Después de que el lehendakari consiguiera abrir un canal de diálogo con el ministro José Luis Escrivá para la transferencia de inmigración a Euskadi, con el objetivo de gestionar desde las instituciones vascas las autorizaciones iniciales de trabajo de las personas que llegan desde otros países, el Ministerio no se ha movido para activar el grupo técnico de diálogo sobre esa materia. Además, a pesar de que el Estado supuestamente ha abierto una rendija para el traspaso, sigue dando pasos unilaterales en las políticas migratorias que entran en colisión con el modelo vasco de acogida y lo condicionan a futuro. En concreto, ha licitado las obras de reforma para abrir un macrocentro para refugiados en Gasteiz en el edificio de la antigua clínica Arana, a sabiendas de que cuenta con el rechazo de la parte vasca.
El Gobierno vasco, al igual que el Ayuntamiento que lidera Gorka Urtaran, cree que ese centro choca frontalmente con su modelo vasco de acogida de los refugiados en comunidad, integrados en la sociedad vasca. El centro que proyecta la Secretaría de Estado de Migraciones es un edificio gigantesco con capacidad para 350 personas que podrían pasar como mínimo medio año entre sus cuatro paredes, y se arriesga a convertirlo en un gueto a las afueras de Gasteiz. Para más señas, la comisaría de Extranjería se traslada a esa zona, lo que podría proyectar un modelo basado en el control y no tanto en la integración.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo de Urkullu, Bingen Zupiria, ha recalcado este martes que este centro "no casa" con el modelo vasco, y ha exigido que se active "cuanto antes" el grupo de trabajo para negociar la transferencia de migración, con el objetivo de abordar esta cuestión desde unas políticas propias y atendiendo a las situaciones individualizadas de cada persona, buscando también viviendas para las familias y diseñando procesos personalizados. Se trata, asimismo, de facilitar el acceso al mundo del trabajo. Esta posición la conocía ya el ministro Escrivá por boca del Gobierno vasco, que se la hizo saber el año pasado. Es decir, el Gobierno vasco le había comunicado de manera expresa su rechazo. La siguiente noticia que ha recibido el Ejecutivo de Urkullu es la decisión de licitar las obras para rehabilitar el edificio, que además le ha llegado a través de los medios de comunicación.
El Gobierno vasco ofrece ya 170 plazas y hay 95 en viviendas
El modelo de acogida que se defiende desde la consejería de Políticas Sociales de Beatriz Artolazabal se basa en una acogida en comunidad. Es cierto que no sería el primer centro de refugiados en Euskadi, pero los que existen tienen características muy diferentes y una dimensión menor. Aunque es competencia del Ministerio, desde el Gobierno vasco se ofrecen ya tres recursos para refugiados: en Tolosa y Oñati de la mano de Zehar Euskadi, y en Berriz, con Suspergintza, con un total de 170 plazas. A todas ellas hay que sumarles las 70 plazas en vivienda del programa Harrera y las otras 25 del programa Patrocinio Comunitario. Existe una red que suma los esfuerzos del tercer sector social, y de entidades como Cáritas. Otro debate diferente sería si se necesitan más centros, pero lo que se rechaza es que se apueste por los macrocentros.
El que proyecta el Gobierno español en Gasteiz tiene además otros problemas relacionados con la aluminosis, de manera que el Estado tendrá que embarcarse en una obra de considerables dimensiones para rehabilitar un edificio enfermo. Es decir, en forma y fondo, la elección de este centro se perfila ya como una fuente de contratiempos de todo tipo. Lo que ha trascendido en público es que se han activado 14 millones de euros, y ya han comenzado las visitas de las empresas para comprobar la situación del edificio. Lleva inutilizado desde 2013 y la Diputación de Araba, en su momento, no vio viable darle otros usos o reactivarlo como residencia, que fue el cometido que tuvo en sus últimos compases de vida.
El Estado tiene la sartén por el mango porque la competencia sobre inmigración es suya y, además, el edificio en cuestión es propiedad de la Seguridad Social. El alcalde Gorka Urtaran también comunicó en su momento su rechazo al Estado, y le instó a que contactara con el Gobierno vasco porque la competencia no es municipal. Este es uno de los ocho centros de acogida internacional que proyecta el Gobierno de Sánchez en el Estado.
Compromiso del lehendakari con la acogida
Zupiria puso en valor el compromiso del Gobierno vasco con los refugiados. Esta apuesta la ha liderado el propio lehendakari en sus viajes oficiales y en su interlocución con Europa para que Euskadi sea tierra de acogida. El Gobierno vasco se ha ofrecido con los casos de Siria y Ucrania, pero Zupiria recuerda también que Euskadi ha exigido el traspaso de migración y está pendiente de que el Gobierno español responda y se pueda constituir el grupo de trabajo para facilitar el acceso a un contrato de empleo a esas personas. "Sería importante profundizar cuanto antes en esas conversaciones", ha zanjado.
El lehendakari trasladó esta demanda a Escrivá en su reunión del 14 de octubre del año pasado. Después de esa cita, tuvieron lugar un par de encuentros en los que participaron Artolazabal y la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi. Por un lado, se concretó la petición de acceder a la competencia y, por otro, Escrivá facilitó información sobre el macrocentro que plantea. El Gobierno vasco expresó "en todo momento" su posición, que por lo visto ha sido ignorada por el Estado. El Gobierno vasco recalca que, si hay "voluntad" de abordar el traspaso, el calendario electoral no es excusa.
El PNV pregunta en el Congreso y el Senado
El PNV ha registrado una batería de preguntas por escrito al Gobierno español por esta polémica en el Congreso de los Diputados y en el Senado, con la intención de que aclare la información conocida a través de varios medios de comunicación. El diputado Iñigo Barandiaran y la senadora Nerea Ahedo ven con “preocupación” este proyecto y critican su unilateralidad. Preguntan al Gobierno español si puede confirmar la veracidad de las informaciones que hablan de un procedimiento de licitación para remodelar el edificio de la clínica Arana y reconvertirlo en un centro de acogida de refugiados, señalar qué información ha facilitado a las instituciones vascas, si puede concretar las negociaciones entabladas con las entidades e instituciones vascas, si puede señalar qué evaluación ha hecho para determinar la necesidad de un centro de estas características, y si son ciertas las informaciones sobre su coste global. En ese sentido, consta que la Secretaría de Estado de Migraciones ha licitado el proyecto por 982.010 euros, y que la financiación global será de 14,1 millones.
Cuando se produzca la transferencia de inmigración, si es que llega a producirse en el escaso año que le queda por delante a la legislatura estatal, la parte vasca vería qué hacer con estas obras en el edificio de la clínica Arana. Por ahora, el Estado, si no rectifica, está condicionando el modelo vasco.
