eN un mundo cada vez más globalizado e interconectado, en el cual la economía del conocimiento ocupa un lugar central en razón de una competencia generalizada y de una necesidad de diferenciación basada en la innovación y la calidad, la enseñanza superior, que alude tanto a la formación como a la investigación, reviste una importancia creciente. Esto conduce las principales metrópolis así como los territorios menos poblados a invertir en esta materia, conscientes de que resulta vital para su capacidad a producir conocimiento y a garantizar una mejor conexión entre las Universidades, los laboratorios de investigación, los centros tecnológicos y las empresas. Si el País Vasco norte no es ninguna excepción en esta materia, lo hace de manera original a través de una gobernanza propia.
Lo cierto es que la competencia de la política universitaria e investigadora corresponde ampliamente al Estado, cuya historia, a la vez larga y compleja, debuta a inicios del siglo XIII con la creación de la Universidad de París y atraviesa etapas sucesivas marcadas por la Revolución francesa de 1789; las reformas llevadas a cabo a lo largo del siglo XIX y, en particular, en 1806, 1850 y 1854; los cambios realizados durante la segunda mitad del siglo XX y, singularmente, las leyes aprobadas tras el Mayo de 1968 y la llegada al poder de la izquierda en 1981; y, por último, la autonomización progresiva de las Universidades y la inserción de Francia en el sistema universitario europeo.
En semejante marco, transformado por las leyes de descentralización y las reformas territoriales sucesivas, aprobadas e implementadas en 1982-1983, 2003-2004, 2010 y 2014-2015, que otorgan competencias que van en aumento a las administraciones territoriales, los actores de Iparralde toman conciencia de la escasa presencia de la enseñanza superior en el territorio y de la necesidad de desarrollarla. De hecho, a pesar de ser la segunda área urbana de la Región Nueva Aquitania con 312.000 habitantes, solo cuenta con 6.000 estudiantes matriculados en el territorio, lo que sitúa a dicho ratio en 20 estudiantes/1.000 habitantes, muy por debajo de Pau (63), Limoges (96), La Rochelle (100), Bordeaux (101) y Poitiers (210).
En esta materia, la prospectiva País Vasco 2010, publicada en 1993 y fruto de un largo trabajo llevado a cabo de manera conjunta por los actores institucionales y sociales, ha jugado un papel clave. Esta prospectiva, que consta de un apartado diagnóstico dedicado a la situación de la enseñanza superior en el territorio, supone una toma de conciencia de los actores locales sobre las carencias del País Vasco norte en esa materia y sobre la necesidad de desarrollar la actividad universitaria e investigadora para garantizar el desarrollo del territorio durante las próximas décadas. Ese análisis exhaustivo, que incide en el carácter múltiple y poco coherente de una oferta escasa que no responde a las necesidades del territorio, pone de manifiesto los principales retos a los que se enfrenta Iparralde en el ámbito de la enseñanza superior.
A partir de entonces, los diferentes actores del País Vasco norte se ponen manos a la obra para elaborar sendos proyectos de territorio que conceden un lugar relevante a la enseñanza superior. Eso desemboca en el Esquema de Ordenación y Desarrollo del País Vasco en 1997 y en País Vasco 2020 una década más tarde, que, además de realizar unos diagnósticos de la situación, formulan una serie de propuestas susceptibles de ser objeto de acuerdos al término de largos de procesos de negociación. Todo ello da lugar a tres contratos territoriales sucesivos, tales como el Convenio Específico País Vasco 2001-2006, el Contrato Territorial País Vasco 2007-2013 y el Contrato Territorial País Vasco 2015-2020.
A ese respecto, los actores de la sociedad civil organizada reunidos en el seno del Consejo de Desarrollo del País Vasco, además de participar activamente en la elaboración de estos proyectos y contratos territoriales, efectúan contribuciones específicas centradas en la enseñanza superior, a la imagen de su contribución al Plan Cuatrienal de las Universidades de Aquitania 2007-2010. Estas contribuciones aspiran a trasladar a las instituciones las reflexiones llevadas a cabo y las demandas formuladas por los actores de la sociedad civil organizada del territorio.
Ponen de manifiesto las fortalezas a valorizar, tales como el dinamismo demográfico, el desarrollo económico, la calidad de vida o la situación transfronteriza. Esto no debe ocultar las debilidades vigentes, como pueden ser la dispersión geográfica de las sedes universitarias, una oferta poco legible, unos centros de investigación de escaso tamaño, un déficit de viviendas para los estudiantes y la ausencia de una verdadera vida universitaria. Si las amenazas, como la carestía de los alquileres o el redespliegue de las estructuras universitarias, deben ser tomadas en consideración, esto no oculta que existen oportunidades que conviene aprovechar: la creación y el posterior desarrollo de los polos de competitividad, el auge de las tecnologías de información y de la comunicación, las nuevas orientaciones de las políticas europeas y la implicación de las administraciones territoriales en el desarrollo local de la investigación y de la enseñanza universitaria.
Esto significa que la enseñanza superior del País Vasco norte debe afrontar una serie de problemáticas, empezando por la necesaria legibilidad y visibilidad de su oferta y siguiendo por la diversificación y profundización de la misma. Esto va de la mano del incremento de los estudiantes matriculados en las diferentes carreras así como de los investigadores y docentes contratados a fin de alcanzar una masa crítica suficiente capaz de crear nuevas dinámicas; la contribución creciente de la enseñanza superior al desarrollo local, gracias a las transferencias tecnológicas; y, la organización de una verdadera vida estudiantil en un campus integrado.
Precisamente, la Mancomunidad Vasca tiene como ambición “crear un verdadero territorio universitario, donde la formación y la investigación respondan, de la mejor manera posible, a las aspiraciones de la comunidad universitaria”. Su objetivo es “construir un Campus País Vasco norte multisede capaz de acoger a 10.000 estudiantes al horizonte 2025”, y posicionarse como el segundo polo formativo de ingenieros de la Región Nueva Aquitania. Para ello, ha elaborado un Esquema de Desarrollo Universitario que prevé realizar una serie de inversiones cuya finalidad es “reforzar la oferta de formación y favorecer las interacciones entre enseñanza, investigación e innovación”. A su vez, la Universidad de Pau y de los Países del Adour tiene la intención, en el marco del programa Irekia que supone una inversión de 30 millones de euros, duplicar en una década el número de estudiantes matriculados en Iparralde, lo que implica crear 35 licenciaturas, 20 másteres y 14 cátedras. l
* Profesor de Sociología Universidad del País Vasco
