La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid ha concluido que en marzo y abril de 2020 se produjo un exceso de mortalidad en las residencias de la región, el doble que en otras comunidades autónomas, y ha estimado que si no se hubieran aplicado criterios “discriminatorios” se podrían haber salvado 4.000 vidas.

Esta Comisión se constituyó en abril de 2023 a instancias de familiares y afectados, ante la falta de interés y voluntad de las autoridades políticas y judiciales para investigar sobre lo que sucedió a las personas mayores confinadas en las residencias durante las primeras semanas de la pandemia.

Los miembros de la Comisión, presidida por el jurista José Antonio Martín Pallín, presentaron ayer las conclusiones en una rueda de prensa en el Ateneo de Madrid, entre las que destaca que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso restringió drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los hospitales, usando criterios discriminatorios por lugar de residencia, discapacidad física, deterioro cognitivo y por carecer de seguro privado.

La investigación se ha llevado a cabo a partir de los datos oficiales de la comunidad, así como de informes elaborados por organizaciones públicas y de la sociedad civil, artículos académicos, declaraciones de los comparecientes en la comisión de investigación de la Asamblea, resoluciones judiciales, artículos periodísticos y testimonios de familiares. También cuenta con testimonios de supervivientes de las residencias de mayores, trabajadoras de estos centros, autoridades, periodistas, profesionales sanitarios y miembros de entidades sociales.

El doctor Fernando Lamata explicó que las personas que fueron derivadas a los hospitales durante los meses de marzo y abril tuvieron un porcentaje de supervivencia del 65%, lo que, aplicado a las 7.291 personas que murieron en residencias sin ser derivadas, habría supuesto que “más de 4.000 personas podrían haber salvado su vida”.

Añadió que el número de derivaciones pasó de 120 diarias a una media de 65 entre el 7 y el 31 de marzo, lejos de las 200 que se tendrían que haber producido. Subrayó que hubo “un cierre en las derivaciones que tuvo un impacto en un exceso de muertes” en las residencias.

Detalla también que el Ejecutivo madrileño no medicalizó las residencias, que los recursos sociales y sanitarios eran insuficientes cuando se declaró la pandemia, que la respuesta del Gobierno regional al comienzo de esta crisis fue inadecuada y que la comunicación entre residentes y familiares, así como la información a los familiares fue “inapropiada e incompleta”.