Quisiera manifestar un previo. No tengo ningún prejuicio en contra de los sindicatos. Al contrario. Largos son los años de mi afiliación activa en ELA. De tierno infante en casa, en tiempos muy oscuros para la libertad, democracia, el autogobierno, Euskadi, la cultura vasca y el euskera en particular los sindicatos eran motivo de profundo respeto. Aita Inosen y tíos míos Benito, Gerardo y León militaron sindicalmente en tiempos muy difíciles en ELA-STV (y EAJ-PNV), de hecho fueron gudaris en batallones donde tenían gran presencia activa, como el Batallón Saseta. Y aitona Fortunato Bujanda algo tuvo que ver en el nacimiento y surgimiento de ELA-STV en Donostia. No tengo pues ningún resquemor sindical.

Pero, dicho lo dicho, el próximo 17 de Marzo martes, alguien bien-mal pensado podría preguntarse: ¿primera huelga general en diferido contra este Gobierno Vasco? Aunque no contra este Gobierno tan sólo, sino que respondiendo a su ser de sindicatos nacionalistas también han convocado esta huelga en Navarra y al Gobierno de Navarra consecuentemente. La huelga es un derecho incuestionable, pero intentar paralizar un país con una reivindicación salarial legítima ella pero aderezada por un cóctel de agravios genéricos, como si no existiese un marco legal de derechos y libertades, no es proporcionado, ni responde a los intereses de la mayoría social. Son muchas las perspectivas, varios los ángulos, muchos los intereses legítimos desde los que se puede abordar y reflexionar sobre los salarios a percibir. Estas líneas pretenden humildemente hacerlo desde la serena reflexión responsable. Los salarios y cantidades a recibir son uno de los temas centrales en la agenda de cualquier gobierno que se precia, una cuestión vital para cualquier sociedad. Y toda intervención en un ámbito tan sensible implica, estimo, el máximo consenso y acuerdo posible de las fuerzas políticas y agentes sociales y empresariales con el objetivo de alcanzar un proyecto salarial que debe ser de larga duración y que asegure fundamentalmente estabilidad a las familias en general y a la ciudadanía en particular, también a la vasca. No es un tema trivial, estamos abordando algo fundamental y básico de la sociedad como es un seguro de futuro. Los cimientos de la convivencia ciudadana, del progreso e incluso de la propia democracia están formados, sin duda, por el poder adquisitivo del que nos dotamos acordando y consensuando. Los sectores más sensibles y más jóvenes y la precariedad en grandes sectores de la sociedad nos interpelan.

Se impone el acuerdo y consenso necesarios posibles de conseguir con la participación de todos los elementos concernidos en el hecho salarial con diálogo, debate, generosidad y amplitud de miras. Nadie sobra en el empeño por una sociedad más igualitaria y menos fracturada. Mirada larga y no arma política cortoplacista. Cuestión seria, porque una sociedad que no apueste por la cohesión lo pagará caro en el futuro. Debe ser compartido que los salarios entre otras cuestiones son parte del motor de la sociedad y que no que pueden estar sujetas a intereses partidistas. Soy de los que pienso que motivados por las actuales circunstancias socioeconómicas de nuestra sociedad y de nuestro alto coste de vida, más elevado que el del conjunto del Estado español sería lógico plantarse un SMI específica para esta tierra vasca de 1.500 euros frente a los 1.221 euros aprobados recientemente en el Estado español. Pero el núcleo de la cuestión no depende del Gobierno Vasco ni del Navarro, pertenece al ámbito del Estatuto de los Trabajadores concretamente en su artículo 27, es decir es competencia del Estado, repito no del Gobierno Vasco, ni del Navarro, sí del español.

De hecho a finales del mes de enero los sindicatos nacionalistas de Euskadi, Catalunya, Galicia, Islas Baleares y Valencia, (ELA, LAB, Steilas, Etxalde, Hiru, Intersindical Valenciana y Catalana, CIG e IAC), se acercaron, con tono bajo y alto cortesianismo muy alejados de los tonos de por aquí, a la Villa y Corte con la intención de unir sus fuerzas en la presión a los diferentes partidos políticos, y al propio Ministerio de Trabajo, para que cada comunidad autónoma tenga capacidad normativa a la hora de fijar su Salario Mínimo Interprofesional con independencia del convenio colectivo en aplicación y que el SIM establecido en la comunidad autónoma deberá ser siempre superior al SIM establecido por el Estado en cómputo anual y mensual. Y que para establecer este SIM autonómico se basará en las mismas directrices que el estatal, es decir, el IPC, la productividad media, la coyuntura económica, la renta, o el coste real de vida, pero de cada comunidad autónoma concreta. Habría que hacer constar que cualquier cambio en la legislación vigente para que se procediera el mencionado cambio en el Estatuto de Trabajadores tendría que pasar por la aprobación en el Congreso de Diputados, con todo lo que ello supondría dada la correlación de fuerzas en el Congreso español.

La parlamentaria de EHBildu Nerea Kortajarena interpeló el 4 de febrero en el Parlamento Vasco sobre esta cuestión al vicelehendakari Mikel Torres. Pero en fin, por qué no presionar con sus respectivos grupos de diputados y senadores de EHBildu directamente en Madrid, en el Congreso y Senado, a iniciativa proactiva suya, dadas sus muy engrasadas relaciones con y en la Villa y Corte, haciendo la correspondiente y previa cocina para modificar el Estatuto de Trabajadores a beneficio de las CCAA que considerasen necesario subir el SIM en sus correspondientes ámbitos competenciales? Hablaba de que la interpelación presentada y formulada por EHBildu en sede parlamentaria vasca, sobre un SIM específico para Euskadi y sobre la necesidad de decidirlo “aquí” se concreta en lo que podríamos intuir como querer plantear y apoyar la primera huelga general contra el Gobierno del lehendakari Imanol Pradales, convocada por los mencionados ELA y LAB y otros. Ciertamente estas y otras centrales sindicales como Steilas, Hiru y Etxalde han convocado una huelga general para el próximo 17 de marzo no compartida ni por UGT ni CCOO, sindicatos que se oponen a la territorialización del SIM y que abogan por fijar el mismo para todo el Estado no haciendo distinción entre CCAA. Quizás, tan sólo quizás, demuestra que quienes la impulsan no quieren un acuerdo sobre un salario mínimo propio para Euskadi, sino que su último objetivo oculto es la huelga general contra este Gobierno Vasco. Lo repito la fijación de un SIM por ley es una competencia del Estado, por lo que generar expectativas irreales sobre una capacidad normativa que no se ajusta al marco competencial no ayuda, en mi opinión, a una reflexión serena al respecto ni a mejorar las condiciones de vida de la “gente”.

Estimo que es imprescindible reflexionar sobre la decisión adoptada sobre este asunto por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) presidida por Garbiñe Biurrun desestimando la demanda de ELA y LAB contra el rechazo de Confebask a constituir una mesa para tratar de negociar una acuerdo interprofesional con el fin de fijar un salario mínimo para los trabajadores de Euskadi. Insisto, la huelga general convocada para el 17 de marzo sería la primera en esta primera legislatura del lehendakari Imanol Pradales y su Gobierno. Hay que recordar la anterior se desarrolló el 12 de 2024 con Iñigo Urkullu al frente de Ajuria Enea y a las puertas de las elecciones autonómicas, un lehendakari Iñigo Urkullu que conoció una fuerte escala de conflictividad laboral con los sindicatos ejerciendo de contrapoder.

No es suficiente tan sólo con tener, o creer tener, la razón, se necesita algo más, se necesitan herramientas e itinerarios que puedan concretar esa verdad. Y si es preciso lo diré, no tengo absolutamente nada que ver con Confebask y menos, obvio, con la CEOE del Sr. Garamendi. Me da que las reivindicaciones de UGT-COO desfilan por el lado más laboral-sindical, mientras el discurrir de ELA-LAB, y otros, sería, también legítimo pero eminentemente político sabiendo que sus reivindicaciones, también y obviamente legítimas también, se presentan en un foro parlamentario no competente, pero que les hace quedar en sus correspondientes espacios políticos de una manera cómplice, sí, pero inútil, también.

Pero hay más, se han sumado al llamamiento del 17-M otros mensajes genéricos que abarcan desde la denuncia del patriarcado hasta el racismo y “actitudes fascistas”. Y así esta amalgama convierte la jornada en un cóctel reivindicativo sin foco claro, más próximo a una manifestación simbólica que a una estrategia efectiva para el diálogo social. Es lícito y legítimo convocar huelgas, políticas, laborales, sectoriales o globales y totales. Pero en este caso: no en mi nombre, no. Y todo en muy diferido. No nos confundamos de adversarios, ni de enemigos. Ni confundamos ambos conceptos. Y espero que todo vaya lo mejor posible el 17-M.