Pedro Sánchez no se ha esforzado demasiado este miércoles por tranquilizar a sus socios de investidura del PNV. Realizó algunos anuncios inquietantes que confirman el bloqueo de las transferencias y hurgó en las relaciones de PNV y PSE. Y, en las tres ocasiones en las que sí quiso lanzar guiños, cometió errores de bulto e inexactitudes que desvelan un conocimiento superficial de los acuerdos con un partido al que considera socio prioritario. Sánchez cargó al PNV de razones para seguir presionando y garantizar el cumplimiento de lo pactado que, visto lo visto, no vendrá por propia iniciativa del presidente español.

Sánchez concedió a Aitor Esteban que las transferencias que recoge el Estatuto de Gernika se encuentran en “cierta parálisis”, pero lo atribuyó a que la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, ha solicitado el traspaso de materias que sabe que “es difícil asumir” por parte del Estado su cesión. Mencionó la meteorología, la ordenación y gestión del litoral, el fondo de protección a la cinematografía y las autorizaciones iniciales de trabajo para personas migrantes. “En estos cuatro puntos, usted sabe que los ministerios se han mostrado en contra de que sea posible proceder a negociar ese traspaso”, dijo, insinuando así que no se trata solo de que haya una discrepancia sobre el alcance de cada transferencia, sino sobre la transferencia en sí misma. La propia Moncloa propuso un calendario, y los socialistas habían alentado por boca de Miquel Iceta traspasos como el de migración. Ahora se recula.

 

El PNV no quiso anunciar una crisis ni darlo por perdido: también se tildaron de imposibles el traspaso del IMV y el de prisiones, pero llegaron tras arduas negociaciones. Esta actitud refuerza la queja del PNV, que lamenta tener que presionar para conseguir con fórceps que se cumpla lo pactado.

Presume del porcentaje de cumplimiento... pero se equivoca en el número de puntos del pacto

Sánchez adelantó que, según el informe de cumplimiento de los acuerdos, ha satisfecho un 35,7% de lo prometido al PNV. Dijo que el acuerdo de investidura tiene 14 puntos, cuando en realidad son 12. Ahí llegó el primer desliz. El segundo llegó al enumerar los cumplimientos. Citó los límites de deuda y déficit, la transferencia de prisiones, compensar la adecuación de la industria a la transición energética conservando el empleo, y otras dos medidas que en realidad no cumple o no satisface del todo: evitar judicializar las discrepancias (invitó al PNV a acudir al Supremo para implantar el toque de queda por el coronavirus), y darle a conocer con antelación sus medidas. Pero el PNV se ha quejado de que no ha compartido su último paquete económico. El propio Sánchez lo reconoció.

Y ahí pisó terreno resbaladizo al hurgar en la relación de PNV y PSE en el Gobierno vasco: “No sabe lo que me dice el PSE de la información que tiene de la parte del PNV. En todos lados cuecen habas”.

El tercer desliz llegó cuando trató de presentar como guiño la reunión preparatoria con las comunidades sobre la presidencia de turno europea que asumirá Sánchez en el último semestre de 2023. Quiso dar un golpe de efecto diciendo que la Carue será el día 28 en Bilbao, pero será el viernes 29, en el Palacio Artaza de Leioa. También reconoció haberse “expresado mal” cuando planteó “afinar” el reparto competencial en la Ley de Vivienda, aunque no renunció a tramitarla.