Jon Mirena Landa: "Estrasburgo no quiere abrir las cárceles, el Estado cambió las reglas de juego"

¿El fallo del Tribunal de Estrasburgo sobre la 'doctrina Parot' era el que usted esperaba?

Ha dejado claro que la doctrina Parot era una injusticia flagrante. Se había hecho una interpretación ad hoc para mantener a unas personas en prisión. Y por mucho que no nos gusten nada los crímenes cometidos en este caso, no se puede aplicar este tipo de medidas excepcionales. Hay que tener claro que el fallo no es contra las víctimas, ni a favor del terrorismo. Es simple y llanamente es que si permitimos que el Estado no cumpla con las reglas básicas, por definición va a cometer abusos de poder que nos van a afectar a todos.

¿Lo fundamental es la retroactividad de la 'doctrina Parot'?

Hasta 2006 se hacían las cosas de una manera y desde 2006 en adelante el Supremo dijo que se hacía de otra manera. Pero esa otra manera la aplicaron a todos lo que habían cometido delitos anteriormente y estaban a punto de salir de la cárcel. Eso es una actuación arbitraria del Estado. El problema no es que Estrasburgo quiera abrir las cárceles, sino que el Estado cambió las reglas de juego. Nadie quiere defender al violador o el terrorista, sino que el Estado, en su lucha contra el terrorismo, se saltó unas normas que ahora han sido corregidas

Aunque ha habido voces que reclamaban la insumisión, ¿el Estado está obligado a cumplir?

Podía haber una insumisión. Rusia es el país menos cumplidor de los dictámenes del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Pero ¿quién es el que aguanta entre 47 miembros del Consejo de Europa el marchamo de incumplidor de estas sentencias? Es insostenible políticamente, pero también es insostenible jurídicamente porque vendrían más condenas. El Gobierno español ha pasado de una posición de frente oposición a intentar salvar los muebles. No se opone y, de momento, el sistema judicial ha asimilado la sentencia y se ha puesto manos a la obra.

El Supremo y el Constitucional avalaron una doctrina que ahora ha sido desactivada por Estrasburgo.

Los jueces, en un momento dado, pasaron a estar en el punto de mira de ETA y su forma de actuar varió. Magistrados de la década de los 80 no hubieran podido comprender lo que estaban haciendo los jueces en la década de los 90 o del 2000. Había una especie de complicidad institucional donde todos los poderes del Estado actuaban de una forma connivente. Se levantaron algunas cautelas de control y por eso es bueno que tengamos los tribunales internacionales. Es bueno tener frenos fuera porque a veces los frenos de dentro no funcionan. La mayoría de los profesores de Derecho Penal, de todas las ideologías, habían dicho y escrito que la doctrina Parot era insostenible. Hubo votos particulares en el Supremo y en el Constitucional, y el Estado tenía el riesgo de que sucediera lo que ha sucedido.

Desde algunos sectores se ha criticado la celeridad con que la Audiencia Nacional ha aplicado el fallo en el caso de Inés del Río.

Estamos hablando de personas que están encarceladas y que no deberían estar. Aunque no nos guste su trayectoria criminal, si han cumplido sus penas no deben estar en la cárcel y no hay nadie que tenga legitimidad para mantenerlas en la cárcel. No estamos hablando de que se retrasa un papel, estamos hablando de que se está retrasando la puesta en libertad de un ciudadano que tiene el derecho a estar fuera. Por eso se debe cumplir este dictamen con la máxima celeridad.

El Gobierno español acata la sentencia, pero afirma que no va a haber excarcelaciones en bloque. ¿Pueden marcar los tiempos?

En este tipo de actuaciones hay que actuar con inteligencia y de la misma manera que digo que me ha gustado lo que ha hecho la Audiencia Nacional, también valoro que la izquierda abertzale haya sido capaz de decir: 'nos ponemos en la piel del otro y vamos a compatibilizar la euforia de ver en libertad a personas cercanas con evitar causar dolor". Todo lo que sea signos de humanización, es algo bueno. El poder Ejecutivo tendría que actuar en esa lógica. No tendría que invadir competencias que no les corresponde -actuación de los jueces- . Se ha forzado mucho la política antiterrorista, se ha cargado de medidas excepcionales y ahora vienen las consecuencias. El interés de las víctimas es atendible, pero ese interés no debe marcar la política.

Las víctimas han convocado una concentración con el lema 'Justicia con vencedores y vencidos'. ¿Las víctimas quieren volver a marcar la actuación gubernamental?

Hay víctimas y víctimas. Hay mucho tipo de víctimas. Lo que tendría que haber es una distancia entre lo que las víctimas puedan demandar y qué es lo razonable de lo que ellas demandan. En el pasado parte de la política antiterrorista fue utilizada para hacer demagogia de partido, siendo paganas a veces las propias víctimas. Eso difuminó las diferencias que deben haber entre sus demandas legítimas con la política que se debe marcar.

Desde la izquierda abertzale han asegurado que no habrá homenajes ni recibimientos.

Yo iría al fondo. Parece que en la política cuanto más duro mejor. Y en temas tan delicados como estos, estas decisiones tienen que ser aplaudidas. Han actuado adecuadamente y creo que es mejor ponerlo en valor que intentar hacer lecturas conspirativas y decir que lo han hecho con una doble intención. Creo que han actuado con responsabilidad y eso debería alimentar el diálogo a cuestiones que parece que son difíciles de canalizar.

¿Esta decisión de Estrasburgo puede servir para desbloquear el proceso de paz?

Ha venido a romper una dinámica que estaba ya establecida. Nos da un idea de los números con los que estamos funcionado. Creo que hay unos 70.000 presos en el Estado español y los presos miembros de ETA son alrededor de 600. De un plumazo se reconduciría la situación de un centenar. Si hubiera una real voluntad, ¿no sería más fácil intentar solucionar este problema? Solucionar es que haya una planificación de cuál debe ser la dosis de justicia que hay que empeñarse en mantener de manera justa con los presos de ETA. No todos los presos son iguales. Hay quienes tendrán muchos delitos de sangre a sus espaldas y otros que estarán por apología o porque les han condenado en un macrojuicio donde igual no hay una víctima. ETA también deberá comprender que los presos no son sus presos. Son personas adultas. Es verdad que el tema de los presos es muy simbólico, pero nos faltan dosis de pragmatismo. Lo que quiero decir es que esta sentencia de Estrasburgo nos puede dar la esperanza de que con un mínimo, con una brújula y dosis pragmáticas, los problemas se podrían reconducir.

Uno de los argumentos del Gobierno español es que algunos de los presos que quedarán en libertad podrían volver a delinquir, pero en el caso de los reclusos de ETA su organización ha puesto punto final a su actividad violenta.

En la reinserción de los presos hay dos pilares, el reconocimiento del daño y la voluntad de integrarse en la sociedad con el compromiso de no cometer delitos. Y como ETA no va a cometer delitos, ya no hay peligrosidad en ese sentido. Todo lo que vaya más allá de esos dos pilares es hacer política. Utilizar la política penitenciaria para hacer lucha ideológica es inasumible y dificulta acabar con el problema. Por otro lado, que ETA se empeñe en tener un frente para mantener el control que no permita a las personas evolucionar es inaceptable.

¿Da a entender que tanto el Gobierno español como ETA han utilizado a los presos por interés propio?

Yo creo que en muchos momentos sí ha ocurrido esto.

¿Cómo queda la 'vía Nanclares', que ha sido desactivada por el propio Gobierno español?

A mi me parece inaceptable que a la gente que haya optado por la vía Nanclares se la quiera demonizar y también entiendo que hay quien ha utilizado esta vía con objetivos políticos. Hay que saber distinguir entre los objetivos políticos y las personas. Hay personas que han hecho una evolución y no hay que hacer con ellas lucha ideológica. Y el Estado pretende aplicar a los presos unas condiciones de reinserción que van más allá de los que han cometido otro tipo de delitos. No soy partidario de una excarcelación masiva, pero tampoco soy partidario del encarnizamiento penitenciario. Lo que exigimos a unos, exijamos a otros. Se cargó de excepcionalidad el programa de reinserción con un diseño que iba claramente orientado al combate ideológico de izquierda abertzale. Al que ha cometido un crimen se le puede pedir que pague por el daño causado y un compromiso de que no va volver a delinquir, pero no se puede arremeter contra su ideología. La ideologías se combaten en las urnas.

Con lo sucedido con la 'doctrina Parot' ha pasado a segundo plano el macrojuicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional.

Este juicio, el llamado de las herriko tabernas, en un sin sentido por varias razones. Es un sumario que se abre en 2002 y estamos en 2013. Es impensable que hayan pasado once años ya que vicia el propio funcionamiento de la justicia. Técnicamente se llama dilaciones indebidas. Y luego no hay una individualización de la acusación. Hay que acusar de forma individual a cada uno del presunto delito que haya cometido. Es un sinsentido que no tiene justificación jurídica y que no debería acabar en otra cosa que no sea la absolución o el archivo de la causa.