El recurso contra la Ley de Vivienda estatal presentado por el Gobierno vasco ante el Tribunal Constitucional por vulneración de competencias no es un hecho extemporáneo sino que se imbrica en la propia acción del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, ya que responde a la defensa del autogobierno acordada en el programa de gobierno por el PNV y el PSE. Así lo recordó ayer el parlamentario jeltzale Iñigo Iturrate para responder a sus socios socialistas, que se han manifestado en contra del recurso desde que el domingo se hizo público, una vez expiró el plazo de seis meses para negociar con Moncloa, sin acuerdo.
Iturrate descartó además que este recurso vaya a afectar a la relación entre socios dentro del Gobierno vasco, que “seguirá funcionando con la misma solvencia”. Opinó que se enmarca en “la normalidad de un gobierno de coalición que ha funcionado sin estridencias y que ha resuelto sus problemas sin estar todo el día en la palestra”, dinámica que continuará en las próximas semanas hasta las elecciones autonómicas del 21 de abril.
Ambos partidos han sido “parlamentariamente socios leales con el acuerdo que teníamos y esa lealtad la hemos llevado hasta el final”, ya que las discrepancias se han resuelto internamente “sin añadir más tensión a la ciudadanía”, insistió.
En una entrevista en Radio Euskadi, explicó que “el Parlamento instó por mayoría al Gobierno vasco a realizar un informe sobre si la ley respetaba el ámbito competencial”. En su escrito, “los servicios jurídicos señalaron una serie de artículos que vulneraban la distribución competencial y el Gobierno ha hecho lo que estaba comprometido por programa de gobierno, la defensa del autogobierno vasco”. En concreto, el informe denuncia siete artículos y cuatro disposiciones de la ley.
Por ello, Iturrate argumentó que “no hablamos del contenido de la ley sino del respeto al marco competencial”, un ámbito en el que el Gobierno español, “tanto por la parte socialista como por la parte de la izquierda confederal, han tenido tendencia a desatender el marco institucional y el respeto a las competencias de cada institución”.
Mientras, la parte minoritaria del Ejecutivo vasco siguió expresando sus serias reticencias a este recurso, y el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte, Iñaki Arriola, defendió que la Ley de Vivienda “no impone”, sino que “facilita y permite que las comunidades autónomas adopten una serie de medidas que antes no estábamos facultados para poder hacerlas”. En ese sentido, apeló a ver “qué da de sí el recurso y qué es lo que dice el Tribunal Constitucional”. En declaraciones a los periodistas en Beasain, alegó que el Alto Tribunal “se iba a pronunciar sí o sí” por los recursos que habían presentado otras comunidades autónomas como Catalunya –pese a que ERC apoyó esta normativa en primera instancia en el Congreso– y las que gobierna el PP, como Madrid, Andalucía o Baleares. Arriola concluyó que en su Departamento van a “seguir trabajando” ya que la Ley de Vivienda, “aunque está recurrida, está vigente”.
Desde su mismo partido, el delegado del Gobierno en la CAV, Denis Itxaso, calificó de “mala noticia” la decisión del PNV de recurrir la ley estatal de vivienda porque, a su juicio, “viene a emparentar al Gobierno vasco con el de Andalucía y el de Madrid, que también han recurrido por las mismas razones”. Itxaso, que será cabeza de lista del PSE por Gipuzkoa en la cita con las urnas del 21-A, añadió que no es una cuestión de competencias. “El problema es que no se coincide con la filosofía de esta ley, que está permitiendo que en Euskadi haya ayuntamientos que, de acuerdo con el Gobierno vasco, van a tener más atribuciones”, como el poder declarar las zonas tensionadas de vivienda, señaló.
Ley complementaria
Desde el propio Gobierno español llegó una petición al PNV para que retire su recurso. Fue el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien calificó de “profundo error” esta iniciativa porque la Ley de Vivienda es necesaria, a su juicio, para combatir el coste actual del alquiler, que tachó de “inasumible” para muchos ciudadanos. Reclamó además al PSOE ambición a la hora de desplegar su contenido, sobre todo respecto a la publicación del índice de precios de alquiler.
Toda vez que el Govern de ERC también confirmó el recurso y que Junts denunció desde el mismo inicio la invasión competencial, EH Bildu queda como la única fuerza abertzale que hace seguidismo al discurso del PSOE. Ayer, el diputado de la coalición Oskar Matute defendió que la ley estatal no invade competencias sino que “complementa” la regulación vasca.
La candidata de Podemos a lehendakari, Miren Gorrotxategi, denunció que el PNV “quiere seguir haciendo de la vivienda una mercancía y no un derecho”, y desde el PP vasco, partido que rechaza la ley, su presidente, Javier de Andrés, reiteró que solo conduce a sacar del mercado un alto porcentaje de inmuebles y a encarecer las viviendas, tanto de alquiler como de venta. l
