Entre 2007 y 2024, la Unión Europea ha destinado 155 mil millones de euros a proyectos de I+D. El 40% de dichos recursos han sido para financiar grupos de investigadores de las universidades, y algo más de la cuarta parte tanto para centros tecnológicos e institutos públicos de investigación (27%) como para empresas (26%). El resto, 7%, sobre todo, se ha orientado a investigadores de las administraciones públicas.
Los investigadores de España han captado el 8% de dichos recursos, y en este caso, la participación de las empresas (43%) y de los centros tecnológicos (37%) es mayor, a costa de los recursos captados por las universidades (26%). Estas diferencias en el tipo de organismo que recibe la financiación no supone un modelo diferente: el sector público capta la mayor parte de la financiación, y las empresas tienen un peso importante pero no decisivo.
Otro caso es Euskadi; con un 14% de los recursos captados por España, la mayor parte se ha dirigido a las empresas (59%), un 28% a los centros tecnológicos y solamente el 9% a las universidades. Una participación tan escasa de las universidades vascas no parece propio del modelo europeo de investigación, donde hay una clara asignación de la investigación básica, a los centros de investigación públicos –en su mayor parte integrados en las universidades– y una colaboración institucional de estos centros con las empresas para las actividades de desarrollo e innovación. Tampoco se parece al modelo norteamericano, caracterizado por una implicación empresarial en actividades de investigación básica, que se desarrolla en laboratorios propios y en coordinación con las universidades públicas y privadas y los centros tecnológicos públicos. Más bien se parece al modelo japonés, donde la universidad cumple casi exclusivamente funciones de formación, mientras que la investigación tanto básica como aplicada se desarrolla en los laboratorios públicos y sobre todo en los centros de investigación asociados a las grandes corporaciones empresariales.
Todavía no se ha desarrollado en Euskadi un debate en profundidad sobre las características institucionales que tiene y las que debería tener el modelo vasco de investigación. Pero en cualquier caso, si la práctica apunta a situar el centro del sistema en las empresas, hay una exigencia básica para su viabilidad, y es que las empresas estén empeñadas en un esfuerzo por desarrollar de forma sistemática la investigación como factor preferente de competencia.
Ente 2021 y 2024, los primeros 4 años del vigente programa Horizonte Europa, de las 1.183 participaciones de agentes vascos en proyectos de investigación europeos, 643 corresponden a empresas, que recibieron 320 millones de euros de dicho programa, frente a los 43 de las universidades. ¿Es acaso un ejemplo del compromiso con la I+D de las empresas vascas que se indica?
Parece dudoso, si nos atenemos a otros datos: solo 8 empresas vascas aparecen en alguna ocasión en la lista, que publica la UE desde 2004, de las empresas europeas que destinan más de 5 millones de euros a gastos de investigación y desarrollo (Arteche, CAF, Faes Farma, Fagor, Gestamp, Iberdrola, Sener, Siemens-Gamesa, y las navarras Azkoyen y Viscofan). En 2023, las 800 empresas europeas que aparecen en el listado dedicaron 248 mil millones de euros a investigación y desarrollo (más de 300 millones de media); las 5 empresas vascas del listado, apenas 508 millones (100 millones de media).
Lo cierto es que las empresas vascas tienen en general la misma alergia de las empresas españolas a utilizar los recursos propios para realizar actividades de investigación, que se sigue considerando como un gasto y no como una inversión. En muchos casos, la participación en programas de investigación europeos, españoles o vascos, es vista como una ayuda para mejorar la cuenta de resultados cuando no es vista como una actividad publicitaria más que de contribución a la innovación.
Habría que pensar por tanto si es sensato poner todos los huevos de la I+D vasca en la articulación entre empresas y centros tecnológicos, dejando de lado el rol central, social como económico, que siempre ha cumplido la universidad vasca en las últimas décadas.
En Euskadi, el 56% de la población en edad de trabajar tiene estudios superiores, siendo el porcentaje más elevado de España –le sigue Madrid con un 50%–, y supera la media española en 15 puntos. El mayor nivel de formación de la población contribuye a una mejor calidad democrática de las instituciones y facilita una ganancia de productividad mayor y más dinámica.
Pero antes de la Gran Recesión de 2009, más del 30% de los jóvenes vascos en ese rango de edad alcanzaban los estudios superiores; en los años 2022-23, el porcentaje ha caído casi un punto y medio, en estos momentos hay menos proporción de población vasca entre 18 y 28 años estudiando en universidades que en La Rioja, Nafarroa, Castilla y León, Madrid o Catalunya, lo que, no siendo muy significativo, si apunta a un cambio de tendencia que permite pensar que en la próxima década la ventaja que tiene todavía la fuerza laboral vasca, con más de la mitad de la población con estudios superiores, se perderá ante el incremento de la formación superior de la población joven en otras comunidades autónomas.
En un contexto general de infrafinanciación –en 2019 España solo dedica recursos públicos a financiar sus universidades por un valor equivalente a 1,8% del PIB, frente a una media de la UE del 2,4%–, la financiación a disposición de la universidad vasca ha venido deteriorándose en términos comparativos: entre 2008 y 2021, la financiación autonómica de la universidad pública vasca ha aumentado solo un 5,3%, frente al 20% de la correspondiente en Nafarroa, 17,6% en la Rioja o 15,6% en Castilla y León –entre las comunidades autónomas limítrofes, solo Cantabria muestra un peor comportamiento en este indicador.
En el mismo periodo, la importancia de los fondos públicos autonómicos en la financiación total de las universidades públicas se ha reducido un 2,7%, en Euskadi, una caída solo superada en Madrid y Cataluña, donde la proliferación de universidades privadas apoyadas por los gobiernos autonómicos –con recursos detraídos del apoyo a las universidades públicas– se ha convertido en la principal seña de identidad de la “vía catalana” y del “modelo Madrid”. Es cierto que la financiación autonómica por alumno sigue siendo de las más elevadas del Estado, pero se sitúa por detrás de la financiación por alumno que aportan a sus universidades públicas los gobiernos de La Rioja, Cantabria o Nafarroa.
Pese a todo, la UPV/EHU es la séptima universidad española por volumen de producción científica (por detrás de la Universidad de Barcelona, la Complutense, las Autónomas de Madrid y Barcelona, la Universidad de Valencia y la Universidad de Granada) y en captación de proyectos europeos en el periodo 2012-2021 (por detrás de las cuatro universidades públicas de Barcelona, y las Politécnicas de Madrid y de Valencia). Es la segunda universidad del estado, tras la Politécnica de Madrid, en creación de empresas spin-off, es decir, empresas creadas para convertir en mercancías comercializables los resultados de los proyectos de investigación. Aportar los recursos necesarios para reforzar el papel de la universidad vasca en la investigación aplicada y en su articulación con el tejido productivo no es una opción: es una necesidad para renovar un sistema con síntomas de agotamiento, y es un componente de la política de innovación todavía por estrenar. l
Profesor titular de Economía Política en UPV/EHU
