Una moviola de lo acontecido la pasada semana, y van ya una cuarentena de ocasiones. Enfado de consideración en el PNV después de que PSOE y Unidas Podemos acordaran ayer martes darse otra semana más de plazo para la presentación de enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, para buscar cerrarlas conjuntamente. “La Ley Mordaza sigue amordazada. Otro día de la marmota”, censuró en su cuenta de Twitter el jeltzale Aitor Esteban con una clara referencia a la afamada película Atrapado en el Tiempo, cuyo título original en inglés es precisamente El día de la marmota. Al portavoz nacionalista en el Congreso le puede servir también la crítica que ya realizó en la anterior ocasión, cuando dijo: “¿Pero no habían dicho que se desbloqueaba? En fin”.

Los socios de coalición han logrado “avances muy importantes” para derogar las medidas más lesivas del texto aprobado en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, sostienen fuentes próximas a ambos partidos, pero quieren acabar de consensuar las enmiendas al articulado de la normativa. Los avances que negocian ambos grupos se dirigen a reducir el importe de las multas “que son excesivas” y aplicar en la definición de las cuantías criterios de “proporcionalidad vinculados a la capacidad económica del administrado”. Asimismo, trabajan para “omitir” cualquier mención a los asuntos de extranjería y fronteras en dicha ley, con vistas a remitirse simplemente a la legislación específica en la materia (Ley de Extranjería) “siempre conforme a los establecido en los convenios internacionales suscritos” por el Estado español.Este es uno de los puntos que persigue la marca morada para llegar a un acuerdo, al entender que de esta forma se elimina dentro de esta normativa a las llamadas devoluciones en caliente de migrantes, aunque el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska niega que esta práctica haya tenido lugar en los últimos tres años. El año pasado el Tribunal Constitucional determinó que entraba dentro del marco dispuesto por la Carta Magna la práctica de retorno de los migrantes que entren ilegalmente por Ceuta y Melilla, siempre que se respeten las garantías legales.

Otro ámbito es la delimitación de los cacheos corporales, que tendrán que estar “siempre circunscritos” a indicios “concretos y comprobables” de actividad susceptible de sanción. Además, se intenta definir que cuando impliquen “dejar a la vista parcialmente el cuerpo”, deberán realizarse en lugares donde se “preserve la intimidad” del administrado, “fuera de la vista de terceros”. A su vez, una de las áreas con consenso avanzado, según Europa Press, se circunscribe al tiempo de identificación en comisaría, de cara a que sea un “máximo de dos horas” salvo causa “excepcional debidamente alegada y verificable”. También se afanan en acordar que la identificación en sede policial “sea excepcional” y que una vez concluida, la persona afectada sea devuelta al lugar desde el que fue conducida a comisaría. Por último, otros dos aspectos pactados se refieren a los cambios en el articulado referidos a las sanciones sobre reuniones no comunicadas que se desarrollen sin incidentes y respecto a la toma de imágenes durante manifestaciones e intervenciones policiales.

El PNV siempre ha considerado que una normativa de seguridad ciudadana debe fijar un equilibrio entre la seguridad y los derechos fundamentales de las personas “que siga la suerte de los tiempos”. Y es que tal y como está la ley en vigor, ni se respeta el derecho a la manifestación, a la reunión y a la intimidad de la persona, ni el derecho a la información; además de contemplar un régimen sancionador excesivamente exacerbado y no atender suficientemente las condiciones particulares del infractor, es decir, el principio de culpabilidad.