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LOS primeros detalles sobre el caso Faisán saltaron a la luz pública en octubre de 2008, cuando el juez Baltasar Garzón imputó a 24 personas por su presunta vinculación a una red de extorsión de ETA, cuya base de operaciones habría sido un bar, el Faisán, en la localidad de Irun. Año y medio después, el PP revive hoy en el Parlamento Vasco un tema especialmente difícil para sus socios de gobierno, los socialistas, dada la implicación directa de uno de sus dirigentes, Víctor García Hidalgo, con el caso.

El debate, hasta la fecha, ha estado más focalizado en Madrid, donde el PP lo ha convertido en su caballo de batalla para acusar al PSOE de tratar de ocultar lo que sucedió por intereses partidistas. Según el auto del juez, todavía sumido parcialmente en secreto de sumario, el bar Faisán habría servido de centro para la gestión del cobro de extorsiones de ETA a empresarios en diversos períodos entre marzo de 2005 y 2006. Durante la investigación judicial, se intervino una conversación telefónica del dueño del mencionado establecimiento, Joseba Elosua, quien en su coche revelaba a su yerno, Carmelo Luquin (también detenido), cómo una persona le habría alertado de que se iba a producir una redada para desmantelar la red de extorsión. Era el 4 de mayo de 2006.

Según se recoge en el auto judicial, en esa conversación Elosua explicaba a su familiar cómo una persona desconocida -y que no se ha logrado identificar todavía- le aborda esa misma mañana y le facilita un teléfono móvil. En el otro lado, alguien que se presenta como "madero" le traslada datos "específicos y sensibles" de la investigación, lo que hace suponer que se trata de una "persona cercana" al caso. Un supuesto chivatazo que se habría producido mes y medio después de que ETA declarase la tregua de 2006 y que el desconocido habría justificado ante Elosua para "no fastidiar todo el proceso".

Hasta octubre de 2009, se acumula la declaración como testigos de 47 personas que tenían móviles que operaron ese día en la zona del bar Faisán, así como de otros once policías relacionados con la investigación con el objetivo de identificar al autor del chivatazo. También se intervino el teléfono de varios policías y, aquí, aparece el nombre y la imputación del socialista Víctor García Hidalgo, entonces director general de la Policía Nacional, cuerpo encargado del desarrollo de la operación policial. Garzón mostró a Elosua un centenar de fotografías de agentes de la Comisaría General de Información y de diferentes unidades provinciales e incluso se efectuaron análisis sobre los cruces de llamadas sobre la zona del bar Faisán. Todo sin éxito.

Ante la ausencia de identificación de esa persona que habría alertado a Elosua de la redada en su bar, hace cinco meses la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó al magistrado el sobreseimiento provisional del caso, a fin de que se pueda reabrir de aparecer nuevas pruebas. La polémica está servida desde entonces y el caso acumula cada vez mayores cotas de protagonismo y de distanciamiento entre populares y socialistas en el Estado. Sin embargo, hasta ahora el espinoso asunto ha pasado de refilón por Euskadi, prácticamente sólo mencionado por el PP para atacar al secretario general del PSE de Araba, Txarli Prieto, por su apoyo expreso a García Hidalgo y dadas las tensas relaciones que existen ya de por sí con este dirigente en el territorio. Desde su asiento de parlamentario, Prieto y el resto de socialistas verán qué dicen sus socios hoy durante el debate.