El Tribunal Constitucional se prepara para cerrar esta semana el caso de los ERE con una propuesta que plantea eliminar totalmente la condena por malversación al expresidente de la Junta de Andalucía Jose Antonio Griñán y reducir considerablemente la pena de inhabilitación al expresidente andaluz Manuel Chaves. Un escenario que ha encendido las alertas en el PP que ha anunciado que pedirá la recusación del presidente, Cándido Conde Pumpido; de la vicepresidenta y ponente de las sentencias, Inmaculada Montalbán; y de la magistrada María Luisa Balaguer por posibles causas de incompatibilidad.
Desde el tribunal están a la espera de que el PP registre las recusaciones que se consideran “extemporáneas”, según explican fuentes del órgano de garantías, que recuerdan que el Partido Popular es una parte personada, a la que se notificó hace más de año y medio la avocación al Pleno y la composición del cónclave.
Las fuentes auguran que no tiene recorrido, más aun cuando se anuncian las recusaciones con siete sentencias dictadas y a pocos días del Pleno que cerrará la carpeta de los ERE con otras cinco resoluciones. Por eso, los incidentes de recusación se resolverán el martes, antes del pleno, porque los asuntos no se pueden suspender.
Porque si se cumplen las previsiones y se aplica la doctrina de las siete sentencias ya resueltas por el Pleno, todo apunta a que las propuestas saldrán adelante porque cuentan, en principio, con el apoyo de los siete magistrados del bloque progresista y el voto en contra de los cuatro magistrados del sector conservador. De ser así, el Constitucional culminaría el vuelco a la sentencia de los ERE reescribiendo uno de los casos de corrupción más mediáticos de España, que juzgó la creación y mantenimiento de un sistema ilegal de subvenciones que se prolongó durante más de una década (2000-2011) para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que permitió el reparto arbitrario de hasta 680 millones de euros.
