El año pasado, cuando los partidos aún negociaban la investidura de Pedro Sánchez, el lehendakari recomendó a todas las partes que alcanzaran un acuerdo lo más sólido y detallado posible para que la legislatura española no naufragase poco después de empezar, porque en esta ocasión son necesarios los votos de todos los socios y cualquier tensión podría dinamitar la estabilidad. Y ahora que resurgen las tensiones entre el PSOE y Junts por los casos que cubre la Ley de Amnistía del procés, Iñigo Urkullu vuelve a admitir su “preocupación” por la gobernabilidad.
El lehendakari aclaró que no es posible convocar unas elecciones generales en el corto plazo (la ley obliga a esperar al menos un año desde la anterior disolución de las Cortes, de manera que Sánchez tendría que esperar hasta la última semana de mayo para convocar unas elecciones que tendrían lugar en la segunda mitad de julio). Pero alertó sobre la inestabilidad y, aunque no dio más detalles, comienza a cundir la preocupación por una hipotética paralización de los acuerdos con otros socios, incluidos el PNV y las transferencias del Estatuto de Gernika. Si Sánchez no tuviera demasiada fe en la continuidad de la legislatura o en la aprobación de las Cuentas, podría dejar en el aire lo pactado. La principal duda ahora es qué viabilidad puede tener la legislatura si el PSOE no resuelve su choque con Junts, porque la amnistía es clave para los soberanistas y podría tensionar otras votaciones.
Si se da por bueno que las elecciones vascas tendrán lugar en abril (aunque el lehendakari no lo ha confirmado), unas elecciones generales en julio no afectarían ni contaminarían a la campaña vasca. El escenario sería muy distinto si las vascas coincidieran con las europeas del 9 de junio. Pero, por ahora, la principal preocupación se centra en la tambaleante gobernabilidad. Y, en este terreno, el lehendakari llamó la atención este miércoles sobre el “cambio” de criterio de Junts acerca de la Ley de Amnistía, y deslizó que tendría que tener en cuenta que la norma debe pasar la criba del Tribunal Constitucional español y se cruzará en algún momento con las cuestiones prejudiciales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En respuesta a la prensa en la jornada final de su viaje oficial a Bruselas, Urkullu constató que “no es posible la convocatoria de elecciones generales a corto plazo”. “Tenemos otros retos como el debate de los Presupuestos estatales, donde veremos cuál es la dinámica que quiere implementar Gobierno español después de lo sucedido en el Congreso. En todo caso, sea que la legislatura siga adelante, la estabilidad de la gobernabilidad es lo que me preocupa. Junts ha venido hace semanas diciendo que la proposición de ley era buena, y luego ha ido cambiando el criterio”, dijo, para añadir que será una ley sometida al TC y al TJUE.
Repitió que no sabe “si la legislatura está en riesgo”, porque no se pueden convocar elecciones, pero “sí es preocupante la fortaleza de la gobernabilidad”. “La gobernabilidad tiene que ser fiable y tener estabilidad y no es lo que el martes se garantizó. Pero es algo que compete a Junts y PSOE”, aclaró.
El Gobierno vasco dice que los traspasos no están tan avanzados
Esta inestabilidad se produce en un momento en que estaba pendiente de convocarse la comisión permanente de traspasos para abordar todo el proceso y, además, a la altura de marzo tendrían que pactarse los traspasos de trenes de Cercanías, la convalidación de los títulos universitarios extranjeros y la segunda fase de la acogida a refugiados. La consejería de Olatz Garamendi aseguró a este periódico que el proceso “no está tan avanzado como se quiere hacer ver” desde Madrid y esta semana ha contactado con el ministro Torres porque está a la espera de recibir diversa documentación sobre estas materias y sobre la aprobación del reglamento de la permanente.
Reunión con Aragonès y presión a La Moncloa
En su última jornada de viaje oficial en Bruselas, el lehendakari se reunió también con el president de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, de ERC, con quien coincidió en el foro parlamentario sobre el derecho de autodeterminación. Ambos dirigentes coincidieron en constatar que Euskadi y Catalunya tienen sobre la mesa algunas carpetas que pueden ser similares, como las transferencias de los trenes de Cercanías y tareas relacionadas con la inmigración, donde pueden añadir más presión a La Moncloa.
Urkullu explicó que, en el encuentro, han “compartido la preocupación por la gestión de los proyectos estratégicos con fondos europeos, los Pertes, sobre todo de la industria”, y hay una “reivindicación compartida de la gestión de los Pertes” por parte de ambas comunidades a la que podría darse cauce. También abordaron los “procesos competenciales, en el caso de Euskadi el transporte de Cercanías, y ver cuál es el contenido que en cada una de las dos comunidades ha afectado a esta materia; y la transferencia de la última fase de la acogida e integración social de las personas migrantes”. Aragonès aseguró que se han “emplazado a incrementar la colaboración, el intercambio de experiencias para fortalecer la posición negociadora”, y que tanto el Gobierno vasco como Catalunya están negociando los trenes con el Estado, y el Govern negocia el traspaso del IMV que ya tiene Euskadi.
Por ahora, no hay sinergias concretas, toda vez que, además, la colaboración en el Congreso se produce entre el PNV y Junts, que no está en el Govern. Urkullu y Aragonès también abordaron el protocolo de Urkullu para que los territorios participen en Europa.
