Conmoción en el ajetreado estreno de la votación táctil. En un desaforado intento por demostrar su actual capacidad de influencia en el Congreso y de permanente intimidación al Gobierno Sánchez, Junts ha ido demasiado lejos con su estridente rechazo a la ley de amnistía. Al pegarse un tiro en el pie de su credibilidad votando en contra de unas condiciones que previamente había aceptado, viene a aumentar la agónica incertidumbre de esas 1.500 personas que desde 2017 siguen procesadas por la rebelión del independentismo catalán. Una controvertida decisión, poco comprensible en los pasillos y esquinas de la Cámara, y que, sin duda, no le saldrá gratis allá donde a Puigdemont le importa, en su propia tierra. El anhelo del clan de Waterloo por alcanzar una “amnistía integral que no deje recovecos para la intervención judicial” no ha conseguido sacudirse de ese sabor egoísta que rezuma. Y, como derivada crucial, sumerge al PSOE en una espiral de desasosiego a la búsqueda de nuevas cesiones, que ahora mismo se antojan impensables por la cercanía de las elecciones en Galicia.

La ley de amnistía sigue por la senda de la polémica antes siquiera de existir. La derecha se sigue regocijando con tan emponzoñado panorama. Con derrotas como la de ayer martes –la segunda de trascendencia en menos de 20 días–, el PP cree asistir a otro paso hacia la inmolación del Gobierno. No llegará a tanto. Otra cosa es asistir irremediablemente a la sensación de lógico desgaste al que se ve abocado en un contexto plagado de confusión. A Sánchez y los suyos les espera un mes, como mínimo, lleno de espinas mientras se remienda una ley que se asegure el apoyo sin evasivas finales de 176 diputados. Un auténtico calvario bajo la presión constante de Junts y de las actuaciones judiciales que han cogido velocidad de crucero.

Con esta voltereta política, el análisis político queda encorsetado por el escepticismo y la duda razonable. El camino hacia la solución salomónica asoma intrincado. Muchas voces de distinto pelaje ideológico venían a coincidir, tras recomponerse por el alcance del desenlace, que los supuestos neoconvergentes han ido demasiado lejos en su desaforada presión a Sánchez. De una manera gráfica puede decirse que en esta ocasión han llegado a estirar tanto la cuerda que hasta pudiera romperse. Su ardiente portavoz, Míriam Nogueras, admitió, en cambio, que “asumen el riesgo” de esta vuelta a empezar en el dictamen dentro de la Comisión de Justicia porque no quieren arriesgarse a aprobar un texto que “favorezca a la cúpula judicial española”.

Injerencia judicial

Precisamente la alusión al “torpedeo” y la “prevaricación judicial”, que se detectan desde que empezó a alumbrarse la amnistía como moneda de cambio para conformar un gobierno de izquierdas, fue una constante en la intervención de cada uno de los portavoces que sostienen la mayoría parlamentaria. Incluso la acometida de esta denuncia llegó tan lejos que hubo quien enumeró con nombres y apellidos los diversos autores de flagrantes casos de lawfare. Al oírlo, el PP se revolvió de inmediato porque la presidenta del Congreso estaba consintiendo este “linchamiento” desde la tribuna de oradores. En realidad, esta cascada de censuras evidenciaba una descalificación absoluta hacia la constante intromisión de representantes de la Justicia que, desde luego, ha propiciado un clima de temor –principalmente en Puigdemont y su cohorte– sobre el grado real de salvaguarda que les supone el actual texto. La imperturbable decisión de García-Castellón de aparecer sin desmayo como brazo judicial de cuantos políticamente deploran el perdón a los encausados por el procés y los primeros agujeros procesales de la supuesta connivencia de la trama rusa con la revuelta identitaria han empezado a hacer mella. Por si fuera poco, en este clima intranquilizante para las aspiraciones de quienes ansían el blanqueo de sus imputaciones tampoco puede olvidarse la amenazante vigilancia de las autoridades europeas.

Frente a estas teóricas lagunas sobre las que se sustenta la ostensible negativa de Junts, cabe preguntarse hasta dónde llega la capacidad de maniobra del PSOE para subsanarlas. A tres semanas de las elecciones gallegas, Sánchez solo puede resistirse a la presión que le rodeará sin desmayo. Lo hará rechazando las nuevas exigencias bajo el amparo del decoro constitucional. Una vez que venza este plazo, el escenario puede variar. Será entonces cuando las opciones de un acuerdo tengan más facilidad para acercarse a la mesa de la negociación, donde nada saldrá gratis. Esta sonora bofetada dejará secuelas.