El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado por los ERE, ha renunciado a su petición de suspender cautelarmente su ingreso en prisión que había realizado al Tribunal Constitucional, pero no así el resto de los condenados, cuyas medidas resolverá la próxima semana el Pleno.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que Griñán ha desistido de su petición cautelar, una vez que la Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado suspender por un plazo de cinco años la ejecución de la pena privativa de libertad debido a la enfermedad que padece, si bien mantiene su recurso contra su condena a seis años de prisión por malversación y prevaricación.

El Constitucional ya había rechazado suspender de forma cautelarísima su ingreso en prisión al no apreciar razones de urgencia para adoptar esta medida y prefirió oír a las partes - Griñán, la Fiscalía y la Abogacía del Estado - antes de tomar una resolución sobre la suspensión.

Aunque Griñán ha renunciado, no lo han hecho así el resto de los condenados y, de hecho, el Pleno tiene previsto resolver sus cautelares sobre la suspensión de sus condenas la próxima semana, añaden las fuentes.

Esta cuestión se tramita al margen de los doce recursos que fueron admitidos a trámite porque el tribunal considera que "no se puede descartar la verosimilitud de las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas por los recurrentes".

Al respecto, apreció como motivos de especial trascendencia constitucional que los recursos de amparo plantean problemas jurídicos que afectan a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina constitucional.

Y, además, porque el asunto trasciende del caso concreto, debido a que "plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y que tiene unas consecuencias políticas generales".

El expresidente Griñán es el único de los ex altos cargos de la Junta condenado a prisión que permanece en libertad, tras el ingreso el pasado 11 de abril en la cárcel Puerto III de El Puerto de Santa María (Cádiz) del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, también enfermo de cáncer, para cumplir su condena de siete años.