La política de alejamiento de los presos de ETA ha llegado a su final y, en este nuevo escenario, ha vuelto a aflorar en el debate político como asignatura pendiente el reconocimiento del daño injusto causado por la organización ya disuelta y desarmada. PNV, PSE, Elkarrekin Podemos-IU y PP coincidieron este sábado en pedir a la izquierda abertzale que acompañe este nuevo escenario con más pasos por su parte en lo que respecta al reconocimiento del daño ocasionado a las víctimas. EH Bildu, sin embargo, esquivó esta presión y situó el foco en otra clase de pasos, en “vaciar las cárceles de presos”. Además, cree que, si se deben exigir “responsabilidades” a alguien, es a quienes han impulsado la política de alejamiento, entre los cuales sitúa no solo al Gobierno español, sino al PNV, a quien acusó de haber desempeñado un papel en lo sucedido, pese a la apuesta pública del partido jeltzale por la aplicación de una política penitenciaria humana y que no supusiera un castigo para las familias que tenían que visitar a los reclusos.
Tras el traslado de los cinco últimos presos que cumplían condena fuera de la comunidad autónoma vasca y Nafarroa, el PNV pidió el viernes un ejercicio de autocrítica y lo volvió a reiterar por boca del presidente del EBB. Andoni Ortuzar aseguró que aún faltan “algunos pasos”, como el reconocimiento del “daño injusto causado” por parte de estos presos y de su entorno político, ante las víctimas y la sociedad. “Sería un paso importantísimo para la convivencia”, dijo. Representantes del Parlamento Vasco en la tertulia de Radio Euskadi, recogida por Europa Press, coincidieron en el mismo planteamiento.
El socialista Ekain Rico vio “inteligente y legal” que los presos cumplan condena en cárceles vascas para que vean que la Euskadi de hoy “nada tiene que ver con el proyecto totalitario que quisieron imponer”, y aclaró que no se podrá dar por cerrado el ciclo del terror sin antes atender peticiones como las formuladas por los familiares de los tres jóvenes gallegos asesinados por error hace 50 años al otro lado de la muga, unos familiares que aún siguen sin conocer el paradero de sus cuerpos. Desde Elkarrekin Podemos-IU, David Soto se felicitó por estos pasos que facilitan la convivencia y la normalización política, pero pidió a la izquierda abertzale que “continúe dando pasos en lo que respecta a la condena de lo que fue la violencia de ETA”. Desde el PP, Muriel Larrea reconoció que, “guste más o menos”, hay que “cumplir la ley”, y que, si están en Euskadi, “será acorde a la ley”, pero pidió “poner el foco en la memoria y en que unos pocos en nombre de todo el pueblo se dedicaron a asesinar”.
El contrapunto lo puso EH Bildu. Iker Casanova situó los pasos pendientes en otro frente, en la puesta en libertad de los presos. “En un camino hacia la plena normalidad y convivencia, el siguiente paso es conseguir que no haya ninguna persona en prisión en relación a este conflicto. Creemos que se dan las circunstancias para que todas ellas puedan progresar hacia situaciones de libertad”, expuso, para añadir que es “un día para comprometerse, para seguir peleando hasta vaciar las cárceles de presos relacionados con el conflicto vasco”.
La demanda de la excarcelación de los presos, a diferencia del acercamiento, no goza de consenso social porque a unos les suena a impunidad y, a otros, a falta de empatía. Es cierto que aún se mantienen leyes ad hoc que alargan la estancia en prisión, como la ley estatal 7/2003 del cumplimiento íntegro de penas que las eleva hasta los 40 años, y la Fiscalía está poniendo obstáculos a las progresiones de grado que proponen las propias cárceles vascas, pero la petición genérica de vaciar las cárceles se ha recibido con suspicacias como un intento de esquivar la preceptiva autocrítica como muestra de reinserción, o como si se olvidara la necesidad de cumplir pena por los atentados.
Casanova defendió que, si se deben pedir responsabilidades a alguien, es a quienes han impulsado el alejamiento, “una de las expresiones de violencia más injustas de este conflicto”. Pidió al PNV que reconozca el papel que a su juicio tuvo en la puesta en marcha de la dispersión, y aseguró que ha habido “una pluralidad de violencias” y “quien ha tenido impunidad ha sido el Estado”. Este choque no es nuevo, y Sortu viene defendiendo todos estos meses que ya ha hecho autocrítica con declaraciones como las de Aiete. La jeltzale Leixuri Arrizabalaga lamentó que Bildu pierda la oportunidad de dar pasos. Desde el Gobierno, Bingen Zupiria opinó que el fin del alejamiento es un paso para “avanzar en la convivencia”.
