El plan de Pere Aragonès bajo los parámetros de un acuerdo de claridad que permita poner encima de la mesa en 2024 una propuesta de referéndum ya ha recibido el portazo por parte del Ejecutivo español solo 24 horas después de ser lanzado. La llamada vía canadiense del Jefe del Govern, que tampoco seduce a buena parte del independentismo porque significa enterrar el mandato del 1-O, no tiene muchos visos de prosperar pese a que Pedro Sánchez pueda seguir al frente de La Moncloa. No digamos ya si PP y Vox se hicieran con el poder en las próximas elecciones generales. La ministra María Jesús Montero fue ayer muy tajante al respecto: “Con Pedro Sánchez de presidente no va a haber referéndum de autodeterminación. Lo hemos traducido en todos los idiomas posibles y lo sabe el Gobierno de Catalunya. El líder de ERC, sin embargo, no quiso darse por aludido. “Todas las negociaciones empiezan con un no, todas han empezado con un no y todas las del futuro empezarán con un no. Es el primer paso para empezar a hablar. Nosotros estamos por una solución democrática, en la cual la mayoría de la ciudadanía catalana se sienta representada”, justificó el president.
El Gobierno del Estado no hace sino ratificar sus pronunciamientos al respecto desde que incluso ambos gabinetes acordaran sentarse en una mesa de diálogo que, a día de hoy, carece de fecha para reproducirse. El planteamiento de Aragonès “está contra la Constitución, no tiene ningún tipo de sustento y, por tanto, siempre hemos dicho que cualquier medida y acuerdo que plantee Catalunya tiene que seguir fielmente los elementos constitucionales”, consideró la titular de Hacienda y Función Pública, quien subrayó que, a diferencia de otros gobiernos, “este no practica la política de avestruz”, en alusión al Ejecutivo de Mariano Rajoy. “La política está para dar soluciones útiles a la gente, no para estar en cuestiones que pretenden distraer y que están fuera de la Ley”, zanjó Montero. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se pronunció en la misma línea acusando al dirigente republicano de pretender retornar “al bucle que fraccionó la sociedad catalana e hizo perder una década” a Catalunya, con una propuesta “poco útil y nada realista”. “El Gobierno tiene claro lo que quiere hacer y pasa por el acuerdo, el diálogo, la oportunidades de empleo, de inversiones, por las empresas que invierten en Catalunya y que crean oportunidades de riqueza, crecimiento económico y empleo”, señaló en un discurso principalmente sectorial. “Desde luego, ninguna propuesta que sea volver al pasado, que fraccione y tensione a los catalanes, y que cronifique” esta diatriba, reiteró.
Aragonès explicó el pasado martes que el Govern encargará próximamente a un consejo académico “plural” un informe que plantee “fórmulas democráticas” para “resolver el conflicto político en Catalunya”, y que luego se someterá a debate. El consejo redactará el informe este mismo abril, a partir de media docena de preguntas que le planteará el Ejecutivo catalán, y sus conclusiones se debatirán luego en tres espacios: una mesa de partidos, debates con la sociedad civil organizada y ocho focus groups de cien ciudadanos, uno por veguería (jurisdicción administrativa). El president replicó a Moncloa que “nadie debe tener miedo a dialogar para llegar a acuerdos”, por lo que restó importancia a su negativa e insistió en “tender la mano a todo el mundo”, tanto “internamente” a los grupos del Parlament como también al Estado y las instituciones internacionales. “Se debe dar respuesta a los problemas. Hacer ver que no existen no hace que los problemas desaparezcan”, ilustró.
PSOE y la derecha, de la mano
No obstante, enfrente tendrá también a la derecha pero no solo a ella, ya que sectores del PSOE se oponen de plano a esta senda. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, avisa a su homólogo catalán que si llega a plantear de nuevo la opción de convocar un referéndum, la región castellanomanchega será “la primera” en acudir al Tribunal Constitucional a presentar recurso contra esa decisión. Por su parte, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, advirtió del riesgo que puede suponer que Sánchez “ceda a la hoja de ruta” independentista porque “el chantajista nunca se conforma con el primer pago”, y ya se halla exigiendo el cobro del “cuarto” al Gobierno socialista, censurando así la concesión de indultos a los condenados del procés, la reforma del delito de la sedición en el Código Penal y el “abaratamiento” del de la malversación. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, emplazó a Sánchez a aclarar qué va a hacer porque a ella no le sorprende la posición de Aragonès: “Forma parte de la hoja de ruta de los independentistas, que dijeron lo volveremos a hacer”.
