La proposición de ley que reforma el delito de la sedición para sustituirlo por el de desórdenes públicos agravados volverá previsiblemente a debatirse este jueves en un pleno extraordinario en el Congreso, con el fin de apurar plazos para que pueda pasar al Senado y ser aprobada antes de final de año.
La Junta de Portavoces ha aprobado este martes con los votos favorables del PSOE, Unidas Podemos y sus socios parlamentarios pedir a la presidenta del Congreso que convoque un pleno extraordinario el jueves que debata las enmiendas a la totalidad que se han registrado a la nueva ley, y que de momento ascienden a cuatro (PP, Vox, Ciudadanos y JxCAT).
De esta forma, la proposición de ley podría pasar a su trámite de enmiendas parciales en comisión y su aprobación de dictamen y enmiendas definitivas en el pleno del Congreso antes de la semana del 19 de diciembre, fecha en la que la norma continuaría su tramite en la Cámara Alta, previsiblemente.
Y es que en el Senado, la vicepresidenta Cristina Narbona confirmó hace unos días que la posibilidad de celebrar un pleno en la última semana del año, entre Navidad y Nochevieja, "existe" y "no sería descartable".
El plazo reglamentario para tramitar iniciativas legislativas en la Cámara Alta es de 20 días, pero los tiempos pueden acortarse, de manera que es posible que la supresión del delito de sedición se pueda acometer de manera exprés en el Senado, cumpliendo así la pretensión del Gobierno de verla aprobada definitivamente antes de terminar 2022.
Eso siempre y cuando el Senado no incorpore ninguna enmienda que modifique el texto, lo que obligaría a que la proposición de ley regresara al Congreso la primera semana de enero de 2023.
Las prisas del Ejecutivo son duramente criticadas por el PP, Vox y Ciudadanos, que han presentado enmiendas a la totalidad al texto.
Así, mientras los populares proponen castigar con hasta cinco años de cárcel a las autoridades o funcionarios públicos que convoquen elecciones o consultas populares ilegales por vía de referéndum, Vox plantea castigar con hasta veinte años de cárcel a las autoridades o funcionarios que, por acción u omisión, promuevan la independencia de una parte de la nación y los naranjas impiden con su texto alternativo que no corran los plazos de prescripción para este tipo de delitos.
Además, estos partidos han lamentado que el Ejecutivo quiera acelerar los trámites parlamentarios con la convocatoria de un nuevo pleno extraordinario esta semana, después de que la semana pasada la toma en consideración y votación de la proposición de ley se produjo entrada la noche; también en un segundo pleno tras el de los presupuestos generales del Estado.
La Cámara Baja apoyó el pasado jueves la toma en consideración de la proposición de ley con 187 votos a favor, 155 en contra y 6 abstenciones, una nueva norma que aboga por borrar el delito de sedición del Código Penal y convertirlo en "desórdenes públicos agravados" con una rebaja de 15 a 5 años de la pena máxima de prisión y contempla hasta 8 años de inhabilitación.
