Afirmaba Andreotti que gobernaba sobre lo que con fineza denominaba caos creativo, sobre un triángulo sobre los propios miembros de su coalición de gobierno que le hostigaban, sobre la oposición que le hostigaba con más fiereza y sobre los jueces que, conocedores que se había besado con Toto Riina, jefe de la mafia siciliana, y que le perseguían con más fiereza aún.
Quien tiene que comparecer ante los jueces es ahora el rey honorífico Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, en virtud de la querella criminal que en el ejercicio de la Acción Popular le han presentado un grupo de jueces jubilados, fiscales e intelectuales del prestigio de Martín Pallin, Jiménez Villarejo, Josep Ramoneda, Joaquín Urias y así hasta quince firmantes.
La querella se presenta por estimar que existen delitos contra la Hacienda Pública que vulneran el Código Penal y los principios de igualdad y de solidaridad, además de obligaciones legales y éticas exigibles especialmente a aquellas personas que ostentan cargos públicos de relevancia constitucional. Se funda la querella en la aplicación indebida del artículo 305.4 del Código Penal relativo a la regularización de las situaciones tributarias.
No es la primera vez que la administración de Justicia actúa contra el rey honorífico. El 5 de noviembre de 2020, la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, acordó la apertura de las Diligencias de Investigación n.º 40/2020 que traen causa de una investigación llevada a cabo por la fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada por delitos cometidos utilizando personas jurídicas, en este caso fundaciones (Zagatka y Lucum) con sedes en Liechtenstein y en Suiza.
Las defraudaciones tributarias que se denuncian entre los ejercicios 2014 y 2018 ascienden a las siguientes cantidades: año 2014, 390.641,15€; año 2015, 947.961,35€; año 2016, 585.779,27€; año 2017, 1.377.447,24€; año 2018, 242.750,01€. En conclusión, se han cometido cinco delitos contra la Hacienda Pública.
Afirman los querellantes que nos encontramos con cinco delitos penados por el 305 bis del Código Penal, por exceder la defraudación en 600.000 euros, por haber utilizado personas físicas y jurídicas interpuestas, paraísos fiscales y fundamentalmente por no considerarse regularizada la situación.
El rey honorífico no ha realizado el completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación e investigación o antes de que el ministerio fiscal o el juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento de la iniciación de diligencias.
En este caso la regularización se produce después de haber recibido dos notificaciones de la Fiscalía advirtiéndole de que se habían iniciado unas diligencias de Investigación: la primera, mediante escrito de 24 de junio de 2020, comunicando la incoación por Decreto de 18 de junio de 2020 de las diligencias de Investigación número 17/2020; la segunda, por escrito de 6 de noviembre de 2020. Se observa que la primera regularización se realiza a los siete meses de la primera notificación y después de un mes de la segunda notificación, es decir cuando ya se tenía constancia de la existencia de las Diligencias de Investigación incoadas por la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Estas operaciones se pudieron hacer con la estimable colaboración de su primo Álvaro de Orleans-Borbón que constituyó en Vaduz (Principado de Liechtenstein) la fundación Zagatka, cuyo objeto social, declarado en el art. 5 de sus Estatutos, era la inversión y gestión de bienes inmuebles de todo tipo, la tenencia de participaciones y otros derechos, así como la ejecución de actividades comerciales y relaciones, además de realizar aportaciones a los beneficiarios designados por el Consejo de la Fundación. En el año 2006 se modificó el reglamento de dicha fundación, incluyendo a D. Juan Carlos de Borbón y Borbón como tercer beneficiario de los fondos.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo a la hora de determinar cuándo una regularización es insuficiente o ilegal lo hace en virtud del siguiente criterio: el legislador quiere fomentar mediante ese instrumento (antes excusa absolutoria; ahora, tras su remodelación en 2012, de naturaleza controvertida) la regularización espontánea. El contribuyente poco escrupuloso se vería invitado a defraudar en la confianza de que, si su maniobra es detectada, mantendrá la posibilidad de eludir la pena abonando lo adeudado cuando la citación que le alerta de ello no ha sido lo suficientemente precisa. El conocimiento suficiente si se cita al supuesto responsable y el acusado es notificado, entonces se produce el bloqueo automático de la regularización.
La conclusión final es que el ministerio fiscal, cuando comunica a un investigado la apertura de unas diligencias de investigación en la que existen datos de actividades irregulares con relevancia jurídica cuya concreción corresponde a la Agencia Tributaria, se incurre en el delito.
Vivimos en una sociedad sometida a tensiones permanentes. La ansiedad de algún partido por hacerse con el poder le lleva a considerar que las declaraciones de un delincuente como Víctor de Aldama se convierten en verdades absolutas, a pesar de no haber aportado una sola prueba de su veracidad y de haber implicado a la mitad del gobierno del Estado.
A veces, las cosas se explican de otra manera, cosas como la vertiginosa celeridad con la que se le ha puesto en libertad a esta persona. El fiscal actuante, Luis Pastor, fue asesor del gobierno del PP; su abogado, José Antonio Choclán, antiguo magistrado de la Audiencia Nacional que provocó la inhabilitación del juez Baltasar Garzón contra el criterio del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Por si lo anterior fuera poco, hace dos semanas la sección tercera de la Audiencia Nacional negó la libertad de Aldama.
El contexto político actual es obvio que requiere una regeneración ética, otra forma de hacer política porque si no es así, la desafección ciudadana se generaliza, la gente pasa de política y se deja el campo libre a toda suerte de conspiranoicos, fascistas, negacionistas de toda condición que pueden terminar gobernando, obsérvese el nuevo presidente de los Estados Unidos y el gobierno que ha compuesto.
Jurista
