Tras la tormenta, llegó la calma. Los miembros del Consejo de Gobierno del PNV y el PSE, con el lehendakari, Iñigo Urkullu, a la cabeza, hicieron ayer martes causa común para atajar cualquier polémica respecto al macrocentro de acogida de refugiados proyectado por el Ministerio de Migraciones en Gasteiz. Un asunto que ha supuesto la confrontación de dos modelos diferentes de gestionar las políticas migratorias, el del Gobierno vasco y el del Ministerio que lidera José Luis Escrivá, y que ha provocado el cruce de duras acusaciones, con el cenit en la afirmación del secretario general del PSE, Eneko Andueza, de que el PNV despliega un discurso “xenófobo”.
Después de que el lehendakari respondiera el lunes al dirigente socialista que “hay cosas que duelen por injustas” e hiciera un llamamiento a “la responsabilidad que a cada uno nos corresponda” de cara a evitar “alimentar crispaciones absolutamente innecesarias”, el Consejo de Gobierno trató ayer martes este asunto y llegó a un consenso para no seguir contribuyendo a esta controversia. Así lo afirmó el portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, que en la rueda de prensa posterior dijo que “la posición común que trasmito en nombre del lehendakari y de todos los consejeros es nuestra voluntad de no suscitar ninguna polémica pública en torno a esta cuestión”.
Las razones que esgrimió para ello coinciden con el argumentario que ha venido desplegando la formación jeltzale en las últimas semanas. Así, Zupiria recordó que el acuerdo de gobierno alcanzado por los dos partidos en 2020 recoge un apartado dedicado a la migración, y que su contenido “compromete y une” a todos los integrantes del gabinete de Iñigo Urkullu. Añadió que las instituciones vascas están comprometidas con el diseño de un “modelo vasco de acogida y atención” a estas personas. Consideró por ello necesario “buscar el acuerdo” con Moncloa en aspectos que incluyen desde la acogida hasta la inserción laboral de los migrantes que llegan a Euskadi.
“Todos somos conscientes de las tensiones que los diferentes procesos migratorios en toda Europa provocan en nuestras sociedades”, explicó el portavoz. A continuación recordó la llegada de solicitantes de asilo que se ha producido en las últimas décadas como consecuencia de conflictos como los de los Balcanes, Afganistán o Ucrania, así como a la llegada de migrantes, incluidos menores de edad no acompañados, por causas económicas.
La formación jeltzale ha expresado su rechazo al centro de 350 plazas que Moncloa pretende ubicar en la antigua clínica Arana, edificio propiedad del Estado, al ser partidaria de centros de una menor dimensión y repartidos en distintos puntos. Unas posturas contrapuestas que han suscitado un cruce de reproches entre el PNV y el PSE y entre los ejecutivos español y vasco.
Reunión Con Escrivá
En su comparecencia, Bingen Zupiria afirmó que “más allá de la polémica”, buena parte de las cuestiones relacionadas con la migración son de competencia estatal, muchas de las políticas que se derivan de los procesos migratorios corresponden al Gobierno vasco, como las relacionadas con la sanidad o la educación, o a las diputaciones forales, en el caso de la atención a menores de edad.
Todo esto “exige un diálogo permanente entre instituciones mayor que en el que en estos momentos se está dando”. El portavoz del Ejecutivo vasco precisó que ese diálogo “de alguna manera existe”, dado que el pasado noviembre el lehendakari mantuvo un encuentro con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. En esa reunión se planteó la “conveniencia” de abordar la transferencia a Euskadi de las competencias relacionadas con las migraciones que pudieran “corresponderle” en función del Estatuto de Gernika.
Respecto al proyecto del centro de acogida de Gasteiz, subrayó que el inmueble en el que está previsto ubicarlo es propiedad del Estado, y que “mientras no cambien las cosas”, la cuestión migratoria es competencia de la Administración estatal, que “decidirá lo que tenga que decidir”. En todo caso, reiteró su apuesta por “el diálogo y la colaboración” para todas las cuestiones relacionadas con las migraciones y la acogida, sobre las que aseguró que hay aspectos que se han de “mejorar”.
Mano tendida
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno también compareció el secretario general de Transición Social y Agenda 2030, Jonan Fernández, quien explicó que en la segunda mitad de 2018, siendo entonces secretario general de Derechos Humanos, llegaron a Euskadi unas 6.000 personas migrantes en tránsito hacia Francia. Por ello, Lakua solicitó recursos a distintas instituciones, incluido el Gobierno español, para hacer frente a esta situación.
En respuesta, Moncloa “ofreció” la residencia de Arana en Gasteiz, donde ahora se prevé instalar el centro de acogida, para albergar temporalmente a migrantes en tránsito. Sin embargo, tras una visita a dicho edificio, el Gobierno vasco consideró que “no era adecuado y no se podía utilizar, sobre todo a corto plazo, ese recurso para ese fin”, zanjó.
Ayer martes en el Congreso, el portavoz del Grupo Vasco Aitor Esteban aprovechó una intervención para “tender la mano” al presidente español, Pedro Sánchez, en esta cuestión. “Usted se comprometió con su firma en el pacto de investidura a eliminar conflictos con el Gobierno vasco llegando a acuerdos previos. Le invito al diálogo”, aseguró.
