De reyes, militares y jueces

Mientras no esté procesado, el rey emérito tiene derecho a la privacidad, a viajar a donde quiera y a disponer de sus ingresos legales sin dar explicaciones. En teoría. Pero no es un ciudadano cualquiera, sino alguien que reinó cuatro décadas, que vivió -su seguridad todavía depende del Ministerio del Interior- a cuenta del erario, que ha hecho correr ríos de tinta con su comportamiento y al que los medios le han destapado cuentas en paraísos fiscales. Un comportamiento que no es exclusivo del rey campechano, sino que ha sido habitual en los Borbones desde mediados del siglo XIX.

En todo Estado de derecho y democrático, las instituciones deben estar a la altura de sus funciones y al servicio de la ciudadanía que elige a sus responsables. Deben contribuir a reforzar el carácter democrático del régimen político, tener un funcionamiento transparente y sus dirigentes, un comportamiento ejemplar. Sólo así se dotan de legitimidad más allá de la que les otorga el ordenamiento jurídico-constitucional. La Constitución española (CE) establece que el Estado español es una “Monarquía parlamentaria” y reconoce al rey como jefe del Estado, “símbolo de su unidad y permanencia”, y que su persona “es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. El cargo es hereditario en los sucesores de Juan Carlos I de Borbón, “legítimo heredero de la dinastía histórica”, y “seguirá el orden regular de primogenitura y ... en el mismo grado, el varón a la mujer”. Entre sus funciones destaca el “mando supremo de las Fuerzas Armadas”.

En España, los atributos y las funciones reales van más lejos que en las monarquías parlamentarias europeas de larga tradición democrática. Lo dejó patente el discurso de Felipe VI del 3 de octubre de 2017 en respuesta a la celebración del referéndum en Catalunya. Aun admitiendo que el referéndum fuera ilegal, ¿alguien se imagina un discurso similar de Elisabeth II contra los ciudadanos escoceses o contra los partidarios del Brexit o del Remain? Además, la CE incluye incongruencias respeto a la institución de la corona que tampoco son de recibo en un Estado de derecho y democrático. A resaltar que Juan Carlos I no es el “legítimo heredero de la dinastía histórica”; si acaso lo era su padre si ignoramos que su abuelo renunció a las funciones reales al marchar al exilio. Juan Carlos I es, en todo caso, el heredero nombrado por el dictador y sancionado por las Cortes franquistas. Es un pecado original -y no precisamente venial- que ninguna Constitución puede borrar, porque el dictador había acabado por la vía militar con el gobierno legítimo de la Segunda República. En algunos países de nuestro entorno, las complicidades o veleidades reales con el fascismo terminan con la institución de la corona por vía referendaria (Italia, 1946; Grecia, 1974), aquí ¡el jefe de los fascistas nombra al rey! Además, la prevalencia masculina en la sucesión vulnera el artículo 14 de la CE y, por tanto, Felipe VI reina en detrimento de sus hermanas.

En suma, la institución no cumple con el ordenamiento jurídico-constitucional. ¿Está dotada, no obstante, de legitimidad democrática? No parece, porque al conculcar la CE no refuerza el carácter democrático del régimen político. Tampoco tiene un funcionamiento transparente, ni un comportamiento ejemplar de sus titulares. Además, mientras la crisis golpeaba a los ciudadanos, el rey emérito probablemente recibía compensaciones del reino saudí y garantizaba un futuro opulento a la Larsen. Y, claro, al rey tampoco lo elige la ciudadanía. No lo ha votado nadie. En resumen, la institución ni cumple con los requisitos constitucionales, ni responde a una legitimidad histórica, ni refuerza los contornos democráticos del Estado, ni tiene un comportamiento ejemplar y transparente, ni ha sido votada. Y, además, el rey es irresponsable.

Entonces, ¿para qué mantener una institución que no sirve? ¿Es que quizás la corona tiene otras funciones no escritas en la CE? Posiblemente, sí. Sólo así se explica que el pasado 25 de noviembre 73 altos mandos militares retirados envíen una carta al monarca para pedir poco menos que un golpe de Estado contra el actual “gobierno social-comunista que olvida el interés general y atiende sólo a intereses partidistas”. Un gobierno apoyado “por filo etarras e independentistas, [que] amenazan con la descomposición de la Unidad Nacional” al que acusan de querer “acabar con el arco de bóveda (referencia implícita al monarca) que sustenta todo el entramado de la Constitución del 78…” y de “permanentes ataques al Poder Judicial, así como los intentos de su patrimonialización, reflejados en el nombramiento del Fiscal General del Estado” y de designación “partidista de la dirección de RTVE, la espuria utilización de la Abogacía del Estado, el cambio de la legislación vigente con fines partidistas, la aportación de dinero público a diferentes medios de comunicación, el control de las redes y la normativa pertinente para… tener la opción de controlar cualquier medio de comunicación”. Es lo que en el siglo XIX se denominaba un “Pronunciamiento”. Sin respuesta de La Zarzuela. Tampoco ha tenido respuesta un manifiesto moderado, con la adhesión de 250 militares retirados, que abunda en los argumentos de la carta: el PSOE gobierna con “comunistas y el apoyo de independentistas/golpistas y proetarras” a cambio de permitir “algaradas independentistas… petición de indultos a condenados por sedición, así como conceder favores a terroristas con el consiguiente menosprecio a sus víctimas”. Y comprometen su “contribución para revertir la peligrosa deriva en que se ha situado a nuestra Patria”. La carta y el manifiesto coinciden con los postulados de Vox y han recibido el apoyo del PP por boca de Isabel Díaz Ayuso. Y son moderados porque en un chat de militares retirados no sólo se ensalza el golpe de Estado de 1936 y la dictadura de Franco, sino que un general afirma: “creo que me quedo corto fusilando a 26 millones de hijos de puta”. Los silencios reales vendrían a corroborar la impresión de Luis Gonzalo Segura, teniente expulsado del Ejército por denunciar la corrupción, las malas prácticas y la falta de transparencia dentro de las Fuerzas Armadas, de que Felipe VI mantiene o simpatiza con una línea ultraderechista.

En paralelo, un diligente Tribunal Supremo dictamina que los presos políticos catalanes se pudran en la cárcel, es decir, revoca el tercer grado y la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario concedido por el Departament de Justícia de la Generalitat tras los preceptivos informes favorables de la junta de tratamiento penitenciario y de los Jueces de Vigilancia. De ahí el tuit de Raül Romeva (Conseller de Asuntos Exteriores condenado a 12 años de cárcel): “Poco a poco este Estado se convierte en una gran cárcel, una democracia fallida que están creando ellos mismos”. Y en este contexto a quién puede extrañar que haya republicanos e independentistas, porque con estas instituciones esto no tiene remedio por mucho empeño y buena voluntad que ponga el gobierno de Pedro Sánchez, que todavía no se ha dado cuenta del golpe de Estado que está orquestando el Deep State neofranquista.

* Catedrático de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona