La literalidad de la ley de amnistía afecta a aquellas personas que han sido procesadas por el procés catalán que vivió su momento álgido en 2017, ya sean en torno a 300, como calcula el PSOE, o más de mil, según la estimación de Junts. Sin embargo, mirando esta norma con gran angular, puede suponer una puerta abierta a muchos más logros. “Lo que no está prohibido, es posible”, ha concluido el lehendakari Iñigo Urkullu respecto a una medida de gracia que los dirigentes del PSOE han pasado de demonizar durante toda la legislatura a defenderla a capa y espada, y que ha posibilitado la investidura de Pedro Sánchez como presidente español.
Según su parecer, la misma “abre una vía al reconocimiento efectivo de la plurinacionalidad del Estado, el reconocimiento de la realidad nacional vasca, la normalización de las relaciones institucionales bilaterales y la apertura de nuevos cauces de expresión a las voluntades sociales mayoritarias en relación al futuro político de nuestro país”. Este horizonte de posibilidades se presenta, además, cuando la recién estrenada legislatura en el Estado está llamada a ser la de la apertura del debate territorial, con todas sus consecuencias.
El propio Sánchez se abrió a explorar esta vía el pasado jueves, día de su investidura, en su réplica a los requerimientos de los grupos vascos en el Congreso; eso sí, aludiendo al marco que establece la Constitución. “Espero que así sea”, tomó partido ayer Iñigo Urkullu en el pleno de control del Parlamento Vasco, en respuesta a una pregunta de Vox sobre la ley de amnistía en la que denunciaba que la misma “quiebra principios democráticos esenciales” y acusaba al PNV de ser “cómplice y colaboracionista” de su aprobación. El lehendakari le dio la vuelta a este argumento y comenzó resaltando que, si fuera debatida en el Parlamento Vasco, esta ley “contaría hoy con el aval de más del 90%” de los representantes de la Cámara.
Urkullu llamó a “abordar el fondo del problema político” y defendió que “el medio para resolver ese problema no puede ser la judicialización, la crispación y el choque de trenes permanente”. A su juicio, la vía para encauzar este conflicto es “el diálogo y la negociación política”, de cara a lograr “un acuerdo institucional, político y social que favorezca la convivencia”.
Por ello, manifestó que el melón abierto por esta ley “debe ser de aplicación a una mirada más profunda y que vaya más allá de la elección de un presidente”. Insistió en que “otorga a la política una oportunidad para reiniciar un proceso y un proyecto de convivencia y normalización por medios democráticos”.
Sublevación
El lehendakari advirtió además de que la Constitución, los principios democráticos y la convivencia “están mucho más amenazados” en el Estado español por “la reacción de la extrema derecha” que por el contenido de la proposición de ley de amnistía. Acusó por ello a Vox de estar “alentando una sublevación callejera que se salta todas las reglas democráticas, sus principios y procedimientos”. l
