Uno de los efectos colaterales de la errática deriva que viene siguiendo desde que accedió al cargo el actual Presidente de los EE.UU. es la polémica surgida recientemente en torno a la XXV Enmienda de la Constitución, que prevé la eventual sustitución del presidente norteamericano en el supuesto de que se declare su incapacidad para seguir ejerciendo el cargo. Se trata de un tema que resulta insólito y que no había tenido cabida en el debate político y constitucional norteamericano en los últimos tiempos pero que ha aparecido ahora, por primera vez desde que hace casi sesenta años (1967) fue aprobada esta enmienda constitucional. También hay que decir que no puede resultar extraño que surjan polémicas insólitas como ésta ante situaciones no menos insólitas como las que se vienen sucediendo de forma recurrente en el curso del actual mandato presidencial, que nada indica que no vayan a seguir reproduciéndose.
Bien es cierto que esta insólita polémica ha tenido, por ahora, una incidencia muy limitada y que no puede decirse que ocupe un lugar relevante en el debate político en EE.UU.; pero el solo hecho de su planteamiento no deja de ser significativo y, asimismo, indicativo de la anómala situación en la que se desenvuelve el proceso político en los EE.UU. de Trump. Conviene aclarar, antes de seguir, que esta enmienda constitucional, que de forma tan inesperada como extraña ha sido recuperada ahora como un elemento mas en la controversia política de este atípico periodo trumpista, no tiene nada que ver con el impeachment propio del constitucionalismo norteamericano (art. 2, sec.4), mediante el que se procede a la destitución del Presidente por haber cometido un delito o por haber tenido una actuación indigna de la condición presidencial.
En el caso de la enmienda constitucional (XXV) que nos ocupa, la cuestión que se plantea no es la destitución del Presidente por su actividad delictiva o indigna sino su sustitución como consecuencia de la incapacidad para seguir ejerciendo el cargo, bien sea por accidente, enfermedad o desvarío mental; en cuyo caso y de acuerdo con el procedimiento regulado en la propia enmienda se procederá a la sustitución del Presidente por el Vicepresidente. Es una eventualidad que se planteó tras el asesinato del Presidente J.F. Kennedy (1963), con el fin de prever constitucionalmente la posibilidad de que el Presidente en vez de fallecer, como ocurrió en el caso de Kennedy, quede incapacitado para poder seguir ejerciendo el cargo presidencial. Situación que dio origen a la aprobación de la XXV enmienda (1967), que no tiene nada que ver con la que se da en el momento actual con los problemas que plantea la deriva que viene siguiendo la política americana bajo la presidencia de Trump.
No parece que por mucho que la Constitución de EE.UU. prevea la posibilidad de sustitución del Presidente por incapacidad para ejercer el cargo y de que este tema haya sido objeto de ocasional referencia mediática recientemente, tal eventualidad vaya a materializarse efectivamente en el caso de la actual presidencia de Trump. No hay ningún indicio que permita sostener que en el seno del equipo presidencial de Trump exista movimiento alguno encaminado a la sustitución del Presidente; lo que requeriría, de acuerdo con el procedimiento contemplado en texto de la XXV Enmienda, que el Vicepresidnte J.D.Vance tomase la iniciativa, con el respaldo de la mayoría del ejecutivo, para iniciar el procedimiento de sustitución, que finalmente tendría que ser ratificado por una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes y en el Senado; proceso cuyas posibilidades de llevarse a cabo son prácticamente nulas.
Hay que añadir, además, que en el hipotético caso de que llegase a hacerse realidad el remedio podría ser peor que la enfermedad, como nos previene el dicho popular ante el recurso a remedios que no remedian nada. En efecto, de acuerdo con el texto de la enmienda constitucional que nos ocupa, el sustituto del Presidente Trump sería el Vicepresidente J.D. Vance, que a juzgar por las posiciones que ha venido manteniendo desde que ocupa el cargo no parece que pueda suponer cambio alguno en la orientación seguida por la Casa Blanca hasta ahora. Mas bien, por el contrario, supondría probablemente una reafirmación de la misma e incluso una radicalización, nada descartable, de las posiciones mantenidas con el fin de demostrar ante las bases trumpistas que no solo no se abandona el ideario MAGA que las aglutina sino que se afianza su reforzamiento.
Es preciso hacer una referencia al equipo presidencial instalado en la Casa Blanca porque la deriva trumpista que viene siguiendo la política norteamericana últimamente no se explica solamente por la imprevisible personalidad del Presidente Donald Trump, que sin duda es el principal protagonista del permanente show que anima la vida política americana (y también la internacional dada su proyección fuera de las fronteras estadounidenses). Pero no puede olvidarse asimismo a los miembros del equipo presidencial, empezando por el Vicepresidente J.D. Vance, aspirante a sucesor y cuyas posiciones con respecto a Europa, expresadas abiertamente en sus visitas europeas, no pueden ser mas inquietantes para los europeos; continuando con algunos de los miembros mas destacados del ejecutivo como es el caso de Pete Hegseth, Secretario de Guerra, cuya primera medida fue rebautizar a su Departamento con la nueva denominación de ‘guerra’ en sustitución de ‘defensa’, lo que no deja de ser ilustrativo como lo son sus continuas declaraciones sobre los conflictos bélicos en curso, todos ellos desencadenados con su participación directa; o también el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., un declarado antivacunas que no pierde ocasión para manifestar las ideas mas peregrinas sobre como hacer frente a los problemas sanitarios.
No es posible encontrar en la historia reciente norteamericana un elenco de personajes tan desconcertantes y extraños como los que están instalados en el ejecutivo presidencial desde que Donald Trump accedió por segunda vez a la Casa Blanca; lo que no solo resulta grotesco sino que además, y sobre todo, altamente peligroso en las relaciones políticas, tanto en el ámbito interno como en el internacional. Las situaciones conflictivas a las que aboca la política exterior desarrollada hasta ahora tienen en el momento actual su expresión mas crítica en relación con Irán y el Oriente Medio pero han sido una constante durante todo el periodo trumpista –Groenlandia, Canadá, Venezuela, Cuba…– la política arancelaria, que está rompiendo de forma unilateral todas las reglas que regulaban las relaciones comerciales hasta la fecha y, asimismo, el empeño en dinamitar el entramado institucional multilateral que establecía el marco de las relaciones internacionales.
En el ámbito de la política interna, cabe mencionar, entre otras, la política (anti)migratoria llevada a cabo a través de la reconversión del Servicio de inmigración y aduanas (ICE) con la única finalidad de la expulsión de la población migrante, convertida súbitamente en chivo expiatorio de los problemas domésticos; en abierta contradicción, además, con la propia historia de los EE.UU., país fruto como ningún otro de sucesivas olas migratorias. Es una muestra más, aunque particularmente significativa en este caso dados los antecedentes históricos, del proceso de deterioro que vienen experimentando las instituciones políticas de EE.UU. como consecuencia de la imprevisible deriva trumpista que, por incomprensible que parezca, viene rigiendo últimamente la política estadounidense.
Resulta muy difícil prever cuál puede ser la trayectoria que vaya a seguir la política norteamericana próximamente, sobre todo, teniendo en cuenta el imprevisible comportamiento de quienes hoy ocupan la Casa Blanca. Sí puede afirmarse, en cualquier caso, que un factor decisivo para reorientar el caótico y desconcertante rumbo presidencial de Trump y su equipo sería la reacción de los otros poderes clásicos del Estado –legislativo y judicial– cuya acción sería determinante para poder neutralizar los efectos mas perturbadores. Con mayor razón aun en un país como EE.UU., que tiene la patente del sistema de checks and balances (frenos y contrapesos) como forma de equilibrar las relaciones entre los poderes del Estado. Podría servir, al menos, como instrumento para tratar de frenar y de reequilibrar la deriva trumpista, que en este ultimo periodo viene marcando la trayectoria política de EE.UU.
Profesor
