El lehendakari ha pasado de las declaraciones públicas a poner sobre la mesa de La Moncloa una solicitud formal de prórroga del estado de alarma al presidente español, Pedro Sánchez. Es el mismo paso que dio el 23 de octubre, cuando lideró un movimiento de presidentes autonómicos que tuvo éxito y desembocó en que el Gobierno español moviera ficha dos días después, y declarase el estado de alarma para permitir a las comunidades que decretaran el toque de queda nocturno y limitaran las reuniones. Según ha podido saber este periódico, Iñigo Urkullu envió la carta ayer jueves por la tarde, tras las deliberaciones de la comisión técnica del LABI, que ponen de manifiesto la importancia de mantener el toque de queda, los cierres perimetrales y la limitación de las personas en las reuniones, y plantean hacer las gestiones necesarias ante el Gobierno español. El lehendakari ha adjuntado el dictamen de la comisión técnica. Sin estado de alarma a partir del 9 de mayo, esas medidas caerían, y todo quedaría en manos de los jueces, que en el caso vasco han emitido resoluciones contrarias a las medidas sanitarias desde el Tribunal Superior de Justicia.

Urkullu eleva la presión con una petición formal que achica el espacio a Sánchez para seguir negándose. La petición no es específica para la comunidad autónoma, sino general. El presidente español lleva días dando largas y asegurando que su intención es no prorrogar la alarma porque la vacunación va a experimentar un acelerón. Ese optimismo, en puertas de las elecciones a la Comunidad de Madrid, ha provocado que el presidente español haya dejado la puerta abierta incluso a que caiga el toque de queda, asegurando que no se puede habilitar ninguna percha que permita mantenerlo sin la alarma. La previsión espanta al Gobierno vasco, que cree que la movilidad nocturna es un riesgo, y ahora tiene un pronunciamiento de la comisión de expertos que lo avala.

Aunque el Gobierno español comenzó defendiendo que las comunidades tienen herramientas suficientes, ha rectificado para reconocer que el toque de queda no podría aplicarse, y quizás tampoco las limitaciones de derechos fundamentales con carácter general. La ministra de Sanidad ha reducido finalmente el radio de acción a las medidas para controlar la actividad no esencial, en alusión, por ejemplo, a la hostelería.

Urkullu recela de la figura del estado de alarma y, sobre todo, de su gestión con mando único durante la primera fase de la pandemia, pero las trabas judiciales lo han abocado a solicitar esta herramienta, en vista de que tampoco se ha aprobado una reforma alternativa. La socialista Idoia Mendia había pedido a los partidos un compromiso por escrito con el estado de alarma para no dejar en la estacada a Sánchez, y Urkullu ha abierto la veda.

cierre del congreso

En paralelo, el Congreso de los Diputados baja la persiana por las elecciones en la Comunidad de Madrid, previstas para el martes 4 de mayo. No habrá plenos y, como consecuencia, quedarán temporalmente congelados los movimientos de los grupos para que Sánchez prorrogue el estado de alarma que expira el 9 de mayo o active una reforma legal. Por un lado, no podrá comenzar a tramitarse la reforma de la Ley 3/1986 que ha registrado el PP para que se apruebe en quince días y otorgue herramientas a las comunidades para limitar la movilidad y las reuniones. Por otro, al no haber sesiones, tampoco se podrán formular más preguntas a los ministros o elevar la presión interpelando al propio Sánchez.

Desde el PNV confirman que el PP los contactó para que conocieran su propuesta de reforma por su propia boca y no por la prensa, pero no ha habido nada más, y tampoco hay opciones de tramitar iniciativas por el cierre del Congreso. Lo que sí podría suceder es que el Gobierno español, por iniciativa propia, convoque un pleno en la semana del 4 de mayo para que Sánchez comparezca y anuncie su decisión. Presionan también desde Bildu, PDeCAT y C's, entre otros. Sánchez matiza que todo dependerá de los datos, y ahí puede estar la pista de aterrizaje para que rectifique.