El Gobierno vasco ha comunicado por tierra, mar y aire, en todos los foros de diálogo disponibles, su petición al Ejecutivo español para que el reparto de los fondos europeos escuche la voz de los territorios. Su objetivo es que el dinero se inyecte en proyectos realmente tractores en cada comunidad autónoma, y que esos gobiernos pegados a la realidad de su tejido económico sean escuchados desde Madrid. El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, ha trasladado estas inquietudes a la vicepresidenta primera española, Nadia Calviño, con un éxito bastante limitado. Pero, en esta ocasión, ha apelado directamente a la fuente del dinero, a la Unión Europea.
En concreto, el Gobierno vasco, como autoridad autonómica, ha enviado su contribución al informe de evaluación intermedio del mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR) elaborado por la Comisión Europea y, según informó este martes el departamento de Azpiazu en una nota de prensa, ha pedido una “mayor regionalización” de los fondos. También reclama superar las trabas burocráticas que complican el proceso para agentes como las pequeñas y medianas empresas, un problema aún no resuelto desde el Estado español, que sigue realizando un balance autocomplaciente del nivel de adjudicación.
En concreto, Azpiazu ha planteado en sus aportaciones que una mayor regionalización del MRR tendría “un impacto muy positivo, al impulsar la confianza en el proyecto común europeo entre los agentes económicos”, y “proporcionar un mayor margen de maniobra para llevar a cabo políticas de inversión ambiciosas más allá de las fronteras estatales”. Para la consejería, es “fundamental que los criterios regionales sean la base en la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tiene que presentar el Gobierno de España a la Comisión para la adjudicación de la parte de préstamos MRR que tiene asignada, así como de los recursos del Repower EU”.
De manera específica, la consejería plantea, por ejemplo, que la parte de los fondos destinada a la descarbonización industrial se regionalice, “para poder adaptar los instrumentos de financiación a las características de las regiones europeas de tradición industrial”. “El Basque Net Zero Industrial Super Cluster pretende acelerar los procesos y lograr ese objetivo de reducción de emisiones”, dicen.
Por ahora, de los cerca de 20.000 millones que se han repartido entre las comunidades en concepto de fondos de recuperación, han llegado a Euskadi 972 para su gestión directa. El Gobierno vasco denunció hace unas semanas la baja ejecución en el capítulo del vehículo eléctrico, y en las últimas horas se han producido también noticias poco alentadoras sobre las primeras adjudicaciones en el campo del hidrógeno, donde la comunidad autónoma no ha resultado agraciada. Se da la circunstancia de que el propio reglamento europeo del MRR establecía que las autoridades regionales y locales “deberían ser convenientemente consultadas e implicadas, de acuerdo con el marco legal nacional”. Lo que sucede es que el Estado da por cumplido ese requisito con las conferencias sectoriales que convoca para reunir a todas las comunidades autónomas.
Otro modelo de gobernanza
El Gobierno vasco ya planteó en persona a Calviño que escuche la voz de las comunidades autónomas a la hora de redactar la adenda del plan para solicitar los préstamos de 85.000 millones de los fondos europeos. Son préstamos que hay que devolver.
El Gobierno vasco ha solicitado a la Comisión Europea que se abra un “diálogo estructurado y sistemático” con las regiones y naciones con competencias propias, para “conformar un modelo de gobernanza multinivel y encajar adecuadamente a estas regiones en la arquitectura institucional de la Unión Europea”. Azpiazu pone sobre la mesa, para ello, el compromiso del Gobierno vasco con los retos europeos. Por ello, aspira a que se revise el modelo de gobernanza.
La consejería de Hacienda recuerda que Euskadi tiene en marcha una estrategia de especialización inteligente RIS 3, y que el proyecto estratégico del Gobierno español, el Perte, “no tiene en cuenta las estrategias de especialización inteligente ni en la definición, ni en la posterior implantación, lo que tiene un claro impacto en términos de eficiencia en la distribución de los fondos”.
Aligerar la burocracia
El Gobierno vasco recuerda la importancia de los Pertes en la transformación del tejido productivo, y propone igualmente cinco propuestas para agilizar el cuestionable ritmo de la implementación de los fondos o eliminar trabas burocráticas, otro de los males que aquejan al reparto. En primer lugar, pide facilitar los trámites administrativos y no exigir documentación que no aporta valor y que solo genera cargas burocráticas. “Es una crítica generalizada en Euskadi que, para las pymes, la tramitación de las convocatorias es una barrera que resulta infranqueable”, añade la consejería. En ese mismo sentido, propone aprovechar las convocatorias de apoyo de las administraciones regionales que ya están en marcha y que son mucho más próximas a los agentes afectados.
En segundo lugar, propone “relajar las exigencias en base a ayudas de Estado”, especialmente en los proyectos transformadores de las empresas pequeñas. En el tercer punto, pide flexibilizar los plazos, con el argumento de que las inversiones transformadoras necesitan procesos importantes de reflexión y toma de decisiones y “no es fácil ajustarlos a los requisitos temporales impuestos”, o también porque se ha producido una intensa concentración de la demanda en campos como la energía sostenible o la rehabilitación de la vivienda. En cuarto lugar, se plantea que no haya que iniciar toda la tramitación desde cero cuando se detecten errores de diseño, o que se puedan adaptar los procesos si no se encuentra demanda. Por último, propone reducir los avales exigidos para las pequeñas y medianas empresas.
