Era vox pópuli que el antes conocido como Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), hoy en día mutado en Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tuvo que salir en más de una ocasión en ayuda del anterior monarca y padre del actual rey Felipe VI, Juan Carlos I. Esas salidas de pata del Borbón eran ampliamente conocidas, si bien hasta la fecha ningún alto responsable del Ministerio de Defensa había hablado tan claro y alto al respecto. Pero ayer domingo se rompió el velo del silencio que parecía haberse instaurado sobre la figura del rey emérito. El exvicepresidente del Gobierno español y exministro de Defensa, Narcís Serra, aseguró ayerdomingo que autorizó los dispositivos del Centro Superior de Información de la Defensa “para ocultar los devaneos” de Juan Carlos I cuando era rey. Se refería a los devaneos amorosos, no a ningún asunto relacionado con negocios.
“No me arrepiento”, dijo, en una entrevista publicada ayer domingo por el diario El Español, en la que le preguntaron si el Cesid alquilaba chalés al monarca para que acudiera con “amantes”. Serra, quien fue titular de Defensa entre 1982 y 1991 y vicepresidente español entre 1991 y 1995, admitió que esto se llevaba a cabo para que Juan Carlos I desarrollara esos encuentros “dentro de un control”, y negó que la agencia de inteligencia ayudara al monarca “en tema de negocios”.
“Cuando se tienen responsabilidades altas, hay muchas decisiones difíciles y, en aquel momento, sobre todo después del 23F, yo creía que había que ayudar a apuntalar totalmente la figura del rey”, se justificó en la entrevista. La idea de blindar al rey después del golpe de Estado, por atribuirle un papel determinante a la hora de frenar a los golpistas con su mensaje televisivo, ha sido un mantra desde entonces, aunque el velo comienza a caer también ahora, e incluso hay sectores que cuestionan su papel ese día.
Narcís Serra formó parte de los gobiernos del socialista Felipe González, quien acaba de celebrar precisamente los 40 años que han transcurrido desde su victoria por mayoría absoluta. Serra dimitió tras estallar el escándalo de las escuchas ilegales.
El asunto de la utilización de los medios del Estado o los fondos públicos para ocultar los escándalos del rey volvió a aterrizar en el Congreso hace unos meses, aunque nuevamente PP y PSOE impusieron su mayoría en la mesa del Congreso para evitar que prosperase una comisión de investigación. En septiembre, ERC, EH Bildu, Junts, la CUP, PdeCat, BNG, Unidas Podemos, Más País y Compromís solicitaron una comisión de investigación para indagar en “las presuntas ilegalidades e irregularidades cometidas por miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí y la implicación de algunos estamentos del Estado para el control de la información de los escándalos relacionados con el rey emérito”. No fue aceptado.
SITUACIONES COMPROMETIDAS
Este debate resurgió a consecuencia de una serie emitida por una plataforma de streaming (la serie Salvar al rey, de HBO Max), donde se relatan los equilibrios que habría tenido que hacer el Estado para ocultar los episodios de la vida privada del entonces rey español. Se trataría de escarceos amorosos, y no de tapar presuntas irregularidades en la gestión o cobros de comisiones.
Podía parecer un asunto reprochable desde el punto de vista ético y no desde el punto de vista del desempeño institucional, pero la cosa se complica teniendo en cuenta que se habla del uso de fondos públicos, del alquiler de chalés, supuestamente para que pudiera llevar a cabo esos encuentros amorosos en la intimidad y ponerlo a salvo de posibles situaciones comprometidas. Se trataría entonces de blindar la institución monárquica para impedir que un escándalo la desacreditara o debilitara.
El PNV pidió hace unos meses reformar la ley para limitar la inviolabilidad de la figura del rey, que ahora ocupa Felipe VI, de modo que solo lo proteja para los actos relacionados con el ejercicio del cargo y no en su vida privada.
