La intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de retirar al CGPJ la facultad de nombrar a los jueces si no hay un pacto con el PP para su desbloqueo antes de que expire junio no ha sentado nada bien al presidente de esta institución, Vicente Guilarte, quien ayer salió al paso para defender la competencia de los nombramientos de los altos cargos judiciales, al tiempo que dejó claro al líder del PSOE que “no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno” en ellos. “Ante las dudas que pueden suscitar las palabras del presidente es imprescindible aclarar este extremo, pues la amenazante alternativa esbozada resultaría aterradora y directamente encaminada a evitar cualquier acuerdo”, alertó el máximo dirigente del Poder Judicial, que remitió a las presidencias del Congreso y del Senado su propuesta actualizada de modificación del sistema de nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo, de cargos gubernativos del Poder Judicial y de designación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
Guilarte dio la bienvenida a Sánchez al “círculo” de quienes creen que el problema radica en la fórmula de elección de los altos cargos y creen necesario someterlos a los principios de mérito y capacidad, porque hoy está “viciada de discrecionalidad”. Pero, a su vez, advierte de que los nombramientos “deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional más elemental asentada” en la Carta Magna y añade que “no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno, sea directamente o se enmascare a través de organismo o comisión interpuesta”.
Horas después de estas manifestaciones, Sánchez reaccionó asegurando que su planteamiento se “inspira” en la propuesta de Guilarte para nombrar a jueces, pero no concretó la fórmula. En una comparecencia junto al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, tras la Reunión de Alto Nivel que ambos mantuvieron en Moncloa, el líder del PSOE repitió sus intenciones pero descartó que vaya a quedar en manos del Gobierno. “La situación actual de bloqueo es inaceptable y la reforma pretende liberar al CGPJ del secuestro político al que le tiene sometido el Partido Popular”, insistió.
Previamente, Guilarte había recordado que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial los nombramientos se efectuaban por el Ministerio de Justicia. Por ello, entiende que “no tiene sentido alguno volver a épocas pasadas con distintos protagonistas”. La propuesta que Guilarte trasladó plantea como solución “más sencilla” al bloqueo actual el sorteo entre los candidatos a integrar el CGPJ. “La fórmula transitoria más sencilla, en otros casos a mi juicio incongruente, es el sorteo y, para evitar discrepancias, utilizando a tal fin la lista de aspirantes judiciales en vigor”, expuso el presidente en funciones del CGPJ, quien prevé dejar el cargo en verano.
De cara al futuro, propone una fórmula intermedia en el funcionamiento del CGPJ que evite “la inevitable discrecionalidad actual” modificando tanto la fórmula de selección respecto de cargos gubernativos como de nombramientos de magistrados del Supremo. A su juicio, para los cargos gubernativos deberían decidir todos los miembros de la carrera judicial del territorio respectivo, es decir, aquellos sobre los que el Tribunal, Audiencia o Sala tenga competencias gubernativas, y los candidatos tendrían que presentar un programa de actuación sobre la mejora del órgano.
En el caso del Supremo, se trataría de que los nombramientos los hiciera una comisión cualificada, mayoritariamente compuesta por vocales y magistrados del Supremo, presidida por un vocal magistrado de ese tribunal, si lo hay, o especialista en la materia. También piensa que los más de 100 nombramientos pendientes por el CGPJ deben hacerse con el nuevo sistema, valorando el principio de mérito y capacidad. En cuanto al modelo de elección, propone que, de mantenerse el sistema de elección parlamentaria de los jueces (12 de los 20 miembros) que integran el CGPJ, se evite cualquier “contaminación política” de los elegidos, pero sugiere pasar a un sistema de elección directa por parte de los jueces.
Feijóo habla de “chantaje”
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reiteró que su partido no va a aceptar “ni órdagos, ni chantajes ni amenazas” y planteó al PSOE retomar la negociación donde lo dejaron, con mediación de la Comisión Europea, ya que, a su entender, Sánchez “no es fiable” y “empieza ya a ser un peligro para la independencia judicial”. El líder de la oposición avisó de que si el jefe del Ejecutivo lo que quiere es “asaltar el CGPJ tendrá al PP en contra”, así como al “ordenamiento jurídico”. Es más, se mostró seguro de que también lo estará la Comisión Europea, a la que su formación se dirigió.
Desde los socios del bloque de investidura hay recelos. Sumar y ERC no ven sentido al ultimátum de Sánchez ya que creen que es una pérdida de tiempo ante la falta de voluntad del PP. “La derecha en este país debe aprender a perder bien. Cuando las urnas no le dan la razón, las instituciones no las pueden secuestrar”, declaró Íñigo Errejón. Por su parte, al republicano Gabriel Rufián le parece mucho “que se le den 15 días al PP después de cinco años”.
Bruselas
Pide “bases” para mediar. Desde Bruselas, la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Estado de derecho, Vera Jourova, aguardará a contar con propuestas concretas del PP y PSOE antes de decidir si convoca una reunión en los próximos días para reactivar la mediación sobre este conflicto ya que quiere estar segura de que hay “base” para la negociación antes de dar nuevos pasos. No pone condiciones pero sí pide avances a ambas formaciones para que el encuentro pueda ser “efectivo”.
