Desde que Pedro Sánchez se comprometió a delegar las competencias de inmigración a Catalunya para impedir que Junts tumbara dos de sus decretos, se ha generado tal confusión y batiburrillo con la negociación vasca, que la pregunta era inevitable. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha comparecido este jueves ante la prensa en un desayuno de Europa Press, tan solo unas horas después de cerrar un acuerdo con el Gobierno vasco para la transferencia de la acogida de los refugiados. Es un traspaso que permitirá a Euskadi ejercer oficialmente y con descuento del Cupo incluido las labores de inclusión que ya venía realizando en la búsqueda de vivienda o asistencia jurídica para estas personas que huyen de conflictos bélicos o tienen en general el estatus de protección internacional.
Al ministro se le preguntó si ese modelo será la guía para la negociación con Catalunya, una pregunta que aprovechó para repetir que ambos casos “no tienen nada que ver”, entre otros factores, porque lo pactado con Euskadi es una transferencia y, en el caso catalán, se va a materializar una delegación de competencias, una fórmula que exige reunir una mayoría absoluta del Congreso, 176 votos. En el caso vasco, el traspaso será oficial en unos días, porque “simplemente falta” poner fecha a la Comisión Mixta de Transferencias para firmarlo entre ambos gobiernos, sin más actores. En el caso catalán, aclaró que cada cual puede tener unas posiciones de “máximos”, pero debe someterse al Congreso.
El ministro aprovechó para frenar todas las especulaciones sobre el contenido del acuerdo con Junts, asegurando que ese contenido dependerá de lo que acepte o no acepte el Congreso. De ahí que no pueda adelantar nada al respecto. Torres ofreció un desayuno informativo donde seguía sobrevolando la duda de si Catalunya podrá gestionar un perímetro de las políticas migratorias más amplio que el concedido a Euskadi, o si va a tener algún tipo de atribución para decidir las expulsiones de los delincuentes reincidentes. Esa pretensión no la tenía Euskadi, que no enfocaba la transferencia con una función policial sino social y de integración y, además, esa competencia ya la rechazó Sánchez en una entrevista en El País, con el argumento de que es una materia del Estado.
En cualquier caso, hay sectores que siguen empujando a favor de la tesis de que el acuerdo con Catalunya va a tener un alcance amplio, porque también parte de la base de que ya gestiona las autorizaciones iniciales de trabajo para las personas migrantes, competencia que no tienen otras comunidades. Pero el ministro fue categórico al destacar una y otra vez que todo dependerá de lo que esté dispuesto a aceptar el Congreso y no será un pacto entre dos partidos, un argumento que le permite quitarse presión frente a quienes hablan de un trato privilegiado o de pactos oscuros. Pero, de manera indirecta, el argumentario de Moncloa da oxígeno al PNV, porque de todo este dibujo se desprende que la metodología vasca sí tenía la ventaja del pacto bilateral, no tiene que someterse al Congreso y solo le falta la firma final en la Comisión Mixta de Transferencias entre ambos gobiernos.
Torres aseguró que el caso vasco y el catalán “no tienen nada que ver”, y que la transferencia de la acogida aparecía en el pacto de investidura con el PNV, como la tercera materia que tenía que cerrarse en tres meses. Es un acuerdo previo al firmado con Junts. Además, aclaró que la competencia se refiere a la “autonomía personal” de los refugiados, y no a las cuestiones que están sobrevolando en el debate catalán. Y recordó que la vasca es una transferencia, mientras que en Catalunya se llevará a cabo una “delegación de competencias”, que exige su aprobación por “ley orgánica” en el Congreso, mientras que Euskadi tendrá el traspaso la próxima semana o en los próximos días.
El pacto catalán "pondrá lo que salga" del Congreso
Al ministro le insistieron, con una nueva pregunta, en si la delegación de competencias a Catalunya incluirá todo el espectro de políticas migratorias. Torres repitió que, en ese acuerdo, “se tendrá que poner lo que salga” del Congreso, que cada cual puede tener unas posiciones de “máximos”, ya sea el PSOE o Junts, pero tendrá que reunir una mayoría absoluta del Congreso. “Tendrá que ser aquello que tenga 176 votos”, recalcó, para citar expresamente a formaciones como el propio PNV, BNG, ERC, Coalición Canaria o, “en su defecto, del PP o de Vox hasta 176 votos”. “No es una decisión entre dos partidos”, zanjó.
En cuanto a la transferencia vasca, Torres sí reconoció que era fruto del pacto de investidura con el PNV pero, como resulta obvio, no lo atribuyó a la presión ejercida por los jeltzales ni a que sus votos sean imprescindibles, sino al convencimiento del Gobierno español con esta línea de trabajo. Destacó la “importancia” de unos acuerdos que, a su juicio, fortalecen el propio Estado, porque las comunidades también son Estado. “Ganamos todos. El acuerdo con el Gobierno vasco para los tres traspasos se firmará en la Comisión Mixta en los próximos días, simplemente está ya a falta de poner la fecha. Es un paso más en lo que dice la Constitución y los estatutos de autonomía. Más autonomía no es menos Estado. Estado somos todos: el Gobierno central, las autonomías y las corporaciones locales. Fortalecemos el Estado de las Autonomías fortaleciendo el concepto de Estado”, dijo.
