El Gobierno español ha justificado todos estos meses el discreto número de transferencias acordado con el argumento de que existen dificultades técnicas que impiden avanzar tan rápido como lo querría la voluntad política. El Ministerio de Isabel Rodríguez ha mantenido que existe esa voluntad de cumplir el Estatuto y ha tratado de descargar la presión recuperando el balance del expresidente Rajoy, del PP, que no traspasó competencias a Euskadi. Con Sánchez, debido a la acusada minoría política que tiene el PSOE en el Congreso y al pacto de investidura que tiene firmado con el PNV, se ha aprobado un calendario con todas las materias del Estatuto de Gernika y se han roto algunos tabúes, como la propia transferencia de prisiones, que ya gestiona la comunidad autónoma.
En cualquier caso, la cadencia de convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias ha sido de una al año, y los primeros traspasos que llegaron con Sánchez fueron obligados por el Tribunal Constitucional (dos líneas de tren de cercanías). Después llegaría la AP-68 en 2019, un año más adelante se cerraban el seguro escolar, los productos farmacéuticos y las ayudas previas a la jubilación en empresas en ERE; y hubo que esperar otro año más, a 2021, para las prisiones, el transporte por carretera, el edificio sede del Distrito Marítimo de Ondarroa y el código bibliográfico ISSN. Hace unas semanas, ya en 2022, se cerraba la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, que en realidad tendría que haber llegado en octubre de 2020 y cuya demora llegó a dejar en el alambre la relación entre el PNV y el presidente Sánchez. Era una ayuda social de nueva creación y no figuraba en el Estatuto.
