Más allá del debate competencial, que el Gobierno español minimiza y cree que es un ejercicio puramente académico y alejado de las necesidades de los ciudadanos, el debate sobre la Ley de Vivienda estatal ha aterrizado este jueves en los datos concretos y en la efectividad de las políticas. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha comparecido en la comisión del Congreso para explicar sus planes para la legislatura y defender la ley estatal que regula el precio del acceso a los pisos y que fue aprobada en la legislatura pasada con el voto en contra de PNV y Junts. Pero terminó reconociendo que las competencias son “principalmente” de las comunidades autónomas, que algunos de esos territorios ya han actuado y, como novedad, admitió en su discurso inicial que esas comunidades son un “ejemplo” a seguir, lo que la llevó a citar expresamente el caso vasco y las 7.200 viviendas vacías que ha movilizado para el alquiler con el programa Bizigune. Ya en el turno de respuestas, reconoció a Junts que Catalunya también “va por delante” en muchos ámbitos como la regulación de los pisos turísticos. Tras este discurso, queda en el aire cuál es el propósito de la ley estatal, más allá de presionar al PP.
Desde el PNV, Maribel Vaquero, como si la ministra le hubiera dado pie, insistió en que las políticas vascas son “más progresistas” y no necesitan la “tutela del Estado”, menos aún si esa tutela se ha demostrado fallida y, como denuncian los jeltzales y también Junts, ha provocado la retirada de pisos del mercado del alquiler. El porcentaje de retiradas se eleva a un tercio en Donostia, y el portal Tecnocasa ha calculado que más de 100.000 pisos podrían desaparecer del mercado por la inseguridad jurídica o los límites a la subida de precios.
El PNV votó en contra de la ley al detectar invasiones competenciales, y a finales de febrero termina el plazo para que los gobiernos vasco y español pacten una salvaguarda para Euskadi que impida la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero la ley está ya aprobada con el voto a favor de EH Bildu, y el PNV decidió este jueves centrarse en el fondo del debate, en contraponer las medidas vascas con las medidas estatales desde un punto de vista práctico y mirando sus efectos. La ministra, en la réplica al PNV, no quiso abrir el debate sobre la efectividad o el éxito de la ley estatal, aunque ella misma había reconocido unos minutos antes las bondades de los planes vascos. Por ello, matizó que “no puede ser que todos los males de este país se deban a una ley que lleva en vigor ocho meses”. No quiso cuestionar el sentido o la pertinencia de una normativa española.
"Algunas comunidades hacen ya buenas prácticas"
La comparecencia arrancó con Isabel Rodríguez invocando su “respeto” al título octavo de la Constitución española, sobre la arquitectura autonómica. Admitió que las competencias son “principalmente” de las comunidades autónomas. Al reconocer esas competencias, no pudo hacer otra cosa que no fuera apelar a la colaboración. Por ello, pidió acuerdos por encima del “ruido” político y aspiró a una “alianza de país”. En ese sentido, antes incluso de que tomara la palabra el PNV, la ministra llevó a su discurso inicial un elogio para las políticas vascas de vivienda, que es verdad que han sido gestionadas por el socialista Iñaki Arriola en el Gobierno vasco en los últimos años, pero que se remontan a tiempos previos. En concreto, defendió la colaboración público-privada y puso “como ejemplo” el programa del Gobierno vasco para movilizar viviendas vacías y destinarlas al alquiler asequible, darles un uso social, garantizar al propietario el cobro de una renta y devolverle la casa en buen estado. Contabilizó 7.200 viviendas movilizadas para el alquiler social. “Algunas comunidades autónomas están haciendo ya buenas prácticas”, admitió.
Rodríguez se apoyó en ese Estado descentralizado para apostar por “tomar ejemplo” de las comunidades y extender esas políticas a otros territorios. También confirmó que en febrero se aprobará el nuevo índice de precios. Pero su intervención, como le afeó el PNV, se centró más en repasar lo ya hecho y no en aclarar demasiado los planes del futuro.
Sin "demagogia" ni "atajos"
Vaquero quiso aclarar, frente a las voces que acusan al PNV de parapetarse en el autogobierno para no actuar, que su grupo “defiende la intervención en desarrollos legislativos, siempre que sea realizada por quien tiene la competencia, con políticas reales que incidan en los precios y que estén adaptadas a los territorios”. “Estamos preocupados y ocupados”, “estamos comprometidos con la problemática y el PNV estará para colaborar para que el derecho sea una realidad y no una utopía”, puntualizó, pero frente a los “atajos y la demagogia”, reivindicó las políticas desplegadas durante años en Euskadi.
Frente a una ley estatal que ha provocado que “los propietarios hayan retirado del alquiler sus viviendas y hayan optado por la venta”, el PNV defiende el marco competencial y la Ley de Vivienda vasca. Fue aprobada en 2015 sin el voto del PNV, pero los jeltzales la hacen suya ahora para defender la autonomía del Parlamento Vasco. Vaquero aseguró que Euskadi no necesita ser tutelada, y que su ley es “más progresista”. Vaquero siguió denunciando que hay invasión competencial, pero la ley estatal “está aprobada” y ahora se mantiene a la expectativa para ver cómo se desarrolla y qué sucede con los recursos. Recordó que el lehendakari Urkullu ha anunciado que la aspiración es que el Gobierno vasco gestione en tres años el 10% de las viviendas.
