Los presuntos torturadores de Portu y Sarasola se sientan hoy en el banquillo

DONOSTIA. Comienza hoy en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa el juicio contra quince guardias civiles por presuntas torturas a los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola, detenidos, juzgados y condenados a cerca de mil años de prisión por su participación en el atentado de la T-4 de Barajas. Los hechos que se juzgarán se remontan a 2008. El 6 de enero de aquel año Portu y Sarasola fueron detenidos en Arrasate. Catorce horas más tarde de su arresto, el primero fue ingresado en el Hospital Donostia de la capital guipuzcoana.

El cuadro hospitalario que dibujó el personal de Urgencias estaba formado por policontusiones, fractura de la novena costilla izquierda, contusión pulmonar y hemoneumotórax con "importante" efisema subcutáneo desde la zona pélvica hasta la cervical, además de golpes en el ojo izquierdo, rodillas y tobillos. Permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital durante tres días.

Sarasola, por su parte, también presentaba golpes en el oído derecho, en los brazos, la zona deltoidea, el hemitórax derecho y el costado izquierdo, aunque estas contusiones, según el médico que lo atendió, podían ser "compatibles" con un ejercicio violento de arresto y reducción.

Los dos denunciaron el trato recibido y quince guardias civiles han sido acusados de un delito de torturas que se esclarecerá a partir de hoy. Además de indemnizaciones, la acusación particular extiende peticiones de penas de prisión para todos ellos por ese presunto delito de torturas en su modalidad agravada que van desde 6 hasta 17 años de cárcel.

La Fiscalía, por su parte, no ve indicio de delito en cinco de los acusados, por lo que pide limitar el castigo a diez. Entre estos diez, acusa a seis (dos tenientes, tres cabos y un guardia) de delitos de faltas de lesiones, mientras que los cuatro restantes se dividen en dos pares. El primero de ellos, formado por un sargento y un cabo, se enfrenta a tres años de cárcel; y el segundo, compuesto por un cabo y un guardia, a dos años de prisión.

CINCO TESTIGOS Según el calendario interno fijado por el Juzgado, las declaraciones de los agentes de la Benemérita se prolongarán hasta el miércoles, por lo que será el jueves cuando comience el análisis de las pruebas. Las primeras serán las relacionadas con los testigos. Será aquí cuando la acusación particular, formada por los dos detenidos, Igor Portu y Mattin Sarasola, comparezca ante el tribunal para ofrecer su testimonio. Tanto Portu como Sarasola no podrán seguir el juicio en la sala hasta ese instante, algo que sí podrán hacer después. Luego llegará el turno del personal médico y del vecino de Arrasate que presenció la detención en la localidad guipuzcoana.

Tras casi una década, este será el primer juicio que se celebre en el Estado español por una denuncia de torturas. Las querellas que han puesto personas detenidas durante este tiempo no han tenido base probatoria suficiente como para que las instancias judiciales hayan decidido seguir adelante con ellas.

Por eso, la abogada de la acusación, Amaia Izko, no cree que "los elementos que existen sobre la mesa durante los últimos años permitan ninguna confianza en términos generales". Aun así, prefiere ser cauta: "Ni debo ni quiero adelantar la actuación de este tribunal concreto". Por esta razón, reconoce "mantener una confianza" porque hay "elementos más que contundentes respecto de las torturas infligidas". Así, Izko confía en que el juicio de los quince guardias civiles "no sea un pequeño atisbo, sino una puerta por la que vengan más procedimientos por torturas y se aclare lo que sucede en comisarías y cuartelillos".

Cuestionada por cómo la acusación particular compuesta por Sarasola y Portu afronta la vista oral, Izko aspira a que "el desarrollo del juicio termine con una sentencia condenatoria de un delito de torturas". Además, espera obtener "un resultado positivo" para que esto "sirva para que la realidad se haga presente y desaparezca de alguna manera".

La abogada de Portu y Sarasola apunta a cuál es "el origen del problema" y que, según ella, habría que erradicar inmediatamente: "La incomunicación de los detenidos por delitos de terrorismo y el modo sistemático con el que se utiliza la tortura".