DEIA y Grupo Noticias realizaron en 2011 una investigación que puso de relieve la falta de control con la que se gestionaban unos fondos que, en teoría, deberían haber servido para contribuir al desarrollo agropecuario y social de este municipio, situado a 216 kilómetros de Managua, en el extremo norte del país. 

En este reportaje analizamos las personas, entidades y momentos claves de todo el proceso, desde finales de los 90 hasta la actualidad, cuando tras años negando las acusaciones, la socialista Ana Urchueguía ha reconocido los delitos de malversación y prevaricación por la gestión de los fondos de cooperación.

Cambio de siglo

Del hermanamiento a la cooperación

La historia que une Lasarte-Oria con Somoto comenzó el 19 de mayo de 1997, cuando el Pleno Municipal del municipio de Buruntzaldea, en una sesión extraordinaria, acordó formalizar el “hermanamiento” con Somoto. La firma del documento se hizo efectiva el 14 de junio de ese mismo año. Para entonces, Ana Urchueguía llevaba diez años como alcaldesa del municipio, que había sido creado en 1986 y que, durante su primer año hasta la celebración de las elecciones, contó con una comisión gestora que también presidió la socialista. Conocía el Ayuntamiento y tenía un gran apoyo entre la ciudadanía. De hecho, Urchueguía nunca perdió ninguna de las elecciones municipales a las que se presentó hasta su dimisión en 2010. 

El comienzo

OHLOS, CDC y Asodecom

Estas tres entidades fueron las principales destinatarias de las ayudas de cooperación de Lasarte-Oria como contrapartes en Nicaragua. Fue el desastre del huracán Mitch en 1998, que dejó 4.000 muertos en el país centroamericano, el que desató una ola de solidaridad mundial que en Lasarte-Oria dio pie a una partida de dinero destinado a la cooperación que se iría repitiendo y aumentando año tras año. Para gestionar los proyectos que supuestamente se iban a financiar con el dinero enviado desde Gipuzkoa, se creó la Oficina de Hermanamiento de Lasarte-Oria (OHLOS) en 1998. 

Esta entidad ingresó más de un millón y medio de euros de los lasarteoriotarras en cuentas gestionadas por personas particulares, entre ellos estaba quien sería el administrador de los terrenos que Ana Urchueguía llegó a adquirir en Nicaragua. La segunda entidad en cuestión es la Comisión de Desarrollo Comunitario, Ayuda al Campo (CDC), desaparecida en 2001 tras recibir 75.591,43 euros. 

La CDC estuvo desde sus inicios adscrita a la propia Alcaldía de Somoto. Pero en el año 2000 hubo dos acontecimientos que marcarían el devenir del caso Somoto. 

Por un lado, Marcio Rivas, hasta entonces concejal por el Frente Sandinista en Somoto y quien mantenía una relación sentimental con Ana Urchueguía, perdió las primarias de su partido frente a Douglas Prado, quien se convirtió, posteriormente, en alcalde del municipio. 

Tras verse fuera del Ayuntamiento y perder el control de los fondos de cooperación que hasta entonces había mantenido como presidente de la comisión, Rivas, el 22 de diciembre de 2000, creó Asodecom bajo el auspicio de Lasarte-Oria y con él como presidente. Poco después, desapareció formalmente la CDC y Asodecom asumió, gracias a un resquicio legal que el propio Rivas hizo saber a Urchueguía, el control de todos los bienes de la CDC. 

Entre 2000 y 2007

Años de calma hasta que se desata la tormenta

Entre 2000 y 2007 la vida siguió más o menos placentera a ambos lados del océano. El 18 de noviembre de 2002, la socialista adquirió una casa en la comarca de Aguas Calientes, en el Departamento de Madriz, cuya cabecera es el municipio de Somoto. 

Al año siguiente, en las elecciones municipales de 2003, revalidó su liderazgo en Lasarte-Oria con el 53,91% de los votos. Su triunfo fue incontestable, aunque todavía, salvo algún informe municipal, nadie ponía en duda lo que se estaba haciendo en tema de cooperación. 

En Nicaragua, por su parte, Marcio Rivas también prosperaba. Al menos esos primeros años, porque las sospechas de corrupción le llegaron en 2004, año electoral, desde su propio partido. Octavillas acusándole de corrupción no impidieron que, en noviembre de 2004, en unas elecciones municipales a las que Urchueguía acudió junto con otros dos miembros de su equipo de gobierno, Lourdes Acevedo e Iñaki Mujika, como observadora internacional, Rivas se convirtiera en alcalde de Somoto. Su programa electoral no tenía parangón. Prometió el dinero de la cooperación que enviaba, no solo Lasarte-Oria, sino también otros municipios vascos; y además se vendió como un gestor municipal que les salía gratis a los somoteños porque ya cobraba un sueldo como presidente de Asodecom, entidad que asumió la gestión de 482.162,97 euros enviados desde Lasarte entre 1997 y 2008. 

2007

“Roma no paga a traidores”

Con esta frase respondió Urchueguía a las primeras acusaciones públicas de corrupción que se hacían contra ella en medios de comunicación del Estado. Su imagen comenzó a deteriorarse, pero no lo suficiente como para perder en las elecciones de mayo de 2008, cuando logró un nuevo triunfo, pero esta vez sin mayoría absoluta, al obtener el 39,85% de los votos. 

Seguía teniendo el apoyo social, y tres meses después de los comicios Urchueguía realizó una maniobra que unos años después la pondría en el disparadero de la opinión pública. 

En agosto de 2007 la entonces alcaldesa de Lasarte-Oria compró una finca de un millón de metros cuadrados en el municipio de Las Sabanas, a 24 kilómetros de Somoto. El terreno pertenecía desde 2004 a la propia Asodecom. Es decir, adquirió una de las mayores fincas de Nicaragua que había sido comprada, a su vez, por la ONG con el dinero que recibía de cooperación y cuya fundación había sido propiciada por la propia Urchueguía. Pero de esta finca nada se supo hasta 2011. 

Así, las acusaciones de corrupción desembocaron en una moción presentada por la oposición en diciembre de 2007 en la que se pedía la dimisión de Urchueguía y la creación de una comisión de investigación. Los votos del PSE, EB y PP impidieron que prosperase. 

A partir de 2011

Cambio de gobierno, vía judicial y condena

Hubo que esperar hasta las elecciones de 2011, con Bildu al frente del Gobierno municipal, para que fuera el Ayuntamiento de Lasarte-Oria el que diera comienzo a una vía judicial con vaivenes, retrasos, olvidos e incluso carpetazos. Porque el PSE volvió a gobernar cuatro años después Lasarte-Oria y Ana Urchueguía también volvió a negar, ya en sede judicial en 2015, cualquier relación con los delitos de los que se acusaba. Finalmente llegó el anuncio de la apertura del juicio oral que Ana Urchueguía ha tratado de evitar ahora admitiendo los delitos que durante años negó sin ningún tipo de dudas.