En los próximos meses, los gobiernos vasco y español tendrán entre manos otra negociación por invasión competencial. La referencia de los asuntos tratados ayer martes en el Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez recogía un “acuerdo por el que se da contestación al requerimiento de incompetencia formulado por el Gobierno del País Vasco”, en relación con la orden HFP/55/2023, de 24 de enero, sobre una herramienta informática que impone el Estado para repartir los fondos europeos. Este periódico se puso en contacto con el Ministerio de Política Territorial que dirige Isabel Rodríguez para conocer el sentido de esa respuesta a la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, que había pedido derogar o cambiar esa orden estatal. Por lo que parece, se mantiene viva la discrepancia y se invita a Euskadi a resolverla en la Comisión Bilateral.

“Tenemos la máxima confianza con el Gobierno vasco. Nos encontramos en un proceso de colaboración normativa. Por tanto, la respuesta del Gobierno de España es canalizar el diálogo a través de los cauces de comunicación, ya abiertos en el seno de la Comisión Bilateral, donde se resuelven estas diferencias, a raíz de la discrepancia planteada por el Gobierno vasco en el TC contra la disposición adicional 112 de los Presupuestos, que es la norma que ampara dicho sistema”, dicen en el Ministerio.

Garamendi autorizó en marzo a presentar un recurso porque el Estado impone una herramienta informática para conceder los fondos europeos, y da atribuciones a sus comités antifraude para estudiar si un cargo público debe hacerse a un lado por conflicto de intereses. Aparece en la Ley de Presupuestos. El programa Minerva figura también en una orden de desarrollo, ante la cual Garamendi envió un requerimiento para que el Estado la derogara o cambiara (rara vez sucede). A partir de ahí, ya podría plantear un conflicto al TC. Antes de ir al TC, el procedimiento obliga a negociar en la Bilateral. La respuesta del Estado confirma que la disputa sigue.