La ministra de Política Territorial llega este viernes a Euskadi en un momento de parálisis en el proceso de transferencias para cumplir el Estatuto de Gernika. Esta visita pone también el broche final a una semana en la que Isabel Rodríguez ha escenificado que el Gobierno español mantiene vivas las relaciones bilaterales con las comunidades autónomas, empezando por Catalunya y continuando después con las Islas Canarias y Euskadi. Aunque el formato del encuentro va a ser diferente y no se reunirá la Comisión Mixta de Transferencias, esta secuencia de acontecimientos sí añade cierta presión al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que ponga también sobre la mesa de Euskadi algún tipo de compromiso o declaración de voluntades.
Como adelantó este periódico, la ministra se reunirá con la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, aprovechando su presencia en Leioa para tomar parte en la conferencia sobre asuntos europeos con las comunidades autónomas, la Carue, para preparar la presidencia europea que asumirá Pedro Sánchez en el segundo semestre de 2023. Fuentes del Ministerio consultadas por este periódico reiteran su disposición al diálogo, aunque mantienen que están trabajando para superar dificultades técnicas y no prevén un anuncio inmediato.
Este encuentro, en principio, es solo protocolario porque la ministra lo celebra aprovechando su presencia en Leioa. No es, por lo tanto, una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias, donde sí habría anuncios de nuevos traspasos. Pero dará la oportunidad para que ambas partes se sondeen y quede patente que el proceso de transferencias no se ha cancelado. Es un punto que necesita una respuesta y aclaración oficial por parte del Gobierno español, después de que Sánchez asegurase en el pleno de política general del Congreso que los ministerios se “han mostrado en contra de que sea posible proceder a negociar” cuatro traspasos que había prometido el propio Gobierno español en el calendario que aprobó el Consejo de Ministros: meteorología, ordenación y gestión del litoral, fondo de protección a la cinematografía y autorizaciones iniciales de trabajo para personas migrantes. El lehendakari se preguntó entonces si Sánchez había dado por concluido todo el proceso y había decidido de manera unilateral que el Estatuto está cumplido.
Fuentes del Ministerio ya habían informado a este periódico de que el proceso de negociación sigue adelante porque no se cierran a futuros traspasos. Más allá de esta aclaración, se desconoce si podría haber algún compromiso concreto a futuro. “Seguimos trabajando para resolver esas dificultades técnicas. Existen, como en todos estos procesos, algunas dificultades en algunos aspectos concretos. Es decir, en ámbitos sectoriales que afectan a otros ministerios, pero que son normales en estos procesos de negociación”, repiten esas mismas fuentes. “A pesar de esas dificultades, ambos gobiernos seguimos trabajando en futuros traspasos. Nunca renunciamos al diálogo”, dicen.
Gestión de costas en Canarias
En las últimas horas, sin embargo, han aflorado dos situaciones que añaden cierta presión al Gobierno español. Las dos situaciones guardan relación con dos de las transferencias que rechazan los ministerios: la gestión del litoral y las autorizaciones iniciales de trabajo para los migrantes. En el primer caso, Canarias alcanzó este miércoles un acuerdo con la ministra para gestionar a partir del 1 de enero de 2023 las competencias en materia de costas, “en los mismos términos en los que fue transferida a Catalunya y Andalucía”, tal y como defendió el presidente de las islas, Ángel Víctor Torres.
Esta transferencia está bloqueada en el caso vasco a pesar de que Garamendi envió una oferta de su propia cosecha para activar la negociación. Este traspaso también se le ha negado este jueves a Galicia con el argumento de que no está en su Estatuto y sí lo está en el canario. En el caso vasco, además, históricamente los traspasos han sido más complejos para Madrid porque influyen la singularidad foral y el descuento del Cupo.
Con Canarias se ha pactado que tenga competencias para las autorizaciones de dominio público, las zonas de servidumbre o concesiones demaniales, y las obras y actuaciones en el litoral. Se transfieren también veinte trabajadores y Canarias va a incorporar a otros 25. El coste del personal lo asumirán las islas.
Permisos en migración
En el caso de las autorizaciones iniciales de trabajo en migración, voces del socialismo atribuían el retraso a que se estaba tramitando en paralelo el nuevo reglamento de Extranjería desde el Ministerio de Escrivá. El reglamento acaba de ser presentado en Consejo de Ministros y está por ver si supone que se active la transferencia. La reforma del reglamento pretende aflorar la economía sumergida y mitigar la ausencia de mano de obra en sectores concretos, como la hostelería y la construcción; y para ello se incorporan novedades para facilitar la contratación en los países de origen, y se introduce una figura para que las personas que lleven dos años en situación irregular puedan obtener los documentos de residencia alegando arraigo por formación laboral.
Se da la circunstancia de que la consejería de Idoia Mendia comenzó a trabajar, antes incluso que este reglamento, en un proyecto piloto con la figura del permiso y la contratación por arraigo, y con la implicación de la subdelegación del Gobierno español. Este mes ha comenzado el Proyecto W en Oarsoaldea para los migrantes perceptores de la RGI, con formación en el puesto de trabajo, y un compromiso de contratación que permitirá la regularización. Este hecho deja ver que Euskadi ha adelantado camino. Por otro lado, además, se especula con una avalancha de trabajo en las oficinas de Extranjería que podría aligerarse por el frente vasco si hubiera una transferencia competencial.
Por ahora, la única transferencia que se está trabajando es la de trenes de cercanías, un asunto que se puede entrecruzar con el diálogo sobre los Presupuestos de Sánchez, donde los votos del PNV son necesarios.
