas públicas que combatan la discriminación de las mujeres y el colectivo LGTBI.
Principales retos
Uno de los objetivos inmediatos es la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que debe completarse antes de 2025. La Cámara Baja se comprometió a actualizar las medidas del Pacto antes de que termine este año, una tarea con la que se tratará de mejorar la protección de las víctimas y la respuesta contra las distintas formas de violencia.
La violencia digital, la económica y la vicaria son algunas de las materias que se abordarán en el nuevo dictamen, así como la mejora de la atención a las víctimas más vulnerables: mujeres migrantes, ancianas, con discapacidad, en situación administrativa irregular, de minorías étnicas, niños y niñas...
Otra tarea urgente es la creación de centros de crisis en cada provincia y ciudad autónoma para atender a las víctimas de violencia sexual. El Estado tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2024 para cumplir con este requisito, de lo contrario, se enfrentará a la devolución de una significativa cantidad de fondos europeos.
En el ámbito legislativo, el Gobierno se comprometió a enmendar la Ley de Paridad para restaurar protecciones laborales eliminadas por la nueva normativa. La ley también necesita abordar problemas persistentes como la brecha salarial y los permisos remunerados por cuidados. Además, el Ministerio de Igualdad debe asegurar la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada en 2023, incluyendo un registro de objetores y la especialización de juzgados en violencia sexual, una reforma pendiente desde el otoño de 2023.
La designación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, así como el desarrollo de su estatuto, también están pendientes. Esta nueva autoridad jugará un papel crucial en la supervisión de la igualdad y la lucha contra los discursos de odio.
Finalmente, se prevé que en 2025 se apruebe una ley integral contra la trata de seres humanos, actualmente en discusión en el Consejo de Ministros. La ley intentará ofrecer una alternativa de vida digna a las víctimas y contará con financiación específica. El Ministerio de Igualdad se centrará sus esfuerzos en sacar adelante en estos asuntos durante el presente curso político que está a punto de comenzar.
