Dos días después de que el presidente del Parlamento de Baleares, Gabriel Le Senne, miembro de Vox, rompiera las fotos de varias mujeres de las islas represaliadas por el franquismo, el Gobierno español ha decidido llevar a la Fiscalía su actuación para que determine si se ha incurrido en alguna conducta punible.
Lo ha anunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha precisado que la conducta de Le Senne podría suponer “un delito de odio”, teniendo en cuenta que una de las imágenes despedazadas correspondía a Aurora Picornell, fusilada por el régimen de Franco y considerada oficialmente víctima de la guerra civil.
Torres ha explicado que han tomado esta decisión después de que los servicios jurídicos de su ministerio analizaran la actuación de Le Senne en el pleno del Parlamento balear del martes pasado, en el que llamó al orden y expulsó a dos diputadas socialistas de la Mesa por exhibir fotos de republicanas asesinadas en la Guerra Civil y acabó rompiendo las instantáneas.
Otras medidas
Al margen del traslado de los hechos a la fiscalía, el ministro ha adelantado que el Gobierno estudiará si se puede aplicar al presidente de la cámara balear alguna de las sanciones contempladas en la ley de Memoria Democrática. Igualmente, ha revelado que el grupo socialista en el parlamento de las islas pedirá que Le Senne sea sancionado y que, si no se responde a su petición, “están dispuestos a llevar el caso al Tribunal Constitucional”.
Las declaraciones las hecho antes de su comparecencia en el Senado, que ha comenzado reprobando unos hechos que “sobrepasaron límites autoritarios”. “Se ha denigrado la imagen de personas que estaban ahí retratadas y que murieron en su momento por defender la libertad y la democracia. Debería ser, aceptando cualquier opinión, una repulsa unánime de esta comisión”, ha añadido.
