El varapalo de la Fiscalía a la Junta Electoral da alas a la candidatura de Puigdemont

Bilbao - La situación de Carles Puigdemont ha dado un vuelco. La Fiscalía de Madrid, y en concreto Amelia Díaz-Ambrona, que procede de una larga estirpe de juristas y abogados del Estado, infligió ayer un duro correctivo a la Junta Electoral Central y consideró que impedir al expresident presentarse a las elecciones europeas vulnera sus derechos, porque no ha sido condenado en firme ni tiene una suspensión para ser elegido. Es un correctivo a la Junta Electoral y, por extensión, al PP y C’s, que habían acudido al organismo con esa petición de impedir su concurrencia.

La decisión, que es muy atípica en la carrera de medidas desfavorables a las que se ha visto sometido Puigdemont con la justicia española, da oxígeno a su candidatura y provocó el júbilo de las filas de Junts. La Fiscalía de Madrid se ha mostrado a favor de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid estime el recurso presentado por la candidatura Lliures per Europa (Junts) contra la decisión de la Junta Electoral de excluir al expresident y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí de las listas para el día 26. La decisión del juzgado se conocerá en las próximas horas, quizás hoy, y se espera que consista en darle luz verde y que pueda medirse con Junqueras, de ERC, en las urnas.

En su escrito dirigido al juzgado, el Ministerio Público afirma que la resolución de la JEC “no es ajustada a Derecho, en cuanto vulnera el derecho fundamental de sufragio pasivo” de Puigdemont, Comín y Ponsatí. A lo largo de nueve folios, se apoya en el voto particular discrepante que acompañaba la resolución del organismo supervisor, emitido por cuatro miembros, en el que se consideraba que la JEC debía haber apostado por una interpretación más favorable del ordenamiento jurídico primando el derecho a la participación política. Según la resolución de la JEC, adoptada el pasado 29 de abril, los tres políticos catalanes no pueden ser electores y tampoco “elegibles” porque no figuran adecuadamente en el censo electoral. Explica el acuerdo que Puigdemont y sus consejeros aparecen como residentes en España pese a que “es notorio” que no están en esos municipios, sino que “desde hace dos años están fuera del territorio nacional para evadirse de la acción de la justicia”. Desde Junts especularon con una decisión inminente del juzgado, en un sentido favorable a sus intereses.

La Fiscalía recuerda que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en su artículo 7.2, permite medios de prueba alternativos al censo de electores como que el interesado reúna “todas las condiciones exigidas para ello”. Señala que la “única excepción legalmente prevista” se refiere a los “condenados por sentencia judicial firme”, que no se ha dado en el caso de los políticos independentistas.

La Junta Electoral está teniendo un gran protagonismo en estas convocatorias. Ya lo tuvo en Catalunya con la guerra para retirar los lazos amarillos, que terminará con el president Torra en el banquillo. En el caso de Puigdemont, la Junta ha recibido un varapalo porque el expresident no está suspendido para presentarse a las elecciones. Otro debate al margen es si está suspendido para ejercer cargo público de manera cautelar por rebelión, o cómo podría tomar posesión del acta si tiene que viajar a Madrid y lo van a detener.

Este correctivo da aire judicial y político a Puigdemont, que atravesaba ahora por sus horas más bajas tras la victoria de ERC en las elecciones generales, por 15 escaños frente a 7. Además, hace poco se conocía que no había podido entrar en Canadá, pero todo se debió, según medios del país, a una estafa electrónica que le impidió contar con todos los documentos. Este asunto de la candidatura había servido a Puigdemont para internacionalizar el conflicto e iba a pedir a la Comisión Europea que impusiera sanciones a España. - DEIA