Cuando unas circunstancias complejas se simplifican de forma maniquea, la realidad se desvirtúa hasta hacerla irreconocible. Los problemas complejos deben ser abordados con minuciosidad, nunca con el reduccionismo de lo que se pretende sea blanco o negro. Convertir lo prolijo en, supuestamente, algo sencillo es la fórmula más corta y directa de practicar la demagogia y el populismo. Un mal que, de un tiempo a esta parte, ocupa todo el escenario político que nos rodea, tanto en el ámbito general del Estado como en el marco nacional de Euskadi.
Desconfiar de quien lo ve todo en blanco y negro, sin escala de grises, y de quien da soluciones fáciles a problemas complejos, es una actitud prudente e inteligente.
En el Estado, esta misma semana hemos sido testigos de un ejemplo palmario de este tipo de manipulación de la realidad. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se había empeñado en llevar al primer pleno del Congreso de los Diputados su proyecto de ley de reducción de la jornada laboral. Para ella, la iniciativa legislativa era algo más que un marco regulatorio de la duración del tiempo de trabajo: era un símbolo ideológico. Una especie de patente de marca, un carné identificativo del progresismo político. De ahí su empecinamiento en presentar un borrador legislativo ante el Parlamento. Otros países de nuestro entorno europeo –la mayoría– no tienen definida la duración de la jornada laboral mediante ley, sino que reservan tal concepto a la negociación colectiva y a los convenios suscritos por los agentes sociales (patronal y sindicatos). Solo Francia y Bélgica lo tienen regulado por normativa legislativa.
Siendo esto así, la ministra de Sumar tenía igualmente la legitimidad democrática de optar por esta otra vía; si bien, para hacerlo, debería haber cuidado un poco más los consensos previos con las formaciones políticas que sustentan al Gobierno, para que el proyecto en cuestión prosperara y no decayera a las primeras de cambio. Debería haber sido consciente de que, para aprobar cualquier ley, la exigua mayoría gubernamental necesitaría de la complicidad de todo el abanico de partidos que apoyaron la investidura e hicieron de Sánchez presidente y, por ende, de ella vicepresidenta de su Gobierno. Pero el tiempo, la soberbia, el ego o la autosuficiencia le hicieron obviar tal cuestión, básica para la estabilidad de su Ejecutivo.
Tal laguna hace entender, a posteriori, el recelo mostrado por el Partido Socialista ante las “prisas” y la obcecación de someter el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a votación en una estrategia de “todo o nada”.
Yolanda Díaz y Sumar, en competición permanente con Podemos para ganarse el liderazgo de la “izquierda”, sabían de antemano las reticencias que varias formaciones políticas tenían sobre el contenido de la norma que pretendían aprobar.
Conocían que aplicar la nueva temporalidad como “tabla rasa” a todo el espectro empresarial generaba problemas en sectores particulares (pymes, autónomos, etc.), para los que reducir el horario de sus empleados podría generar gastos inasumibles para sus proyectos. Por esa razón, varias formaciones habían pedido al ministerio de Trabajo hacer un esfuerzo para delimitar ámbitos, afecciones y excepciones a su proyecto de ley. Cambios en el borrador que podrían asumirse en una negociación sincera y real en el proceso parlamentario de la presentación de enmiendas parciales.
Algo de esto había trasladado a la ministra el PNV, partido que, sin negarse a la tramitación del proyecto de ley –pues su contenido podría ser “una oportunidad para mejorar la calidad de vida, fomentar la salud laboral y avanzar hacia un modelo más sostenible y productivo”–, creía necesario introducir en el mismo “ámbitos de consenso” que posibilitaran “abordar la reducción de jornada sin dejar a nadie atrás: ni a las trabajadoras ni trabajadores que reclaman mejores condiciones, ni al sector empresarial que también forma parte de la ecuación”. El PNV, y lo digo antes de que alguien afirme lo contrario y se convierta en una fake news repetida como un mantra, votó en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de ley. Es decir, que sus cinco diputados/as se posicionaron a favor de la reducción de la jornada laboral por ley.
Además, hay que tener en cuenta que en Euskadi muchos convenios han fijado ya en 37 horas y media la jornada laboral, siendo de 35 horas la correspondiente al sector público.
De forma similar se expresaron los catalanes de Junts, quienes habían advertido del riesgo de presentar proyectos de ley sin acuerdo ni negociación previa. “El Gobierno –había señalado previamente al pleno parlamentario Miriam Nogueras– conocía nuestra posición desde el primer día, pero ha cometido el error de hacer una ley que no está negociada. Hay cosas que se pueden hacer mucho mejor, porque el precio de esta reforma general lo pagarán los de siempre: el comercio pequeño, el taller mecánico, la peluquería, los que trabajan y se esfuerzan. Nosotros defendemos al carnicero, al peluquero, y el carnicero no es el dueño de Mercadona”.
Yolanda Díaz sabía que las posiciones de unos y de otros –de vascos y catalanes– nada tenían que ver con el bloqueo y la oposición cerril de VOX y el Partido Popular. Pero el antagonismo de estos últimos, la imagen de contraposición de “progresismo” frente a la “derecha conservadora” y su pugna por el “liderato guay” de la izquierda de la izquierda motivaron más a la dirigente de Sumar que la posibilidad de dilatar el debate y buscar una aproximación, y un consenso, fundamentalmente con la representación catalana. Y así, se forzó una situación en la que las enmiendas a la totalidad se plantearon como si de un plebiscito se tratara: “Conmigo o contra mí”. Simpleza de ideas como solución de un sofisma complejo.
Con ese mar de fondo, el debate se redujo a contraponer “defensores de trabajadores” frente a “testaferros de los empresarios”. Sin matices. “Izquierda” versus “derecha”. Buenos frente a malos.
Con ese propósito de “combate ideológico”, el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral se arrojó a la papelera. La ministra Díaz, incapaz de declinar otra cosa que el “yo, me, mi, conmigo”, cometió otra torpeza más: volcó su frustración y su ira por perder la votación contra los catalanes de Junts.
Ella, tan “camarada” antaño con JxC (no olvidemos que fue ella la primera representante del Gobierno español en visitar a Puigdemont en Bruselas), descalificó como pocas veces se ha escuchado en el Congreso a la portavoz Nogueras, a quien negó representar al independentismo catalán, sino “ponerse al lado de los grandes empresarios, de quienes en España y en Catalunya se están forrando”.
Díaz, que trató a Junts con más desprecio que al PP o a VOX, para alborozo de Rufián, no se paró a reflexionar sobre las consecuencias de su bronca, olvidando que sus palabras, como dardos envenenados, iban dirigidas a un “socio” imprescindible para la estabilidad futura del Gobierno del que ella forma parte.
Díaz y su “yo, me, mi, conmigo” pusieron a Pedro Sánchez en un aprieto. Se había cargado su propia ley, pero, además, había puesto en la picota la viabilidad de las futuras leyes, de los presupuestos que Pedro Sánchez y su Ejecutivo pensara llevar en un futuro inmediato al Parlamento. Su inconsciente actuación había conseguido enojar a los dirigentes exconvergentes, y en especial al expresident Puigdemont, quien hizo saber al PSOE su malestar por las gruesas acusaciones de Yolanda Díaz a Miriam Nogueras.
De ahí el cabreo de Bolaños y María Jesús Montero con la superministra de El Ferrol.
La incógnita que queda por desvelar es saber si la “ruptura de relaciones” provocada por las acusaciones de Yolanda Díaz alejará –aún más– a los catalanes de Junts de cualquier apoyo al Gobierno de Sánchez. Recomponer la situación obligará a los socialistas a hacer ejercicios malabares y, aun así, se desconoce si los de Puigdemont se volverán a fiar de la voluntad de acuerdo de la coalición de Gobierno.
Mientras tanto, a Yolanda Díaz parece no afectarle la crisis. Ella sigue a lo suyo: yo, me, mi, conmigo.
Exmiembro del Euzkadi Buru Batzar de EAJ-PNV (2012-2025)